Al menos 3 adolescentes han sido asesinados y 77 detenidos en el marco de las protestas generadas en el contexto de las manifestaciones por el 23 de Enero. El reporte del Foro Penal el 30 de Enero (8:00 am) indica que 51 de los adolescentes continúan privados de libertad.
Efecto Cocuyo da cuenta de los adolescentes aprehendidos como parte de la ola represiva: “Un punto reiterativo en las denuncias de las ONG que trabajan con los derechos de los presos políticos es la privativa de libertad de menores de 18 años. En Zulia, Aragua, Yaracuy, Monagas y Distrito Capital hay varios tribunales que olvidaron que solo después de los 14 años un adolescente puede ser procesado penalmente”.
La Red por los Derechos Humanos de los Niños, NIñas y Adolescentes de la que Cecodap forma parte denunció: “Están ocurriendo detenciones arbitrarias de niños, niñas y adolescentes en sus propias comunidades e incluso en sus hogares, sin cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en concordancia con la normativa y procedimientos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Se ha constatado así mismo que no solo se les presenta a juicio y se les priva de libertad sin garantizar su derecho a defensa y al debido proceso… Las autoridades judiciales que así actúan deberían ser inmediatamente acusadas por la comisión de delitos tipificados en el capítulo relativo a infracciones y delitos del Título tercero de la LOPNNA”.
¿Por qué el ensañamiento con los adolescentes?
Ediluh Guédez Ochoa, difundió un video en las redes sociales donde se identifica como la Juez de Responsabilidad Penal del Adolescente del estado Yaracuy que privó de libertad a un grupo de adolescentes en la entidad. En la grabación manifiesta haber actuado bajo presión y amenazas de la Presidenta del Circuito Judicial, del Gobernador y funcionarios policiales. Deja constancia que legalmente no procedían las imputaciones ni la privación de libertad. Deja constancia del uso de la justicia como brazo de persecución a la disidencia.
En el caso de las manifestaciones de este año se puede apreciar el uso de un grupo comando (FAES) que no está preparado para el control de orden público, el uso de armas largas, se ha procedido a realizar detenciones allanando viviendas sin orden judicial, la tortura y los malos tratos legitimados como modo de actuación…
Cuando se realizaron protestas en 2014 y 2017, en la mayoría de los casos, los adolescentes no fueron presentados ante tribunales. Muchos eran liberados después de unas horas.
Este año, de una vez están siendo presentados con cargos de consideración como terrorismo, agavillamiento y resistencia a la autoridad. A todos se les imputan los mismos delitos e incluso las organizaciones de derechos humanos advierten que los jueces están endureciendo las medidas solicitadas por la fiscalía.
Familiares y testigos señalan que varios de los adolescentes ni siquiera fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones sino en sectores aledaños. Hay una estrategia evidente de generar castigos ejemplarizantes y desestimular la participación de adolescentes criminalizando y estigmatizando a quienes lo hacen equiparándolos con “malandros, vándalos y desadaptados” En otros casos, se ha convertido en una forma de presionar a las familias para que no sigan protestando.
Les ha tocado lo peor de la crisis
Se insiste en generar una matriz de que los adolescentes que manifiestan son expresión de un grupo altamente manipulable desconociendo lo que desde la Redhnna hemos advertido: “Los adolescentes que protestan, son el reflejo de la profunda emergencia humanitaria que hemos venido denunciando desde 2016. Atender su voz y sus demandas y garantizar su seguridad es deber de las instituciones del Estado y de las autoridades que las representan, con competencia y atribuciones para garantizar esas exigencias legítimas”.
Son los adolescentes uno de los grupos etarios más expuestos ante la crisis que vive el país. Han vivido la “expropiación” de sus expectativas de vida y sueños. Son las principales víctimas de la inseguridad y violencia, no prosecución escolar, desempleo, embarazo en un país que la única alternativa que les ofrece es probar suerte en otro país.
Familiares de estos sectores populares han expresado la voluntad de que sus hijos adolescentes puedan migrar para no ser víctimas por las amenazas que han recibido por parte de funcionarios y miembros de grupos civiles armados. Basta ya, los adolescentes lo que requieren es atención y no represión.
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