La educación es uno de los conceptos más debatidos por la historia del pensamiento humano. Mientras más discutido ha sido tan connotado vocablo, más ha sido saboteada su praxis. Igual, por causa del despojo de los principios que articulan su concepción. Y de lo cual ha sido objeto, históricamente. O también, por agregados representativos de alguna ideología política que le ha endosado implicaciones que han vulnerado su destino.
Sin embargo, no siempre, la educación se ha ajustado a lo que el discurso político exalta. Sobre todo, cuando acude a la demagogia para asentir su sarta de falsarias promesas. Así, capta los ilusos que sirven a la trama del engaño la cual es preparada a manera de mecanismo de usurpación y confiscación de idearios políticos en contrario. Y de instituciones. En distintas oportunidades, las educativas se han visto involucradas.
La educación ha sido abierto objeto de manipulaciones de vulgar cuño. En su ejercicio, las ideologías políticas consiguen canales abiertos a sus planes y proyectos. Más, cuando la educación ha sido forzada a prestarse como medio de ideologización o adoctrinamiento político. Incluso, a convertirse en puente entre la libertad y la esclavitud. Entre la dignidad y la inmoralidad. O entre la democracia y la tiranía.
La educación ha padecido del mal que disfruta el ejercicio de la política. En consecuencia, hace sentir y pensar a la ciudadanía que el modelo de gestión pública aplicado permitiría el ascenso social que ha pregonado como colofón de la formación prometida. Y que bajo un sistema político democrático, es posible el disfrute del respectivo derecho.
El problema se establece cuando una educación amañada a instancia de los intereses que configuran el poder político, se acomete en divergencia a lo que su esencia humanista, liberadora y creadora, determina. Particularmente, si la educación fundamenta un proceso de enseñanza-aprendizaje que apueste a formar seres humanos con exacto sentido de sus libertades, deberes y derechos. Pero NO sometiendo al individuo a pensar lo que impone un proyecto político (estrecho). Sino a pensar lo que las dificultades de la vida exigen rebatir.
Es un tanto lo que divulgaba el sacerdote anglicano, decano de la Catedral de San Pablo, en Londres, Reverendo William Ralph Inge: “El espíritu de la educación es el conocimiento no de los hechos. Sino de los valores”.
Pero el individuo no es más que lo que la educación hace de él. Y esto bien lo considera la Filosofía de la Educación para perfilar al ciudadano. Seguramente, tal como las coyunturas lo pretenden. Y justamente, es la razón de la que se vale la política acuciada por el ideario político de un gobierno vertical o dictatorial. De esa manera le resulta fácil moldear no sólo el desarrollo o el antidesarrollo que insta su perversión ideológica. Igualmente, para esculpir al ciudadano sometiéndolo al juego de poder en curso.
Esa es la intención que yace en el fondo de cualquier proyecto de gobierno que persiga ejercer la política con postura de dictadura o tiranía. Y tal debilidad, es exhibida toda vez que alguna ideología opresora hace de la misma su mejor oportunidad. Así luego, la fortalece a través de la coacción emprendida por sus hordas civiles, policiales y militares. Catervas de la represión.
Es exactamente el caso que recoge la situación expuesta en la propuesta del régimen venezolano. Cínicamente llamada: “Redimensión del sistema de ingreso universitario”.
De la intención de confiscar la universidad autónoma
El cuestionado documento, aduce que el desarrollo de la economía productiva “programada”, luego de 21 años “mal-gobernando”, habrá de sustentarse en una educación concebida a instancia de una política que exhibe como “justa”. Pero asumida unilateralmente. Con la insensatez como argumento. Y la envidia, como criterio político. Refiere una oferta de 15 carreras “base en las áreas prioritarias”. Además, de “21 carreras derivadas y 109 complementarias”. Es la desnuda oferta académica del régimen venezzolano para 2021.
Cualquier análisis epistemológico, político, educacional o sociológico de tan desquiciado documento, pasa por considerarlo -primeramente- desde la perspectiva de los valores morales y políticos. Así que en esa dirección, no puede negarse el manoseo que recibe de la envidia. Al igual que de otros contravalores.
De acuerdo a la palabra del médico y antropólogo italiano, Paolo Mantegazza, la envidia “es el odio por la superioridad ajena”. De esta forma, y a decir de la realidad educativa venezolana, la envidia la padece el régimen por la claridad intelectual, el acierto académico y prestigio institucional alcanzado por la universidad autónoma venezolana.
Según lo que el texto expone, tal proyecto se basa en “las necesidades de formación de la nación” sin que el mismo se haya fundamentado y afianzado en algo distinto de lo que ridículamente ha denominado el “Plan de la Patria”. Así como de otras referencias de mala racha inspiradas por el patético socialismo que pretende imponer.
Aunque arguye que las carreras que a juicio del régimen son necesarias para impulsar la economía nacional tienen mayor incidencia con la salud, la producción, el desarrollo industrial y la construcción. No obstante, dicha consideración es más una excusa que una razón asentida. Pues, en 21 años de gobierno no ha logrado concretar sus propuestas. Por el contrario, lo que ha presumido como gestión de gobierno, lo ha transformado en quiebra, hambre y derroche. A pesar de los recursos y oportunidades conseguidas.
Cabe acá la aclaración que pone en entredicho la valoración que el régimen hace al momento de explayar cada ámbito profesional en el contexto de las áreas señaladas. Si bien no hay duda de que por tales terrenos educativos transitan urgentes necesidades de desarrollo, también no es menos cierto que los mismos ámbitos sesgan, la visión de desarrollo que el régimen ha pronunciado en algunos momentos y discursos.
En primer lugar, el análisis debe advertir ciertas contradicciones contenidas por el documento, respecto a preceptos de la Constitución de la República. Sobre todo, cuando ésta reconoce las humanidades, tanto como la ciencia y la tecnología, en “(…) beneficio espiritual y material de la Nación” (Del artículo 109). O cuando el artículo 102, determina que “la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto de todas las corrientes del pensamiento (…)”. Sumado a este precepto, el artículo 103 indica que “toda persona tiene derecho a una educación de calidad (…) sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
Contradice además, la Ley de Universidades. Más, cuando expone que la enseñanza universitaria “estará inspirada en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana. Y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal (…)” (Del artículo 4).
Del mismo modo, aunque la Ley Orgánica de Educación soporta su normativa en la concepción del “Estado docente”. Este, en aras de planificar y organizar el desarrollo educativo, actúa apegado al principio de ordenar “(…) un proyecto nacional endógeno, sustentable y sostenible” (Del artículo 6, Parágrafo 3-d). Además manifiesta “formar ciudadanos a partir del enfoque geohistórico, con conciencia de soberanía (…)” (Del artículo 15).
Esta ley, igualmente exalta la educación universitaria al indicar que está dirigida a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos social y éticamente con el desarrollo”. Ahonda más todavía, al referir que tiene como función establecer sólidos fundamentos que sirvan de soportes para el progreso autónomo y soberano del país en todas las áreas del saber (Del artículo 32).
Estas contradicciones adquieren fuertes matices controversiales al exceder el dogmatismo al cual el régimen supedita sus decisiones. Y se exacerban, desde el mismo momento en que proyecta y publica “la redimensión del sistema nacional de ingreso universitario”. Este, basado en la fachendosa “reactivación de la economía y del aparato productivo nacional”. Es así cómo estructura sus pretensiones, valiéndose de argumentos falaces y conspirativos.
Lo grave de todo, radica en la eliminación, sin cordura alguna, del abanico profesional en el que encaja la formación de venezolanos en áreas de las ciencias humanas. Específicamente, en carreras dedicadas al estudio de las ciencias sociales, jurídicas, actuariales y políticas. También de áreas como Geografía, Estadística, Psicología, Historia, Comunicación social, Bibliotecología, entre otras igualmente necesarias en la creación y valoración intelectual y cultural en tanto que fundamentos de la vigorización del país en todas sus formas.
Y es porque resulta absurdo concebir la realidad que supone el despegue del aparato industrial venezolano, a decir de la narrativa política empleada, que pretende acometer. Pero a soslayo de lo que implica una edificación soportada en los estamentos confiables de un conocimiento amplio y garante del desarrollo necesario. Más, si lo absurdo se viste de opresor para desbalancear el equilibrio que por naturaleza amalgama la relación biunívoca entre las ciencias y las humanidades. Entre las tecnologías y la sociedad. O entre la luz y la oscuridad. Dicha situación representaría algo parecido al hecho de apagar la luz indefinidamente.
Todo esto tiende a desubicar las universidades de su papel rector de la educación superior. Pero referido al ámbito del desarrollo económico y social del país. La universidad tiene una misión que, por ley, la sitúa por encima de cualquier presunción que minimice su importancia como puntal del progreso de la nación. Más aún, en realidades consumidas por la dependencia y el subdesarrollo. Cualquier intención en esta línea de decisiones, equivale a la antítesis de los postulados que hablan a nombre de la educación y la prosperidad nacional.
Aunque el régimen quiera rebatir su urdida pretensión, no será tan inmediato revertir el anuncio contenido en el documento analizado. El mismo, cayó en el plano de las amenazas. Sobre todo, luego de conocerse los recurrentes atropellos tramados por el régimen contra la universidad nacional y su autonomía.
No hay duda de que el régimen sigue temiéndole al pensamiento crítico que suscribe la Universidad. Aunque muestra su apatía hacia la institución académica. Quizás por eso, busca confiscarla. Podría ser esta la causa por la cual los gobernantes serán siempre acusados de insoportables, dado que, por soberbios, han ostentado ser superiores al resto. El poder exaspera sus arrogancias. Es una, entre otras razones, para endilgarle a cualquier régimen dictatorial su obstinación de arrinconar a la universidad. Y de reducir su tamaño. Pero nunca, podrá menguar su significado. Por más que se esfuerce en procurar su tránsito: de la indiferencia a la confiscación.
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