La mayoría de la población, sea chavista o de oposición, cree que la Constitución Bolivariana de 1999 fue un regalo del presidente Chávez, sin recordar que el anhelo por la democratización de la democracia y la inclusión de los excluidos ya venía gestándose desde fines de los años setenta cuando el movimiento ciudadano de clase media y el movimiento popular de base enarbolaron las banderas por la ampliación de los derechos cívicos y políticos y por nuevos derechos socio-económicos, de género, ambientales e indígenas entre muchos otros.
En la década de los años noventa, y frente a la desesperante lentitud del Congreso Nacional para aprobar la Reforma del Estado propuesta la década anterior por Acción Democrática como una salida a la crisis política y de legitimidad del pacto de Punto Fijo, la sociedad civil, encarnada en los movimientos ciudadano y popular, tomó el protagonismo de la calles para demandar mayor participación, su reconocimiento constitucional como sujeto político y la inclusión de los nuevos derechos que representaban y defendían.
En 1998, dentro del contexto de grave crisis económica y política, el entonces candidato a la presidencia de la República, Hugo Chávez, después de reunirse con algunos de estos movimientos sociales, pidió prestada su agenda de demandas para incorporarla en su programa político-electoral. Las organizaciones de derechos humanos, indígenas y ambientalistas entre otras aprovecharon esta oportunidad estratégica para entregarle su larga lista sobre los derechos largamente soñados y por los cuales venían luchando desde hacía casi treinta años.
Una vez que ganó la presidencia de la República, y consciente que su programa electoral requería de un nuevo estado, el presidente Chávez convocó a la Asamblea Constituyente de 1999 donde se gestó la Constitución Bolivariana. Después de un primer impasse con las instancias jurídicas pertinentes (debemos recordar que también Chávez hizo un primer intento por convocar unilateralmente y así imponer el proceso constituyente de 1999), esta fue sometida a consulta popular.
Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, entre cuyos miembros se contaban varios representantes de los movimientos sociales, se dio una dinámica participativa donde se convocó a la ciudadanía por una multiplicidad de medios para que presentara las propuestas que serían debatidas por los constituyentes en las diferentes comisiones que se crearon. El propio presidente Chávez contribuyó con una propuesta de constitución completa la cual reflejaba, casi textualmente, su programa político-electoral y, por lo tanto, llevaba incorporadas las propuestas y demandas de los movimientos sociales por la democracia participativa y por la inclusión.
Desde el inicio de la ANC, las organizaciones y los movimientos sociales trabajaron arduamente y apoyaron “codo a codo” con los constituyentes a las distintas comisiones; en ocasiones, se les delegó la elaboración final del contenido o la redacción de los diferentes artículos. Es por ello que no debe sorprendernos que, de acuerdo con la revisión y análisis de más de 500 cajas de cartón donde se depositaron apuradamente todas las propuestas que llegaron de la sociedad civil, dos tercios de dichas propuestas quedaron plasmadas en la Constitución Bolivariana, ya sea textualmente o con modificaciones menores (valga un inciso: lastimosamente, cuando hicimos el estudio hace casi quince años, este valioso patrimonio histórico de Venezuela yacía abandonado y sin ningún orden en el Archivo General de la Nación).
Es quizás porque la Constitución Bolivariana fue elaborada por y con los ciudadanos, y además logró recoger las aspiraciones, anhelos, demandas, necesidades, sueños y expectativas de todos los individuos y sectores de la sociedad, que decimos que fueron los CIUDADANOS, llámense Pueblo o Sociedad Civil, quienes a partir de la oportunidad histórica abierta por el presidente Chávez, se apropiaron de la misma y lograron converger en un nuevo proyecto de País.
Reconocemos, no obstante, las dificultades en estos momentos de grave crisis política y económica para concretar ese proyecto de País pues las visiones se encuentran profundamente polarizadas y las interpretaciones acerca de cómo combinar la democracia representativa con la participativa o como satisfacer todos los derechos constitucionales para lograr la inclusión de todos, son frecuentemente opuestas. Sin embargo, dado que una amplia mayoría converge con la Constitución, ésta y no una nueva, que además resultaría de la convocatoria unilateral hecha por el presidente Maduro, debe ser el mecanismo idóneo para dirimir nuestros disensos.