Desde que la Fiscal General de la República anunciara una “ruptura del orden constitucional”, a propósito de dos polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia apenas comenzando el mes de abril de este año, las protestas resurgieron con mucha fuerza no solo en la gran Caracas sino en muchas ciudades del país que se sumaron inmediatamente a las mismas. Aun cuando desde finales del 2016 hubo un enfriamiento considerable de este fenómeno, en virtud de la enorme decepción que sintieron los sectores opositores y descontentos en general por el proceso de diálogo llevado a cabo en el último trimestre, que no arrojó los resultados esperados, el país había observado que su opinión pública se había deslizado considerablemente en sus variables. La Mesa de la Unidad Democrática (Mud), que había capitalizado el apoyo popular de los venezolanos por amplia mayoría desde finales del 2015, y que le permitió obtener un éxito rotundo en las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año, se debilitó dándole paso nuevamente a un crecimiento exponencial de las filas de lo no alineados y a una recuperación de unos diez puntos porcentuales aproximadamente al presidente Nicolás Maduro y al propio Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). En paralelo, el avance de la crisis económica y el crecimiento sostenido de la inflación, crearon durante el primer trimestre de 2017 una desmovilización de las protestas enfocadas hacia el tema político. Sin embargo, en ese clima de desesperanza de la población, bastaron las declaraciones de Luisa Ortega Díaz para que se desataran las protestas y el país nuevamente se viera sacudido por las movilizaciones.

Abril y mayo han sido meses en los que se han juntado algunas variables importantes. La primera de ellas es la actitud de la fiscal general. Con sus declaraciones le ha devuelto la esperanza al país de un “re-equilibrio” de los Poderes Públicos enfocados hacia un funcionamiento más autónomo y menos dependiente del Ejecutivo Nacional. Segundo, el liderazgo de la protesta ha estado concentrado en los jóvenes y los diputados de la Asamblea Nacional, que han dado la cara reconectándose con la opinión pública al enfrentar la dura represión a la cual han sido sometidos. Tercero, y no menos importante, ha sido el manejo unitario y estratégico que los líderes de la Mud y los partidos de la oposición en general le han incorporado a sus posiciones para recuperar un espacio que se había debilitado sobremanera. Por último, la agudización de la crisis económica, sin que el país perciba un cambio de timón en el modelo para eventualmente contrarrestarla; han creado una ola de descontento, concentrado en la figura del primer mandatario, cuyas consecuencias hoy en día las estamos viendo en plena ejecución.

Frente a ello, el primer mandatario nacional lanza la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, algo que había sido bandera de algunos sectores opositores que desde hacía meses venían haciendo el planteamiento para poder viabilizar una salida política al conflicto venezolano. Repentinamente cambia de promotor pero, para sorpresa de muchos, con un esquema absolutamente novedoso. Una Constituyente sectorial y territorial que incorpora al llamado poder popular en elecciones de segundo grado para iniciar “una transformación del Estado” y la mejor manera de “conseguir la paz” en palabras de Nicolás Maduro Moros. Pero, más allá del cuestionamiento que la sociedad entera se esté haciendo sobre las bases comiciales, el debate ronda sobre la inutilidad de este mecanismo frente a la coyuntura política y económica actual. Las primeras mediciones que han aparecido luego de la propuesta dan cuenta de un rechazo generalizado a la misma. Alrededor del ochenta por ciento y un poco más de la población no está de acuerdo y la considera “absolutamente innecesaria” en este momento-cumbre del país.

Tenemos entonces un escenario donde la propuesta Constituyente va por un lado y la realidad cotidiana de la gente va por el otro. No existe ninguna conexión entre ambas. Esto, en lugar de ser una “herramienta para la paz” es prácticamente lo contrario. Es una forma de instaurar una especie de “apartheid político” donde alrededor del veinte por ciento de la población fijaría las bases de un nuevo Estado dejando de lado la opinión del resto ampliamente mayoritario de la población. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para un país donde la violencia política, aun cuando ha sido minoritaria, ha venido creciendo sostenidamente en las últimas semanas? Indudablemente que el escenario más probable en este marco propositivo oficial tenderá hacia estadios de mayor conflictividad, vista la negativa de quienes ostentan actualmente el poder, de aferrarse irrespetando olímpicamente el deseo mayoritario de acudir a elecciones universales, directas y secretas para viabilizar el cambio político necesario.