OPINIÓN · 19 ABRIL, 2021 04:12

Cuando la “flexibilización” se disfraza

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Antonio José Monagas

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No sólo las máscaras, barboquejos o tapujos, sirven para encubrir, recubrir o cubrir el rostro humano. U ocultarlo de alguna amenaza empeñada en descubrir o perturbar, lo que se esconde bajo el atavío preservador.

También, las intenciones se disfrazan. O se esconden detrás de las pintoreteadas mamparas que mejor engañan la mirada del iluso. Hasta desvirtúan la percepción del fachendoso o del guapetón de esquina. De esa manera, el disimulo tergiversa o confunde a quien está por delante de la intención en su proceso de brindar una apariencia distinta.

Una de esas intenciones disfrazadas de solidarias y humanitarias es la relacionada con la decisión acogida por el oprobioso régimen venezolano. Adoptada de cara a las medidas tomadas alrededor de los peligros de la pandemia, causada por la irrupción generalizada del COVID-19. En consecuencia, la población venezolana se ha vista impedida de reclamar sus derechos y disfrutar sus libertades. Incluso, la libertad de conciencia. (Art. 61, Constitución)

Ante tan serio problema, el régimen venezolano se arrogó la complicada y grave crisis como razón de Estado para confinar a la población. No tanto como medida de prevención sanitaria. Aunque sí, como excusa para ensayar un modelo de control (de amplio rango) que le ha permitido tiranizar sobre cinco situaciones o realidades.

Para ello, se ha valido de tres recursos. A saber: la represión u opresión ejercida con la mayor impunidad posible, el abuso de un ordenamiento jurídico elaborado a instancia del cuestionado propósito, y del aparato comunicacional que tiene bajo su mando y criterio censor.

Estas situaciones en que el régimen se ha entregado, al impudor de avasallar cuanta realidad dice estorbarle, son:

1) El control administrativo que el régimen usurpador ejerce sobre organismos estatales a fin de violentar derechos humanos y libertades fundamentales.

2) El control político a fin de asumir el dominio de la institucionalidad democrática, mediante groseras estrategias de partidización política. De esa manera, el régimen se ha dado a la tarea de condicionar toda movilización, que represente el carácter autonómico de los entes relacionados con la salud, la educación, la seguridad y la alimentación de la población.

3) El control fiscal y monetario mediante el cual el régimen asume -al margen de la necesaria separación de los poderes públicos- la facultad de maniobrar el sistema económico a su libre albedrío. Así, sortea impedimentos legales y constitucionales que le facilitan corruptelas difíciles de indagar.

4) El control social, ejercido a modo de vigilancia, censura y registro de la población, para lo cual se vale de cualquier argucia para entonces permitirse transponer límites que infringen el respeto a la dignidad de venezolanos. Y asimismo, al pluralismo político.

5). El control militar y policial del cual se vale para haber viciado el concepto de “Seguridad de la Nación”. Esto, a discreción del presidencialismo que, por defecto constitucional, le otorga ínfulas de desmedido comando a instancias civiles-gubernamentales sometidas, por el poder político residente en el oficialismo practicante.

La manera de cómo dicho control (de amplio rango) subyuga al país es la forma que ha coadyuvado a extender el ejercicio de la política, por parte del régimen opresor. A decir por las tendencias de politización expuestas por la cúpula del régimen, la intención es la desmovilización del país político. Así le es fácil al régimen restarle significación a la meritocracia, sobre la cual se posibilita el desarrollo de una nación.

Sobre todo, cuando en el curso del progreso perseguido, y anclado en las oportunidades que las realidades saben brindar y en sus fortalezas estructurales, se halla comprometida la construcción de la nación como único bastión del correspondiente crecimiento.

Al mismo tiempo, el cuestionado control es condescendiente con el hecho de irradiar la corrupción como recurso de igualdad relativa. Y lo hace con la inmoralidad apuntada a convertir al país en una sociedad de deshonestos. Donde la complicidad constituye el eje de rotación social, político y económico nacional. Donde la ignorancia ilustrada, mitigue las diferencias de criterios entre bandos político-económicos.

Verdaderamente, no hay nada más peligroso que una idea elaborada a la diestra y siniestra de un ejercicio político inspirado en la perversidad. Por eso el país, en medio de la pandemia, lejos de sincerar protocolos políticos y de sensibilizarse ante apestosas contradicciones, se ha visto sumido en la vulgaridad de lo que representa la miseria política expuesta en la dicotomía, que ordena un tiempo de “cuarentena radical, voluntaria y consciente”. Y otro tiempo de “flexibilización laboral y económica”.

Es ahí, cuando las intenciones políticas se pintan con aires de chocante aroma. O porque la orden es casi como vivir fuera de la caja de colores. Es ahí cuando las realidades apestan. Más aún, cuando la cuarentena exige enfundarse el rostro. O en el otro caso, cuando la “flexibilización” se disfraza.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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