Amnistía, pena y transición - Efecto Cocuyo

OPINIÓN · 30 ENERO, 2019 05:08

Amnistía, pena y transición

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Juan Luis Modolell | @jmodolell

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Una ley de amnistía penal implica necesariamente impunidad, mediante la renuncia a la potestad del Estado de perseguir delitos o con la extinción de la pena de condenados. La misma materializa una acción del Estado para la solución de problemas, usualmente de carácter político[1]. Un acto de tal naturaleza se realiza a través del parlamento, circunstancia que en principio hace que se refiera a hechos, precisamente por compartir las características de generalidad y abstracción propias de las leyes.

La amnistía no deroga delito alguno, solo “perdona” hechos ya realizados que en teoría deberían ser castigados. Por lo tanto, una ley de amnistía debe precisar perfectamente los delitos concretos, previstos en la legislación, que serían abarcados por ella, así como el tiempo durante el cual sucedieron los hechos delictivos a perdonar.

El proyecto venezolano de ley de amnistía persigue, por un lado, hacer justicia a los perseguidos políticos del régimen venezolano desde 1999, y por otro, lograr en los funcionarios públicos el desconocimiento del régimen. Sobre el primer fin, más que ser objeto de una amnistía, la revisión de las sentencias debería basarse en su dictamen con supuestas pruebas falsas.

El segundo objetivo es más complejo. En efecto, como expresa el proyecto, el “perdón” estará sujeto a la colaboración “en la restitución de la democracia y el orden constitucional en Venezuela”. Considero que dicho condicionamiento debe expresarse muy claramente: el “perdón” solo debería concurrir si el funcionario público realiza actos materiales eficaces para el restablecimiento del orden constitucional, o desobedece las órdenes impartidas por la autoridad usurpadora. La eficacia del acto se valoraría ex post, por lo tanto no bastarían las buenas intenciones, el simple arrepentimiento o el acto fallido. Además, la desobediencia de órdenes podría ser más exitosa para restablecer la Constitución.

Sin embargo, habría dos aspectos adicionales que discutir. El primero de ellos sería la posible restricción de la amnistía a la responsabilidad penal dejando a salvo la responsabilidad civil, que posibilitaría la reparación de los daños. El siguiente aspecto problemático sería el de los delitos amnistiados.

Al respecto, dos grupos de delitos serían relevantes con relación a los actuales funcionarios públicos venezolanos, independientemente de la jerarquía que ostenten: delitos contra el patrimonio público y delitos que constituyan, a su vez, violaciones de DDHH.

Sobre los primeros, una amnistía que pretenda influir en los funcionarios pudiera renunciar al castigo penal de delitos contra el tesoro público, dejando a salvo la posibilidad de reparación del daño económico causado. En cuanto al segundo grupo de delitos relevantes, la Constitución venezolana claramente prohíbe las amnistías en delitos de lesa humanidad y violaciones de DDHH.

Con relación a ello hay que aclarar que si bien todo delito de lesa humanidad constituye una violación de DDHH, lo contrario no es equivalente. Aquellos requieren un patrón de sistematicidad y generalidad (elemento de contexto) que no toda lesión a los DDHH conlleva. Además, ese elemento contextual no se exige de forma general por la legislación venezolana así que la enunciación del texto fundamental pareciera más bien simbólica[2]. En cambio, la mención constitucional a violaciones de DDHH abre una discusión interesante.

Resulta obvio que nunca podrán ser amnistiados delitos de la legislación venezolana como desaparición forzada, homicidio, reducción a esclavitud, tortura, lesiones graves, delitos sexuales, etc., ni cualquiera de los cometidos contra la niñez. Pero, ¿debe ser igual la respuesta respecto a otras violaciones de DDHH como la conculcación de derechos electorales, infracciones del debido proceso, afectaciones a la libertad de expresión y otras semejantes, especialmente si el “perdón” penal de los delitos está supeditado a que el funcionario público realice actos materiales y eficaces, o desobedezca órdenes, que garanticen la restitución del orden constitucional? ¿Puede un órgano legítimo como la AN decretar amnistías para violaciones menos graves a DDHH con el fin de lograr una transición efectiva a la democracia y garantizar la paz?

No hay que olvidar que en dos de los casos emblemáticos donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contra las amnistías, “Barrios Altos” y “Almonacid Arellano”, estas provenían de regímenes dictatoriales como los de Fujimori y Pinochet. Por otro lado, si la pena cumple un fin preventivo, relativo, contingente, vinculado a fines sociales (no fines absolutos, ejecutores de una justicia “metafísica”), entonces queda abierta la cuestión de si en un contexto de transición podrían perdonarse los hechos referidos o al menos reducirles la pena.

Igualmente, podría preguntarse si la prohibición de amnistías que aseguren la impunidad de los culpables alude necesariamente a falta de pena, o esta puede compensarse con reparaciones civiles o sanciones administrativas, siempre en el caso de violaciones menos graves a DDHH.

Es importante aclarar que la propia Constitución venezolana pareciera hacer una graduación de dichas violaciones de DDHH cuando para la imprescriptibilidad, alude en su artículo 29 a “violaciones graves”. Aunque no tengo respuesta para estos problemas por mi poco conocimiento del Derecho internacional de los DDHH, en cualquier caso una ley de amnistía debe establecer de manera precisa los delitos que no serán abarcados por ella sin acudir a una cláusula general de exclusión.

[1] Sobre los casos de amnistías en Latinoamérica y Europa durante períodos de transición, vid. Ambos-Malarino-Elsner (coords.): Justicia de transición, Universität Göttingen-KAS, Montevideo, 2009, passim (https://www.kas.de/einzeltitel/-/content/justicia-de-transicion-v2).
[2] En el texto constitucional bastaba con aludir a las violaciones de derechos humanos. Sobre  ejemplos de una errónea definición del delito de lesa humanidad ,vid. sentencias de la Sala Constitucional Nº 1712 del 12-9-01 (ponente Cabrera Romero), Sala Penal Nº 076 del 22-2-02 (ponente Angulo Fontiveros), y Sala Penal Nº 322 del 13-7-06 (ponente Aponte Aponte).

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

 

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