“Esos niños que protestan son menores de edad que ni votan. Todos están allí porque son utilizados, manipulados. Le pagan para que arriesguen su vida a beneficio de los líderes de la oposición”
El liderazgo oficialista generaliza (y simplifica) la explicación de lo que está sucediendo: el problema es la conducta de los muchachos y no la realidad. La pregunta es: ¿tienen motivos para protestar?
Adolescencia, ¿peligro solo en las protestas?
El Plan de Acción del Programa País (2015-2019) suscrito por UNICEF con la República de Venezuela indica que la tasa de homicidios en adolescentes es una de las más altas de la región (2010: 57,3 por cada 100.000) y afecta principalmente a los adolescentes hombres.
El Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud entre 1997 al 2009 reporta un incremento de homicidios por armas de fuego de 15,9 (1997) a 42,2 (2009) en adolescentes de 15 a 17 años de edad. La cifra casi se triplicó en un período de 12 años.
Las autoridades que muestran su preocupación por el peligro que corren los adolescentes que protestan nada dicen de la violencia que los acecha en las calles y comunidades del país. Es una tragedia que mueran adolescentes en el marco de las protestas; pero hay que decir que mueren muchos más en “condiciones normales”. Ignorar este hecho constituye una muestra de cinismo.
“Los atraen con comida y chucherías”
Se han difundido varios casos donde los propios niños y adolescentes afirman que participan en las protestas para conseguir los alimentos y la atención que no encuentran en sus entornos. Algunos voceros gubernamentales lo toman como la prueba del reclutamiento engañoso. Nada se dice sobre las condiciones sociales y estructurales que hacen que tomen la calle porque no les queda otra opción.
El Centro de Atención Nutricional Integral Antímano (CANIA) registró en 2015, 47,7% de desnutrición (bajo peso) entre 2.872 niños, mostrando el 1.9% de ellos formas severas. Estudios de la Fundación Bengoa en escolares indican que, entre 2013 y 2015, el déficit nutricional (bajo peso) aumentó de 12,6% a 22,5% y los niños con sobrepeso disminuyeron de 20% a 10,4%. Hasta junio del 2016, los datos indicaban 12% de niños con déficit nutricional en cascos urbanos, 19% en zonas periurbanas y 27% en barrios pobres.
Los datos más recientes de Cáritas de Venezuela indican que para el último semestre del 2016 los niveles de desnutrición aguda en niños menores de 5 años son de 9%, con un 3.2% de las formas más severas para todos los estados estudiados. Sin embargo, en estados específicos, como Vargas y Zulia, la prevalencia de desnutrición aguda está sobre el 15% y 12% respectivamente. Esto representa una triplicación de las cifras en los últimos 3 años.
El incremento se ha registrado también para el índice de desnutrición crónica (retardo del crecimiento) y el grupo de edad más afectado son los niños menores de 2 años.
Se cuestiona la presencia de los niños y adolescentes en condiciones de calle o de vulnerabilidad social en las protestas; pero no así la realidad que los empujó a dejar sus casas y escuelas.
Enfermos desde la concepción
Ciertamente, es fácil reconocer un niño en situación de calle en las marchas. Su condición y apariencia física habla por sí sola. Condiciones higiénicas precarias, descalzos. Muestran una dramática delgadez, palidez en la piel, cabello reseco.
Frente a esta y otra evidencias el gobierno se empeña en ocultar la realidad de la crisis que afecta el sistema de salud nacional (infraestructura, medicamentos, insumos y déficit de personal especializado).
En el Boletín Epidemiológico correspondiente al año 2016 publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se admitió que murieron 11.466 niños, lo que representa 30,12% más que los registrados en 2015, cuando se notificaron 8.812 fallecimientos. También se certifica que 756 mujeres murieron al momento del parto. La mortalidad materna dio un salto de 65,79% con respecto a 2015.
A propósito de la Semana de Vacunación de las Américas correspondiente al año 2017, se denunció el desabastecimiento de vacunas: pentavalente, neumo 13 valente, rotavirus y toxoide diftérico. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) no incorpora en su esquema las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la varicela y la hepatitis.
Actualmente trece (13) niños de la sala de nefrología del Hospital J.M. de los Ríos presentan infecciones hospitalarias. Los tres tanques del hospital están contaminados de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar. Cuatro (4) niños ya han fallecido.
Las voces autorizadas niegan sistemáticamente las carencias condenando a niños y adolescentes.
¿Progresividad de los derechos?
Un avance significativo de la Convención de los Derechos del Niño (1989), profundizado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA, 2000) fue concebir al niño y adolescente (menor 18 años) como sujeto pleno de derechos. Se dejaba atrás el paradigma del “menor”. Un objeto de tutela incapaz de participar y opinar como ciudadano. Esto lo verificamos cuando leemos:
“Esos chiquillos no saben lo que hacen. No actúan por voluntad propia. Y cuando lo hacen es porque están inoculados de odio; los manipulan. Su rabia es porque siguen el guión de uno de esos videojuegos de acción. Reproducen la escena de uno de ellos. No están en la capacidad de distinguir la realidad de la ficción”.
Este discurso lo repiten, una y otra vez, desde el más alto nivel, evidenciando que es un guión que no reconoce ni valora la participación de los adolescentes sino que la estigmatiza y criminaliza. Cuando manifiestan su inconformidad son señalados como enfermos mentales que requieren intervención psicológica para que cambien sus actitudes. Cabría preguntarse quiénes son los que tienen problemas de salud mental. Ocultar la realidad creando un mundo paralelo, signado por la indolencia y abuso de poder es un síntoma de insania que requiere ser tratada.
Mientras, los adolescentes y jóvenes seguirán saliendo a reclamar sus derechos y sueños que sistemáticamente se les han negado.