La indolencia de Maduro y su cúpula ante la situación de millones de jubilados llega a niveles que deberían producir la mayor condena, no solo a nivel nacional sino también mundial.

Otorgar pensiones de jubilación mensual inferiores a dos dólares es una política que solo garantiza pobreza y sufrimiento a un importante sector de la población y produce riesgo de agravamiento de las condiciones de salud. Las pensiones no dan ni para comprar algunas aspirinas y con una economía dolarizada de facto, cada devaluación diaria es más penuria para millones.  

Por distintas razones muchos jubilados han salido al exterior. Algunos huyendo del hambre y la miseria y otros, decidieron regresar a sus países de nacimiento a pasar sus últimos años. Miles realizaron trámites para garantizar que les llegara la pensión, aun cuando estuviesen fuera del país

Venezuela ha suscrito convenios bilaterales de seguridad social con algunos países: España y Uruguay son dos de ellos.

En diciembre de 1988 el entonces Congreso de la República dictó la Ley Aprobatoria del Convenio de Seguridad Social entre Venezuela y España. El artículo 5 del Convenio establece entre otros aspectos que “las prestaciones económicas debidas por una de las Partes Contratantes, en aplicación del presente Convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de una Parte o de un tercer país”. Ello quiere decir, que la obligación del Estado venezolano con sus jubilados se mantiene al ubicar el jubilado su residencia en ese país. Es decir, tiene la obligación de pagar las pensiones estableciendo con España los mecanismos para que se haga efectivo.

Esa obligación se estuvo cumpliendo en términos generales de manera aceptable hasta el año 2016, cuando la gestión de Maduro decidió no cancelar un solo centavo más a los jubilados en el exterior entre ellos los que actualmente viven en España.  Es decir, somete a situaciones de penuria a unos 12.000 pensionados residentes en España, Portugal, Italia, Uruguay, Chile y Ecuador.

Los jubilados tanto en Venezuela como en el exterior han realizado múltiples gestiones sin una respuesta por parte de las autoridades venezolanas.

La burla llega a tal nivel que, en 2017, en una entrevista para la televisión española, el reconocido periodista Jordi Evole le recordó a Maduro que un año antes se había comprometido de manera pública a pagar a los pensionados. La respuesta de Maduro fue comprometerse nuevamente que a más tardar en diciembre de ese año se les pagaría. Por segunda vez en público, ante un canal de televisión internacional, mentía. En consecuencia, además de burlarse de los pensionados, los dejó en total incertidumbre.

Agotadas muchas instancias, los jubilados empezaron a usar las vías y posibilidades que abre el sistema internacional de protección de derechos humanos. Así, en fecha 20 de octubre de 2020 dirigieron una comunicación a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En la comunicación de 13 páginas exponen la situación que padecen, los derechos que les competen en virtud de la Constitución, tratados de derechos humanos y el convenio bilateral de seguridad social. En la misiva solicitan a la Alta Comisionada que realice, a través de sus funcionarios en el territorio venezolano, las gestiones que considere adecuadas para llamar la atención del gobierno del Señor Maduro sobre la situación expuesta. De la misma manera, solicitan que de acuerdo a las posibilidades gestione una reunión entre las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los representantes de los jubilados en Venezuela. A la fecha no se conoce si las funcionarias actualmente en el país han realizado alguna gestión, pero el paso dado por los jubilados organizados en el exterior es muy importante para explorar el uso de otros mecanismos internacionales y la opción de la vía judicial.

Los jubilados durante 2020 dieron muestras de no quedarse cruzados de brazos ante la indolencia de las autoridades. En 2021 pareciera estar dispuesto no solo a continuar sino ampliar todos los mecanismos a su alcance para la exigibilidad de sus derechos

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