OPINIÓN · 22 FEBRERO, 2022 05:45

La limitada transparencia en el uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe

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Keymer Ávila

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El uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado constituye parte de la agenda prioritaria para varios países de la región. Desde 2018 surgió la iniciativa del Monitor de Uso de la Fuerza Letal (MUFL) que actualmente agrupa a seis Universidades y cuatro centros de investigación de ocho países (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela). En este espacio se han construido indicadores y metodologías comunes para poder medir, analizar y comprender el uso y abuso de la fuerza letal en perspectiva comparada, con miras a la búsqueda de evidencias que sirvan de insumo para la prevención de abusos, así como una mayor seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios. En 2019 publicamos su primer informe

En este artículo les presento un resumen de los principales resultados del segundo análisis regional, publicado hace unas semanas, que elaboramos en conjunto con colegas investigadores y académicos del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Forúm Brasileiro de Segurança Pública, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Fundación Ideas para la Paz, Servicio Social Pasionista, The University of the West Indies, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE.

Hay una dificultad para encontrar información de calidad que permitiera hacer la comparación de todos los indicadores acordados. Los casos de Chile, Venezuela y México fueron los de mayor opacidad respecto a las cifras oficiales. Todo ello  evidencia una falta de transparencia de algunos Estados de la región en relación a este tema.

Según la información oficial disponible, la incidencia de muertes de civiles es extremadamente elevada en Venezuela, seguida por Jamaica y Trinidad y Tobago. En el país, el número absoluto de muertes por el Estado es incluso superior al de Brasil, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. Su tasa de civiles muertos supera los 16,6 por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios en la mayoría de los países del mundo. Jamaica, por su parte, presenta una tasa de 5 civiles muertos por el Estado durante 2018, y Trinidad y Tobago 3,6. Sólo Colombia y México registran valores inferiores a 1, pero sus datos no son confiables. Chile ni siquiera aportó información para hacer esta comparación.

En relación con los agentes del Estado víctimas de homicidio en ejercicio de sus funciones, el panorama es diferente. México es el país con mayor número absoluto de víctimas (210) y la segunda tasa por cada 1.000 agentes más alta (0,59), la primera (0,87) la tiene Trinidad y Tobago. El tercer lugar lo ocupa Venezuela (0,3 c/u). Aunque en este último caso la fuente era la prensa.

Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los países estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde más de un tercio de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado. Le siguen de lejos Jamaica (9,6%), Trinidad y Tobago (9,29%), Brasil (9,10%) y El Salvador (6,4%). Debe tenerse en cuenta que 10% es el límite máximo y todo lo que esté por encima está asociado a excesos en el uso de la fuerza. Sólo Colombia y México revelan valores reducidos (1,5%), lo que genera dudas sobre la fiabilidad de sus datos.  

La razón entre civiles y agentes públicos muertos alcanza valores alarmantes en Brasil, donde mueren 114 civiles por cada agente fallecido. En Jamaica, el valor es inferior, pero aún muy alto: 86 civiles por cada agente fallecido, le sigue El Salvador con 39. Venezuela tiene valores muy elevados (40) para este indicador, pero en este caso la fuente proviene de las noticias, por lo que habría que considerar un subregistro importante.

El cálculo del índice de letalidad (relación entre heridos y fallecidos) alcanzó unos niveles alarmantes en Venezuela: 59,7 fallecidos por cada civil herido, aunque en este caso la fuente proviene de la prensa, que tiende a sobreestimar este indicador. Lamentablemente no se contó con su información oficial. En contraste, El Salvador sí contó con datos oficiales y encabeza con 2,6, seguido de México con 2,3 y Trinidad y Tobago con 1,59.Todos con límites superiores a uno, que es lo aceptable.

La razón de letalidades entre los civiles y los funcionarios, presentó problemas parecidos. Según la sistematización de noticias El Salvador se encuentra en el peor lugar (103,3), seguido de Venezuela (43,7). Esto significaría que la letalidad provocada por los agentes del Estado es 100 veces superior a la generada por sus opositores en El Salvador y más de 40 veces superior en el caso de Venezuela. Es decir, los indicadores señalarían que no existe un riesgo proporcional al uso de la fuerza letal. En los datos oficiales, El Salvador sigue estando a la cabeza (7,18), seguido de Trinidad y Tobago (3,18) y México (2,72), todos por encima de 1 que sería el límite superior aceptable.

Data incompleta

En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones. La primera es la limitada transparencia en lo que atañe al uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe, por lo que hay una necesidad de exigir la divulgación regular de los datos relevantes que permitan realizar un monitoreo específico sobre estos casos. La segunda es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios países de la región. Venezuela se ubica en la posición más dramática, seguida de Jamaica, Trinidad & Tobago, Brasil y El Salvador. Todos los países analizados exceden los límites aceptables en por lo menos uno de los indicadores de abuso de la fuerza, incluyendo a Chile, Colombia y México, cuyas informaciones fueron en ocasiones inexistentes, incompletas o poco confiables. Es urgente, por tanto, que los gobiernos y la sociedad civil busquen modificar este grave escenario.

Al igual que en 2019, nuevamente los casos de México y Colombia destacan por la inexistencia (en el primer caso) o poca confiabilidad de sus datos oficiales (en el segundo), que no reflejan la realidad, ni las magnitudes de lo que sucede en estos países. Además, los contextos bélicos, así como la existencia de grupos armados de diversa naturaleza -formales e informales, legales o ilegales; que en ocasiones se confunden y funden entre sí- amerita que el análisis sea mucho más complejo, ya que se dificulta la construcción del dato y la obtención de información más precisa, como para poder tener una panorámica más clara de la situación del uso de la fuerza letal en ambos casos. De contar con información de mejor calidad, posiblemente las brechas que se muestran en el informe entre estos dos países y el caso venezolano serían menores.

Puede consultar el informe regional aquí

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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