Para cualquier país que quiera tener viabilidad geopolítica global es altamente necesario producir materia prima, bienes y servicios que permitan una mínima sostenibilidad financiera de su población y sus instituciones. Un sano balance entre importaciones y exportaciones garantiza un equilibrio entre los gastos e ingresos del Estado, permitiendo en el mediano y largo plazo un nivel de calidad de vida digno y aceptable. Pero está claro que no basta tener un mínimo de condiciones geográficas y territoriales o abundante materia prima de algunos rubros, para alcanzar el desarrollo. Aquí es donde se destaca el rol de las políticas públicas y más particularmente, las políticas de carácter económico.

En el caso particular de Venezuela no existe ninguna duda sobre las condiciones bondadosas que nos ha otorgado la madre naturaleza en toda nuestra extensión territorial. Desde la macro reserva petrolera que subyace bajo tierra o en nuestras costas, el gas y un número importante de minerales de alta demanda internacional hasta los atractivos turísticos, el extraordinario clima durante todo el año y la cantidad de suelos de alta calidad para la explotación agrícola; son una muestra más que fehaciente de las posibilidades que tenemos de alcanzar el desarrollo. Pero todo este paraíso sin políticas públicas y económicas adecuadas, serviría de muy poco para la satisfacción de las necesidades colectivas.

Uno de los temas esenciales a recuperar en nuestro país -en el marco de una crisis multidimensional sin precedentes- es el relanzamiento de la producción nacional en todos los ámbitos. Para lograrlo es indispensable una liberalización absoluta de las tasas arancelarias que permita reabastecer los centros de distribución, duramente golpeados por las regulaciones de precios con importaciones masivas.

Se hace necesario poner coto a esta situación con una política económica que sea lo suficientemente discernida para seguir permitiendo importaciones de calidad, pero al propio tiempo, que se convierta en una herramienta que estimule la producción de bienes y servicios en el país.

Con ello, se favorecería la generación de empleo de calidad, la diversificación de la oferta de bienes y servicios en el país, el desarrollo de nuestras capacidades productivas y algo demasiado importante, el incremento de los ingresos fiscales del Estado venezolano al reactivar el cobro de las tasas arancelarias a las importaciones. Se necesita activar una política económica que procure el equilibrio entre la tributación, la desburocratización del tránsito de mercancías por las aduanas y la protección de la producción nacional frente a prácticas de dumping que favorecen a regímenes políticos que producen bienes y servicios en condiciones de esclavitud modernas, sin tomar en cuenta los más mínimos derechos laborales de las personas.

Las tasas arancelarias son una herramienta usada por los Estados más organizados del mundo con un doble propósito: potenciar los ingresos del gobierno y para proteger el empleo local. Si se le utiliza con un sano equilibrio se convierten en un aliado eficaz para el desarrollo nacional; si por el contrario, se usan para permitir el ingreso de cualquier tipo de mercancía sin pago, se convierten en una alcabala terrible para producir localmente. Adicional a ello, si se usan para “proteger” en demasía pueden promover la creación de monopolios económicos internos en los países.

Como vemos, la política económica y más particularmente, la política arancelaria circunscrita a la primera, es algo que inexorablemente, el gobierno venezolano, más temprano que tarde, tendrá que comenzar a aplicar cabalmente si desea que el proceso de rebote de nuestra economía sea sustentable y favorezca, especialmente, a la producción nacional. En esta temática, improvisar no se puede.

***