Este año ha sido muy duro para todos los que vivimos en Venezuela. Los altos dirigentes del PSUV y el Polo Patriótico que están en el gobierno tienen mucho dinero, no hacen colas para comprar alimentos y consiguen medicinas pero han perdido el apoyo popular, lo que puede convertirse en cualquier momento en la pérdida del poder. La victoria contundente que logró la MUD al lograr 112 diputados en las elecciones del 6D de 2015 puso en alerta al gobierno. Es probable que cualquier elección que se realice de aquí en adelante pierda de forma escandalosa, desde un consejo comunal, pasando por las elecciones de gobernadores, referéndum revocatorio hasta la elección de un nuevo presidente. Por esta razón no quieren elecciones.
Por otra parte, la oposición articulada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y con un poder político legítimo que se materializa en la Asamblea Nacional, goza de mayor apoyo del pueblo que desea un cambio de rumbo en un país. Sin embargo, la MUD no ha podido avanzar satisfactoriamente en el Referéndum Revocatorio como una salida constitucional y democrática que produzca el inicio del cambio tan anhelado por los ciudadanos. Desde los poderes públicos controlados por el PSUV se ha colocado una serie de obstáculos para evitar el Referéndum Revocatorio, para no convocar elecciones de gobernadores, y además, desconocer y anular mediante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la Asamblea Nacional.
Asimismo, el gobierno sabe que la crisis se profundiza: la escasez de alimentos y medicinas va en aumento, la inflación vuelve sal y agua el salario, no hay puestos de trabajo, la inseguridad y las enfermedades diezman la población, los jóvenes y profesionales que pueden irse del país se aventuran a nuevos destinos lejos de su hogar, la clase media desaparece; en fin, Venezuela vive una tragedia que se agudiza día a día.
Pero, en lugar de buscar soluciones el gobierno opta por un mayor control social por medio de los CLAPS manejados por el PSUV, y profundiza la persecución política a los dirigentes de los diferentes factores sociales y políticos que se le oponen.
Todo parece indicar que una de las formas para encontrar salida a esta crisis general es diálogo entre el gobierno y la oposición que posibilite, en un lapso de tiempo bien definido, lograr acuerdos que permitan la recuperación de la confianza en el país y la democratización de las instituciones del Estado venezolano lo cual garantice el equilibrio del ejercicio del poder y el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, el gobierno debe dar muestras de diálogo reconociendo la legitimidad de la Asamblea Nacional, no obstaculizando desde los poderes que controla la realización del Referéndum Revocatorio en el 2016 y las Elecciones de Gobernadores.
Sin embargo el gobierno, al igual que hace 13 años en la Mesa de Negociación y Acuerdo (2002-2003), solo busca ganar tiempo para mejorar su popularidad y diferir la realización de la consulta electoral hasta el momento en que las condiciones sean absolutamente propicias. Mientras tanto, no reconoce como interlocutor ningún actor social, económico o político que no sea afecto al PSUV.
Por su parte, la oposición agrupada en la MUD aunque hacia adentro ha encontrado una manera inteligente de funcionar, evidencia en sus acciones diferencias prácticamente irreconciliables entre sus miembros. Por otro lado falta de una postura ideológica y un liderazgo compartido, aunque hay que reconocer que esto suele caracterizar a las fuerzas de oposición en todo país que atraviesa revoluciones o cambios acelerados en su sistema político.
En este sentido, la MUD debe dar señales de amplitud y democracia en su funcionamiento para aglutinar a los diferentes sectores que forman parte de la lucha democrática, ya que los líderes que sólo apuestan todo por el poder político es difícil que, a la par, resuelvan los problemas económicos y sociales.
En conclusión el Referéndum Revocatorio y el Diálogo parecieran ser las dos vías presentes hasta ahora en el escenario para comenzar a salir de la grave situación que vive Venezuela. Aun cuando se cambie el gobierno el diálogo sigue siendo necesario para lograr una Asamblea cumpliendo su papel, un CNE equilibrado, un TSJ ajustado a los principios jurídicos y unas Fuerzas Armadas no beligerantes, además de comenzar a generar confianza y seguridad jurídica y personal para la reactivación de la economía.
Finalmente, el diálogo debe tener una agenda, y por la grave situación del país unos lapsos bien definidos enmarcados en las disposiciones constitucionales. El Vaticano tiene la disposición y puede contribuir a la construcción de las condiciones para el diálogo y la “peacebuilding”.