OPINIÓN · 23 NOVIEMBRE, 2016 00:14

¿Quién se levantará primero de la Mesa de Diálogo?

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Aimé Nogal M. | @anogal

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Es prudente preguntarse si la próxima movida es levantar el diálogo. De ser así, ¿quién se levantará primero la MUD o el Ejecutivo? ¿Quién le dará la cara al Vaticano que ha advertido sobre los riesgos de una guerra civil? Y ¿cuáles serían los costos políticos que deberá asumir quien decida parar el intercambio?

Tras haberse comprometido con el Ejecutivo a combatir el “sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana”, en el comunicado divulgado por el enviado especial del Vaticano monseñor Claudio Celli,  la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en el parlamento acordó el martes 15 una moción para desaprobar el Decreto N° 2.548, de fecha 13 de noviembre de 2016, mediante el cual el Ejecutivo prorrogó por 60 días más, el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, por quinta vez en 2016. Las intervenciones de algunos parlamentarios de la MUD se centraban en el carácter “inconstitucional” de la medida adoptada por el Presidente Nicolás Maduro.

Por su parte la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su decisión N° 948 del 15 de noviembre de 2016, se declaró competente para conocer la acción ejercida por el Procurador General de la República, destinada a impedir las actuaciones de la Asamblea Nacional, específicamente en lo referente al acto parlamentario denominado «Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación».

En dicha decisión judicial se ratifica la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones procedentes de la Asamblea Nacional, al tiempo que prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos. Está visto que no parecen concordar las acciones con los compromisos asumidos en la mencionada Mesa de Diálogo.

Planteadas las primeras interrogantes, conviene señalar que la Mesa de la Unidad tiene enormes retos que enfrentar, entre ellos el tiempo en contra, luego de que algunos de sus voceros prometieran que el Referendo Revocatorio se realizaría en 2016.

También la asedia una creciente ola en la opinión pública que reclama resultados concretos de ese “time out” que la dirigencia opositora le otorgó al Gobierno Nacional con la posibilidad de pasar las Navidades en “paz”; la visible incapacidad de resolver puertas adentro las diferencias -que deben existir dentro de los movimientos democráticos-, y un recato asombroso, que la lleva a actuar como minoría a pesar de los resultados de las parlamentarias del 6D de 2015.

Por los momentos, no parece haber algún incentivo que obligue al Ejecutivo a cooperar en el cumplimiento de los acuerdos, al haber logrado impedir, aunque sea de forma momentánea, la presión de gobiernos de la región para activar la cláusula democrática de la OEA/Mercosur, mejorar su imagen ante gobiernos extranjeros al mostrarse dispuesto a escuchar a la otra parte, y desmovilizar la agenda opositora.

Veremos si la dirigencia de la MUD es capaz de crear las condiciones para “obligar” al Gobierno a cumplir alguna de sus exigencias.

Foto: Telesur

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Por su parte la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su decisión N° 948 del 15 de noviembre de 2016, se declaró competente para conocer la acción ejercida por el Procurador General de la República, destinada a impedir las actuaciones de la Asamblea Nacional, específicamente en lo referente al acto parlamentario denominado «Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación».

En dicha decisión judicial se ratifica la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones procedentes de la Asamblea Nacional, al tiempo que prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos. Está visto que no parecen concordar las acciones con los compromisos asumidos en la mencionada Mesa de Diálogo.

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Por los momentos, no parece haber algún incentivo que obligue al Ejecutivo a cooperar en el cumplimiento de los acuerdos, al haber logrado impedir, aunque sea de forma momentánea, la presión de gobiernos de la región para activar la cláusula democrática de la OEA/Mercosur, mejorar su imagen ante gobiernos extranjeros al mostrarse dispuesto a escuchar a la otra parte, y desmovilizar la agenda opositora.

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