La dinámica política que, desde inicios del siglo XX, desbordó la institucionalidad irradió conceptos políticos que confundieron procesos políticos. Procesos estos que se dificultaron en su tarea de acuciar el ordenamiento administrativo exigido por el advenimiento de postulados políticos que buscaban orientar la gobernabilidad. Así que ante las nuevas realidades que emergían, a consecuencia de la revolución industrial, se vieron remozadas necesidades políticas propias de problemas que se habían acumulado.
Las Constituciones de Estados que, en principio, buscaban alinear principios con valores, o anhelos de crecimiento con compromisos de desarrollo, no captaron –por ejemplo– el sentido y alcance del concepto de “ciudadanía”.
¿Qué pasó? Pues esta insuficiencia que terminó afianzándose cercenó el concepto de “ciudadano”. Al extremo que se estableció como elemento estructural de prescripciones jurídicas. En consecuencia, muchos Estado-naciones optaron por darle el uso (libre) que el ejercicio político de gobierno exigía. Así surgió un concepto de “ciudadano” bastante frágil. Asimismo, el de “ciudadanía”.
Este desarreglo adquirió fuerza de ley lo cual devino en interpretaciones. Y estas fueron de tal frivolidad política, que dichos conceptos se somatizaron con la flojedad de la ambigüedad. Actualmente, ni el concepto de “ciudadano” ni el de “ciudadanía” logran mostrar el talante que compromete su naturaleza político-jurídica.
El concepto de “ciudadano” se enrareció
El concepto de “ciudadano” se equiparó al de habitante o persona. (Sin desmerecer estos). La calidad de “ciudadano” la sujetaron al derecho de sufragio o al desempeño de cargos públicos. El concepto de “ciudadanía”, lo homologaron con el de población. O con el pautado por el de “gentilicio”. No hay mayor diferencia entre sus contenidos. Tampoco, entre sus alcances.
Poco o nada se ha entendido sobre cómo la condición de “ciudadanía” la fija el valor de identidad, tanto como el valor de pertenencia y la voluntad de convivir en consonancia con las funciones de un Estado acucioso por desarrollarse en todos los sentidos. Mientras que la condición de “ciudadano” la establece la capacidad de cada persona por hacer valer la libertad de consciencia y a manifestarla en lo singular y en lo plural.
La Constitución venezolana bien patentiza esto. El artículo 39, escuetamente refiere que la ciudadanía la ejercen sólo “quienes no están inhabilitados políticamente o bajo interdicción civil”. Tan vaga consideración, la ratifica el artículo 42 cuando describe que “quien pierda la nacionalidad, pierde la ciudadanía”. Pero igual deficiencia conceptual, deja entrever la Constitución colombiana. Asimismo, la ecuatoriana o la mexicana. De manera que estas constituciones, no definen “ciudadanía”. Tampoco, la de “ciudadano”. Indudablemente, dichos vacíos no son fortuitos. Vale pensar que son intencionales. Inducen a exaltar la noción de “pueblo por encima de la de “ciudadano”.
¿Por qué tanta desidia?
Los gobiernos, terciados por intereses proselitistas mal entendidos, han sido categóricos al momento de ejercer la coerción de la cual se vale para infundir la autoridad que delimita las funciones y responsabilidades del Estado-Nación. Azorados por la necesidad de pautar la gobernabilidad en el contexto de una sociedad condescendiente, no atendieron la calidad política que configura la condición de “ciudadano”. El afán del gobernante ávido de poder fue sin duda lo que lo incitó esta desidia.
Los conceptos de “ciudadano” y “ciudadanía” comenzaron a verse atropellados por la politiquería dominante. Así, se vieron sumidos en un cierto desuso que favoreció la vulgarización del concepto “pueblo”.
El ejercicio político no le prestó la debida importancia a formar al “ciudadano”. Tampoco a formar “ciudadanía”. Por comodidad prefirió que se instituyera y enquistara el concepto “pueblo”.
En consecuencia, el habitante adquirió una actitud de conformismo y resignación que le impidió sobreponerse al juego político situado en el terreno de “pueblo”. Y para ello, los gobiernos se apoyaron en discursos que desdibujaban las realidades. Sólo así ocultaban los vicios del sectarismo, de la exclusión y del autoritarismo de gestiones disfrazadas de “democracia”.
Esto motivó que ese habitante, pintado impúdicamente de “pueblo”, se hundiera en el marasmo de la política. No pudo superar los embates políticos a los que fue arrimado por lineamientos de gobiernos sarcásticos y despóticos. Mucho menos actuar con la templanza del “ciudadano” consciente de su condición política, de sus deberes y derechos.
De esa forma, el tiempo favoreció el arraigo de personas que no lograron la calidad de ciudadanos. No alcanzaron a “ciudadanizarse”. O no advirtieron que su actitud indolente contribuía a erigir ¿ciudades sin ciudadanía?
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