OPINIÓN · 15 AGOSTO, 2019 20:14

Sanciones, negociaciones y rendición de cuentas

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Ronald Balza Guanipa

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QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
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“El manejo de la deuda externa y de las demandas contra activos del Estado tiene tanta relevancia com”

Por medio de su Orden Ejecutiva del 5 de agosto, Trump prohibió exportaciones, transferencias, retiros, pagos y cualquier otro uso de la propiedad e intereses sobre la propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, y de quienes le apoyen con bienes, fondos, tecnología o de cualquier otro modo. Según su texto, esta Orden y sus predecesoras se han impuesto

“in light of the continued usurpation of power by Nicolas Maduro and persons affiliated with him, as well as human rights abuses, including arbitrary or unlawful arrest and detention of Venezuelan citizens, interference with freedom of expression, including for members of the media, and ongoing attempts to undermine Interim President Juan Guaido and the Venezuelan National Assembly’s exercise of legitimate authority in Venezuela”.

Un día después, la Casa Blanca publicó en una declaración que:

“The United States denounces the Maduro dictatorship for its continued gross abuses of human rights and repression, and will not waver in its support for the brave people of Venezuela.  They are fighting for freedom, their basic rights, and a return to democracy and the rule of law.  The Maduro dictatorship must end for Venezuela to have a stable, democratic, and prosperous future—free from the horrors of socialism that have ravaged this once great country”.

Según ambos documentos, las sanciones impuestas hasta la fecha se cuentan entre las opciones disponibles para acabar con la “dictadura”, con la “usurpación continuada del poder” ejercida por Maduro en Venezuela, salvaguardando la “asistencia humanitaria” y el alivio del “sufrimiento humano”.

¿Cuál será el efecto de las sanciones?

Las respuestas a la pregunta son múltiples. Hay quienes exigen su levantamiento, y quienes exigen su profundización. Para algunos es posible que sólo las sanciones sobre personas naturales, directa o indirectamente vinculadas con el Gobierno de Venezuela, tengan efecto sobre la negociación del poder y la consolidación o fractura de viejas o nuevas alianzas.  Hay quienes afirman que las sanciones sobre el Gobierno y sus aliados podrían preservar recursos para su uso cuando “cese la usurpación”.

Levantar las sanciones bajo una pésima administración no garantizaría mejorar las condiciones de vida de venezolanos, pero tampoco es claro que mantenerlas indefinidamente no las empeore. Se esgrimen argumentos a favor o en contra de que las sanciones agraven una crisis humanitaria que comenzó a engendrarse mucho antes, o que puedan promover un rápido cambio político, al retirar al grupo en el poder su soporte económico. Sin embargo, es poco lo que puede saberse sobre el efecto de cada sanción sin contar con información específica sobre el monto de los recursos afectados y su potencial destino.

Es bien sabido que durante los años previos a la muerte de Chávez el presupuesto subestimaba deliberadamente ingresos, inflación y tipo de cambio, y no incluía recursos manejados discrecionalmente por el Ejecutivo a través de PDVSA, Fonden y Fondos Chinos. La escasez,  contracción del producto, las migraciones cada día más desesperadas que comenzaron a registrase desde 2013 se gestaron durante los años de la abundancia, cuando  no se rindió cuenta del gasto público financiado con petróleo y deuda externa. Desde 2015, el presupuesto nacional dejó de publicarse.

Los decretos de emergencia económica y una decisión del TSJ eximieron al Ejecutivo de presentar el presupuesto y la ley de endeudamiento ante la AN, como exige la Constitución. Desde noviembre de 2017, el financiamiento monetario que el BCV concedió a PDVSA condujo a una hiperinflación que todavía padecemos, sin que sean conocidos los canales por medio de los cuales los nuevos bolívares ingresaron a la economía.

Sin haber presentado presupuestos consolidados y verificables antes y después de las sanciones, Nicolás Maduro no puede explicar cómo una presunta guerra económica causaría los cada día peores resultados de su gestión. Culpar a especuladores, mercados negros, caída en precio del petróleo, no es suficiente cuando no se rinden cuentas. Afirmar que las sanciones empeoran la crisis, sin presentar un presupuesto consolidado donde se identifiquen los canales bloqueados por ellas tampoco basta.

 

Un gobierno que heredó la nueva PDVSA, el Fonden y el Fondo Chino antes de las sanciones no puede atribuirles la falta de luz, agua y servicios públicos que sufre la población. Sin embargo, afirmar sin mayores detalles que las sanciones sólo afectan al gobierno y a sus aliados tampoco parece suficiente. En medio de una gravísima crisis económica con duras consecuencias humanitarias, discutir el destino de los recursos públicos presentes y futuros es esencial. El manejo de la deuda externa y de las demandas contra activos del Estado tiene tanta relevancia como el destino de la ayuda humanitaria, no sólo por su impacto económico y social, sino también porque hace explícita una manera de hacer política económica, y política en general.

Es difícil discutir los efectos presentes y futuros de las sanciones sin conocimiento detallado de los ingresos y gastos públicos. Según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 19 de noviembre de 2014, “el proyecto de Ley de Presupuesto será presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional antes del quince (15) de octubre de cada año.

Será acompañado de una exposición de motivos que, dentro del contexto de la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto y en consideración del acuerdo de la Asamblea Nacional a que se refiere el artículo 31 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras y para la determinación de las autorizaciones para gastos y aplicaciones financieras, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno”. No parece posible que en 2019 Nicolás Maduro cumpla con esta Ley, que lleva su firma y detalla un explícito mandato constitucional.

Juan Guaidó, presidente de la AN y presidente (e) de la República reconocido por 50 gobiernos del mundo, no encabeza un gobierno que controle todos los recursos públicos, pero tiene una oportunidad para rendir cuentas. Si la cooperación internacional, las sanciones y la renegociación de compromisos permiten acumular recursos para su uso posterior, sería muy conveniente señalar el monto atribuido a cada iniciativa específica, puesto que cada restricción sobre las acciones de PDVSA, BCV, Bandes y otros componentes del “gobierno de Venezuela” tienen consecuencias diferentes.

Del mismo modo, el destino de los recursos ya disponibles para ayuda humanitaria o servicio de deuda externa debería presentarse dentro de un marco coherente con la política económica propuesta en el Plan País. Proponer iniciativas internas, con todas las limitaciones que imponen la incertidumbre y el ocultamiento de información, sería muy deseable. Abordar puntos sensibles, como una propuesta para incrementar el precio de la gasolina, utilizar ingresos en bolívares para sustituir el financiamiento monetario del BCV a PDVSA y aumentar el pago de impuestos de la petrolera al gobierno enviaría señales dentro y fuera de Venezuela sobre un nuevo modo de manejar los recursos públicos.

Es necesario insistir en que un cambio de gobierno y un posterior levantamiento de las sanciones no bastarán para superar la crisis económica y humanitaria de Venezuela. Sancionar para negociar nuevas condiciones de ocupación del poder sin anticipar sobre qué y cómo se ejercería es insuficiente para generar confianza y tranquilidad. La transparencia en el manejo de los recursos públicos, informando su origen y sometiendo a discusión y contraloría su uso, haría muy evidente una radical diferencia entre quienes creen en la importancia de las cuentas claras y quienes no.

 

* * *

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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“in light of the continued usurpation of power by Nicolas Maduro and persons affiliated with him, as well as human rights abuses, including arbitrary or unlawful arrest and detention of Venezuelan citizens, interference with freedom of expression, including for members of the media, and ongoing attempts to undermine Interim President Juan Guaido and the Venezuelan National Assembly’s exercise of legitimate authority in Venezuela”.

Un día después, la Casa Blanca publicó en una declaración que:

“The United States denounces the Maduro dictatorship for its continued gross abuses of human rights and repression, and will not waver in its support for the brave people of Venezuela.  They are fighting for freedom, their basic rights, and a return to democracy and the rule of law.  The Maduro dictatorship must end for Venezuela to have a stable, democratic, and prosperous future—free from the horrors of socialism that have ravaged this once great country”.

Según ambos documentos, las sanciones impuestas hasta la fecha se cuentan entre las opciones disponibles para acabar con la “dictadura”, con la “usurpación continuada del poder” ejercida por Maduro en Venezuela, salvaguardando la “asistencia humanitaria” y el alivio del “sufrimiento humano”.

¿Cuál será el efecto de las sanciones?

Las respuestas a la pregunta son múltiples. Hay quienes exigen su levantamiento, y quienes exigen su profundización. Para algunos es posible que sólo las sanciones sobre personas naturales, directa o indirectamente vinculadas con el Gobierno de Venezuela, tengan efecto sobre la negociación del poder y la consolidación o fractura de viejas o nuevas alianzas.  Hay quienes afirman que las sanciones sobre el Gobierno y sus aliados podrían preservar recursos para su uso cuando “cese la usurpación”.

Levantar las sanciones bajo una pésima administración no garantizaría mejorar las condiciones de vida de venezolanos, pero tampoco es claro que mantenerlas indefinidamente no las empeore. Se esgrimen argumentos a favor o en contra de que las sanciones agraven una crisis humanitaria que comenzó a engendrarse mucho antes, o que puedan promover un rápido cambio político, al retirar al grupo en el poder su soporte económico. Sin embargo, es poco lo que puede saberse sobre el efecto de cada sanción sin contar con información específica sobre el monto de los recursos afectados y su potencial destino.

Es bien sabido que durante los años previos a la muerte de Chávez el presupuesto subestimaba deliberadamente ingresos, inflación y tipo de cambio, y no incluía recursos manejados discrecionalmente por el Ejecutivo a través de PDVSA, Fonden y Fondos Chinos. La escasez,  contracción del producto, las migraciones cada día más desesperadas que comenzaron a registrase desde 2013 se gestaron durante los años de la abundancia, cuando  no se rindió cuenta del gasto público financiado con petróleo y deuda externa. Desde 2015, el presupuesto nacional dejó de publicarse.

Los decretos de emergencia económica y una decisión del TSJ eximieron al Ejecutivo de presentar el presupuesto y la ley de endeudamiento ante la AN, como exige la Constitución. Desde noviembre de 2017, el financiamiento monetario que el BCV concedió a PDVSA condujo a una hiperinflación que todavía padecemos, sin que sean conocidos los canales por medio de los cuales los nuevos bolívares ingresaron a la economía.

Sin haber presentado presupuestos consolidados y verificables antes y después de las sanciones, Nicolás Maduro no puede explicar cómo una presunta guerra económica causaría los cada día peores resultados de su gestión. Culpar a especuladores, mercados negros, caída en precio del petróleo, no es suficiente cuando no se rinden cuentas. Afirmar que las sanciones empeoran la crisis, sin presentar un presupuesto consolidado donde se identifiquen los canales bloqueados por ellas tampoco basta.

 

Un gobierno que heredó la nueva PDVSA, el Fonden y el Fondo Chino antes de las sanciones no puede atribuirles la falta de luz, agua y servicios públicos que sufre la población. Sin embargo, afirmar sin mayores detalles que las sanciones sólo afectan al gobierno y a sus aliados tampoco parece suficiente. En medio de una gravísima crisis económica con duras consecuencias humanitarias, discutir el destino de los recursos públicos presentes y futuros es esencial. El manejo de la deuda externa y de las demandas contra activos del Estado tiene tanta relevancia como el destino de la ayuda humanitaria, no sólo por su impacto económico y social, sino también porque hace explícita una manera de hacer política económica, y política en general.

Es difícil discutir los efectos presentes y futuros de las sanciones sin conocimiento detallado de los ingresos y gastos públicos. Según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 19 de noviembre de 2014, “el proyecto de Ley de Presupuesto será presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional antes del quince (15) de octubre de cada año.

Será acompañado de una exposición de motivos que, dentro del contexto de la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto y en consideración del acuerdo de la Asamblea Nacional a que se refiere el artículo 31 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, exprese los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones adicionales relativas a la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras y para la determinación de las autorizaciones para gastos y aplicaciones financieras, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno”. No parece posible que en 2019 Nicolás Maduro cumpla con esta Ley, que lleva su firma y detalla un explícito mandato constitucional.

Juan Guaidó, presidente de la AN y presidente (e) de la República reconocido por 50 gobiernos del mundo, no encabeza un gobierno que controle todos los recursos públicos, pero tiene una oportunidad para rendir cuentas. Si la cooperación internacional, las sanciones y la renegociación de compromisos permiten acumular recursos para su uso posterior, sería muy conveniente señalar el monto atribuido a cada iniciativa específica, puesto que cada restricción sobre las acciones de PDVSA, BCV, Bandes y otros componentes del “gobierno de Venezuela” tienen consecuencias diferentes.

Del mismo modo, el destino de los recursos ya disponibles para ayuda humanitaria o servicio de deuda externa debería presentarse dentro de un marco coherente con la política económica propuesta en el Plan País. Proponer iniciativas internas, con todas las limitaciones que imponen la incertidumbre y el ocultamiento de información, sería muy deseable. Abordar puntos sensibles, como una propuesta para incrementar el precio de la gasolina, utilizar ingresos en bolívares para sustituir el financiamiento monetario del BCV a PDVSA y aumentar el pago de impuestos de la petrolera al gobierno enviaría señales dentro y fuera de Venezuela sobre un nuevo modo de manejar los recursos públicos.

Es necesario insistir en que un cambio de gobierno y un posterior levantamiento de las sanciones no bastarán para superar la crisis económica y humanitaria de Venezuela. Sancionar para negociar nuevas condiciones de ocupación del poder sin anticipar sobre qué y cómo se ejercería es insuficiente para generar confianza y tranquilidad. La transparencia en el manejo de los recursos públicos, informando su origen y sometiendo a discusión y contraloría su uso, haría muy evidente una radical diferencia entre quienes creen en la importancia de las cuentas claras y quienes no.

 

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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La Ruta Verde