Pareciera que el régimen se ha trazado como tarea casi única hacer que las realidades se contravengan. Es decir, que se comporten sujetas a lo que señala la Ley de Finagle sobre la Negatividad dinámica. O sea, lograr que “algo que pueda ir mal, vaya mal en el peor momento posible”. Pero, para comprender tan cruda afirmación, vale un ejercicio de sencillo análisis histórico.
De esta manera, resultaría fácil deducir la razón que pudiera explicar la velocidad que alcanzó la crisis social, política y económica que minó a Venezuela en un breve período. Ocho años bastaron para voltear el país. Ponerlo “patas arriba”. Aunque la crisis venía incubándose desde el mismo momento en que el militarismo penetró. Cuando nuevamente profanó la estructura civilista de la Constitución de 1999. Lo mismo había sucedido con la precedente Carta Magna de 1961.
Y es que resulta paradójico advertir una de las más recientes decisiones del régimen. A través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, justificándose en el contexto de la pandemia, ordena el cierre de las escuelas, a cambio de hacer posible un principio de dudosa cabida. En consecuencia, decide que sea el programa de educación a distancia Una familia, una escuela. Como si así de fácil e inmediato fuese crear y reproducir conocimientos capaces de incidir en la transformación de las realidades.
Esto de culminar un año, signado por las precariedades provocadas por la pésima gestión de un régimen, representa una abierta afrenta. Asimismo, constituye una procacidad a lo que la propia narrativa expuesta por el manido “Plan de la Patria”, expone a través de objetivos presuntamente “socialistas y revolucionarios”.
Toda esta maraña exhibe un paralelismo con la segunda ley de la termodinámica, conocida como entropía. Esta refiere que “la perversidad del Universo tiende hacia lo máximo”. Aunque en medio de esto, cabe el conocido Principio de Hanlon o “Navaja de Hanlon”, para explicar lo que el régimen político pretende cada vez que elabora una decisión incitada por sus oscuras tramoyas. Y que por efecto de la violencia revelan el grado de usurpación del cual se han aprovechado para enquistarse en el poder.
Tan desastrosos hechos pudieran razonarse desde el adagio que Hanlon expone cuando dice que “nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez”. Por eso, razones de esta índole permitieron a estos gobernantes de marras ordenar el exabrupto de desnaturalizar la función de la escuela.
No han tenido claro que la “escuela es aquella institución que se dedica al proceso de enseñanza entre alumnos y docentes” (Definición del DRAE). Tampoco que la especificidad de la escuela reside en que la persona recibe una instrucción elemental y básica que servirá de sustento y palanca a lo que luego la vida exija de ella. O porque el conocimiento adquirido en la escuela pueda considerarlo suficiente para integrarse a la vida en virtud de las necesidades que se le plantean.
Un atentado consumado “sin ambages”
El que la educación, según la Ley Orgánica de Educación, sancionada en agosto 2009, sea reconocida como “un derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano (…)” (Del artículo 4), no significa que deba atentarse en contra de los principios que destacan su importancia. Al respecto, cabe asomar el artículo 104 constitucional cuando refiere que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica”. Por tan fundamental razón, el mismo precepto destaca que “el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todas sus modalidades como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.
Una cosa es el proceso de “educación ciudadana”, de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución de la República y en la ley propia. Y otra es inculcar en el intelecto del niño y del adolescente todo lo referente a lo que estudian las corrientes del pensamiento en las esferas de las ciencias exactas y no exactas. Léase, matemática, física, química, biología, historia, geografía, lengua y literatura, fundamentalmente. Incluso, los principios del “ideario bolivariano”.
¿O es que sólo la circunstancia de padre o representante es condición para asegurar y certificar la culminación exitosa del año escolar a distancia? ¿Los docentes de los niveles primarios y secundarios de la educación venezolana están formados para conducir proyectos escolares según las pautas metodológicas que rigen la educación a distancia?
¿Acaso Venezuela posee una adecuada base tecnológica para avalar la comunicación digital mediante Internet? ¿O cuenta con parrillas de programación en televisión o radio que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje? Porque hasta donde se sabe, la Internet cubre apenas un 56% del territorio nacional. Aparte de que en muchas entidades los estudiantes carecen de los recursos necesarios para recibir clases “a distancia”.
Es indudable que lo pautado por el artículo 108 constitucional, cuando determina que “el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática”, se estrella con las realidades. Más cuando dice que “los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones”. Estafa que ha servido al régimen para abusar de la candidez de venezolanos ilusos. Y que bien demuestra la alevosía con que se maneja. Estos gobernantes se valen de su desvergüenza para desconocer el impacto de una ineficaz prestación de servicios de electricidad, gas doméstico, agua. Y, por supuesto, de recursos de comunicación e información. Es así como ahora “a distancia” intoxican la Educación.
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