Basta con dar una mirada a las secciones de sucesos de los diarios del país, sin importar la agenda política a la que pertenezcan, para darnos cuenta de cómo el horror se recrudece en nuestro día a día. En Venezuela todos somos testigos de lo que viene ocurriendo, a la par que notamos lo poco que este horror es captado y entendido por las clases políticas.
En las últimas semanas, parte del recrudecimiento de este horror ha venido de la mano de las numerosas incursiones que el FAES. –Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana- han llevado a cabo en todo el territorio nacional. A pesar de que los operativos se multiplican por todo el país, el perfil de los afectados y las zonas en las que operan se mantienen similares: hombres jóvenes excluidos de sectores populares marginados.
“Cuando viene el gobierno no nos queda de otra sino escondernos” nos comentó un familiar de un joven asesinado por un operativo policial en un barrio caraqueño. “¿Qué podemos hacer? Esto nos pasa por ser pobres…” replicó la persona, pues no encontraba explicación a lo ocurrido; sus dos hijos habían sido asesinados dentro de su casa en un supuesto enfrentamiento.
Son numerosos los casos en los que las personas se quejan y reclaman las irregularidades de estas incursiones policiales: no hay presencia ni de la Fiscalía ni de la Defensoría, no dejan entrar a los familiares a las casas, hay demoras en la entrega de los cadáveres, las pruebas y registros no son coherentes, entre otras.
A medida que avanza el tiempo, la lógica de los operativos se hace más letal y específica, como fue demostrado en las últimas semanas del mes de septiembre cuando el FAES incursionó en distintos barrios de Caracas al mismo tiempo, dando como resultado al menos 7 venezolanos asesinados
En la mayoría de los casos el móvil o causa del asesinato es el supuesto “enfrentamiento o resistencia a la autoridad”, ante lo cual un padre de una víctima nos replicó: “¿En dónde están los policías heridos? ¿Ah? No corresponde… la gran cantidad de enfrentamientos que dicen que hay, y nunca vemos nada, nunca escuchamos nada… ¿cuáles enfrentamientos?”.
Esta situación se repite en varios estados del país, donde los numerosos “enfrentamientos” incluyen granadas y armas de alto calibre, faltando siempre la aclaratoria por parte de los cuerpos policiales: ¿de dónde salen las armas, las granadas, los rifles y las balas?
Ante una interrogante que siempre queda sin resolver, también vemos el lugar común en el cual ciertos sectores de la sociedad civil y el Estado parecen coincidir: asumir que todo aquel que muere es porque era un “malandro” y esto es un justificativo suficiente para eliminar una vida, o creer que el único destino de un joven pobre con trayectoria de vida violenta es la muerte.
Mientras esto sea así, el derecho a la vida de tantos jóvenes seguirá siendo coartado por operativos representantes de la “mano dura”, replicando a su vez un sistema en el cual el Estado tiene arbitraria y tiránicamente potestad sobre la vida de los ciudadanos.
Si la actuación del FAES y el resto de los cuerpos de seguridad continúa estando eximida de todo criterio legal y humano, el ciclo de la violencia seguirá perpetuándose. El horror como política es insostenible, pero antes de pensar en su fecha de caducidad, se necesitan alianzas y acuerdos entre los factores políticos y los diversos sectores sociales -que aún están en pugna- para entender que masacrar a nuestros jóvenes es una pérdida de la que no podremos recuperarnos y al contrario, generará todavía más trágicas consecuencias en el futuro.
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