A partir de la experiencia histórica de Chile y Perú durante los ochenta y los noventa, Virginia Guzmán en su libro “Género en el Estado. Estado del Género”, hace una reconstrucción del devenir histórico reciente en cuanto a la influencia de la perspectiva de género en la reconfiguración institucional del Estado y sus relaciones, a través de una perspectiva donde el aparato gubernamental luce como protagonista de múltiples y reiterativas formas de inequidad y desigualdad.
La lectura, aunque se refiere a una época y una subregión específica, es bastante ejemplificadora -y me atrevería a decir aleccionadoramente optimista- sobre la manera en la que las mujeres organizadas y el resto de la sociedad ha venido transformando su visión sobre la problemática de género y han abordado diferentes propuestas para concretar cambios positivos que alteren la causalidad involucrada en los problemas de inequidad por género.
El reconocimiento público de la igualdad de género como componente fundamental de la equidad general y el impacto institucional de las luchas sociales a partir del género son parte considerable de los cambios suscitados en la segunda mitad del siglo XX, logrando que los movimientos de mujeres en América Latina ganaran en legitimidad y notoriedad.
Las principales limitaciones de estos cambios guardan relación con la adaptación del Estado a una interpretación sectorial del problema: la mujer como “área” de desempeño-problema-organización en la política pública, que luego es comparada con múltiples otras problemáticas desdibujándose así su impacto y potencial para contribuir a mejores diseños de políticas pro-equidad. Esta concepción llevó a muchos gobiernos a crear ministerios, departamentos, centros de estudios, despachos de “la mujer”, lo cual a mi modo de ver enfatizó la exclusión como tema apartado del resto de los problemas típicos de gestión.
La autora nos invita, sobre todo a los gestores de lo público, a reconocer la necesidad del planteamiento transversal en las políticas públicas, sin dejar de considerar la dirección femenina y los organismos de coordinación como posibles ayudas, pero sobre todo a advertir la necesidad de interlocución al ampliarse el espectro de actores involucrados y al considerar a la mujer y sus organizaciones, como protagonistas de los diseños y sus ejecuciones.
Hacia un cambio pro-equidad de género
Como estoy bastante consustanciada con los procesos de reforma institucional (fui responsable de un organismo de modernización del Estado a finales de los noventa), me sorprendió que no me hubiese percatado antes de las potencialidades positivas de abordar la reforma institucional con enfoque de género. Ni siquiera había considerado el tema de los indicadores y ahora creo que es determinante por aquello de considerar un modelo explicativo, al menos en términos socio económicos y, por tanto, trasegar con esta lupa violeta todo el espectro de inequidad, desigualdad, pobreza, discriminación, etc.
Me duele un poco no haber estado más involucrada en el enfoque de género, más preparada para abordarlo y no haber coordinado, aunque fuese de manera intuitiva, más iniciativas que tuviesen como eje a la mujer en nuestro plan de reformas. Lo cierto es que me identifiqué mucho con el tipo de problemas que enfrentan los gobernantes que quieren hacer cambios y lo extraordinariamente difícil que resulta lograr resultados.
De algún modo concluí al leer a Guzmán, que lo que ella ve como problema de agenda, coordinación o implementación es, en realidad, un problema sistémico general de los procesos de gobierno y no uno especialmente derivado del cambio pro-equidad de género.
Sin embargo, me gustó la capacidad de hacer una revisión crítica sin demasiada pasión y la forma como ofrece rutas estratégicas que pudiesen servir de guía o inspiración a directivos y directivas para revisar sus propias políticas de reforma institucional.
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