La historia de Venezuela está asediada de chantajes, extorsiones y sobornos. Estos delitos cargados de un crudo sectarismo, resentimiento y hechos de exclusión, robaron la historia de la nación. Las pautas de odio que, como órdenes, emanan de un Ejecutivo Nacional acusado de usurpación y de tantas transgresiones que hicieron del Estado venezolano un “Estado forajido”, se convirtieron en eficaces criterios de gobierno.

El asesinato de la democracia venezolana o de lo que, como sistema político alcanzó a ser, fue objetivo político y militar que determinó la ruta que el régimen actual, de manera solapada, trazó en forjados planes.

El régimen venezolano -durante casi 23 años de (des)gobierno- sembró la intolerancia necesaria, mediante la cual se alimentó la sed de poder que infundió desvergüenza y tantos males más. Sobre todo, a quienes sin conciencia alguna se plegaron al grupo de depredadores que, desde distintas posiciones de gobierno, desmantelan a placer cuanta institución todavía respiraba aires libertarios.

Esos personajes, encubiertos en artificios que disimulan la corrupción que practican, y siguiendo el guion de un proyecto ideológico inspirado en ortodoxos mecanismos sociales buscan igualar por debajo al venezolano. Para eso, es menester aplastar cualquier concepto que exalte la educación como razón de desarrollo social, escalada cultural y crecimiento económico.

Por tanto, ha sido necesario que esos gobernantes puedan valerse de cuanto engaño sea posible. De cualquier artificio que allane toda situación de sólida resistencia estructural que constituya, en sus criterios, una seria amenaza a la impudicia que sirve como bandera a la corriente política del llamado “socialismo del siglo XXI”.

Disparatar la autonomía universitaria o enredar sus implicaciones por causas de reveses mas políticos que administrativos, es una aberración de injustificada razón. Y precisamente, es lo que está afectando el discurrir de la Universidad autónoma nacional. Particularmente, de la Universidad Central de Venezuela. Con ello, se ha deshonrado el valor institucional que simboliza el concepto y praxis de la autonomía universitaria. Habida cuenta de lo que explaya la Constitución de la República en su artículo 109.

Haberse sancionado la autonomía universitaria como “principio y jerarquía” que permite a la Universidad darse “(…) sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio (…)”, es actuar a modo propio en torno a la conservación y aumento del saber. Y garantizar tan noble objetivo, pasa por el hecho de proceder con conocimiento de causa en la dirección de tan honrado compromiso. Y dicho propósito, sólo puede y debe ser conducido por universitarios de consciencia académica. Por académicos con sentido de responsabilidad social.

Otra explicación del mismo problema

En otras palabras, es defender el concepto y vida de la Universidad autónoma lo cual sólo puede ser entendido y atendido al margen de líneas emanadas por ideología política o partido político alguno.

Su cometido no debe estar a las órdenes de un gobernante. Ni tampoco, la Universidad debe estar sometida por coyunturas que favorezcan situación política de alguna índole. Menos aún, con la intención de proporcionar lo que circunstancias políticas exijan a través de voceros políticos.

Por lo contrario. Que todo sea en aras del progreso de la sociedad a la que suscribe sus intereses académicos, su enriquecimiento y elevación material y espiritual.

Si la Universidad se presta a manejos sumarios o parciales, apegados a una demanda en particular, la dirección de la vida superior del país, caería en manos de facciones políticas o armadas sin que puedan medirse y evitarse sus consecuencias.

La dinámica política que viene prevaleciendo en Venezuela ha sido por causa de un régimen político que poco o nada comprende del imperio de la ley sobre el gobierno de los hombres. Pero que tampoco tiene idea de lo que implica el respeto como valor humano. Y mucho menos, de lo que significa la promoción de las libertades como fundamento de la construcción de la institucionalidad del Estado, así como de la ecuanimidad que debe darse entre el Estado y la ciudadanía.

Además, bajo la ignorancia que dio forma a la brecha de la democracia despojada de sus virtudes, se alojó la pillería de gobernantes que, azuzados por la revancha que acusa su proyecto ideológico de gobierno, se empeñaron en derruir la autonomía universitaria. Así que, para lograrlo, apuestan a tácticas marrulleras basadas en extorsión o chantaje sea posible.

Para eso, a cambio de promesas desnaturalizadas y con la inercia que le provee recursos del erario manejados sin discreción alguna, estos gobernantes imponen extremas condiciones a fuerza de intimidaciones de toda especie. Sus maniobras se articulan en chantajes que terminan ganando (por trampa selectiva) el recurrente juego de poder puesto en práctica.

Fue así como el régimen prescribió la resolución que violenta la autonomía universitaria, indistintamente de las condiciones operativas reinantes. De esa forma dispuso de cuanto pudo para ocupar el recinto de la Universidad Central de Venezuela con la primera excusa que pudo inventar. En consecuencia, acometió el obeso programa de “recuperación y remozamiento de los espacios y edificios universitarios”. Fue el engaño perfecto del cual se valió el régimen para llegar hasta donde ha podido. Mas no, a donde ha querido.

Se ha colocado por encima de la naturaleza y del espíritu académico para pronunciar las ofensas que agravian la institución. Y difaman sobre la realidad vivida por la UCV. Cualquiera pudiera equivocadamente pensar que todo lo que la propaganda del régimen ha lanzado a los cuatro vientos, es el accionar de un proyecto de corte público. De impecable labor y que refleja la necesidad de un cambio obligado por las circunstancias.

Pero nada es así. Todo es una vulgar marramuncia que apesta a violación de lo que consagra la Constitución al otorgarle el reconocimiento a la Universidad autónoma como “punta de lanza” del desarrollo nacional.

Todo lo experimentado en medio del fragor de una Universidad violentada en su condición autonómica, responde a la concepción de la política como instrumento de poder. Y que ha perfilado al país, según el libreto de un modelo de “Estado forajido” en todas sus expresiones.

Ha sido tan grueso el hecho vivido, que la situación vista devino en un problema de alcance nacional. Consistió en un chantaje preparado con toda la vileza posible. Y de ello fue objeto la Casa que vence las sombras: la Universidad autónoma. Pero, que, por desgracia, ha sido como la mácula que profanó la autonomía universitaria.

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