A propósito del documento "Por una salida pacífica, electoral, democrática y soberana para Venezuela" - Efecto Cocuyo

OPINIÓN · 16 MAYO, 2019 08:14

A propósito del documento “Por una salida pacífica, electoral, democrática y soberana para Venezuela”

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Verónica Zubillaga[1] y Rafael Uzcátegui[2]

 

El origen del documento

El viernes 3 de mayo comenzó a circular el documento titulado: “Por una salida pacífica, electoral, democrática y soberana para Venezuela

Las ideas de este documento vienen discutiéndose desde hace semanas por grupos de investigadores, activistas, periodistas de muy diversas tendencias muy preocupados por la escalada del conflicto en Venezuela. En este sentido, intenta recoger el sentir colectivo de un sector de la población. Lo mueve una angustia común frente a la evidencia de los grupos armados organizados en el país que apoyan a Nicolás Maduro; el protagonismo de los militares venezolanos en el conflicto, el envío de militares rusos al país, la integración de funcionarios cubanos en las instituciones de seguridad y defensa venezolanos y, la eventual intervención armada de países extranjeros, como Estados Unidos.

Desde el martes 30 de abril, cuando se verificó el intento infructuoso de rebelión militar liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López, se viene evidenciando que, aunque Nicolás Maduro no puede gobernar en las actuales condiciones, tampoco el liderazgo de Guaidó ha logrado quebrar el apoyo del sector militar de Nicolás Maduro. Se trata, pues, de un “empate catastrófico” y por eso compartimos la intuición de que “estamos condenados a negociar”. Las consecuencias del giro insurreccional de la llamada “Operación Libertad” están por verse en toda su dimensión. Los eventos subsiguientes de persecución, intimidaciones y amenazas a diputados y a sus familias, revelan la peligrosa escalada en la que estamos enrumbados.

Los eventos del martes 30 de abril fueron un desencadenante para considerar que era el momento oportuno de circular una manifestación pública, un documento que expresara lo que pensamos cientos de venezolanos. Así, empezó la recolección de firmas de personas muy diversas, incluso con muchas divergencias entre sí, pero que coinciden en lo perentorio de una salida política, negociada y pacífica. Lo lanzamos el viernes 3 de mayo y en día y medio habíamos recogido 486 firmas verificadas. Todavía seguimos acumulando firmas y la gente debatiendo intensamente.

De manera estratégica, el documento quiso trazar cuatro principios básicos para permitir reunir a gente muy distinta y abrir espacios de debate. Planteamos que fuese sencillo para invitar a la amplia sociedad civil democrática a discutir temas muy complejos. Aspirábamos a que la gente se expresara y, sobre todo, que se hiciera visible un sector muy importante que siente con mucha convicción que es fundamental el protagonismo civil frente al actual escenario militar. Estamos convencidos de que una sociedad civil heterogénea comprometida con principios democráticos fundamentales es fundamental para oponerse a la hegemonía militar y para la reconstrucción del tejido social en un contexto post-conflicto.

Los objetivos del documento son tres: 1) Visibilizar una mayoría silenciosa que quiere una solución política, 2) Favorecer la agencia de la sociedad civil y facilitar el debate, 3) Reunir gente del chavismo, de la oposición y de muchos sectores con reconocidas y públicas diferencias para mostrar que somos capaces de movilizarnos por el bien común y los cuatro principios básicos expuestos en dicho documento. Se trató, así, de una iniciativa orientada a construir la sociedad democrática post-conflicto que deseamos: aquella donde las diversas fuerzas y sectores políticos podamos convivir en conflicto sin aniquilarnos.

Los procesos implicados en estos objetivos se han venido alcanzando. El documento ha generado muchas adhesiones y también mucha polémica. Desde nuestra perspectiva es importante abrir brechas para desempantanar el contexto actual y lograr que la sociedad civil adquiera un protagonismo que desplace las soluciones militares.

¿Una negociación y solución electoral es todavía posible?

Frente al estancamiento y agudización de la persecución de los últimos días, la idea sigue siendo la de activar la vía política: estimular la emergencia de una solución negociada que nos permita avanzar en la gestión y paulatina resolución del deterioro exacerbado de las condiciones de vida de la población (incalculables, además, después del colapso eléctrico). Ello nos permitiría, además, evitar las amenazas de salidas armadas y de una intervención militar externa, que serían todavía más catastróficas.

La opción del diálogo está muy desacreditado por las experiencias anteriores en las que el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió acuerdos y utilizó dichos procesos para ganar tiempo. Efectivamente, las experiencias anteriores de diálogo estuvieron empañadas por mediadores que, como José Luis Rodríguez Zapatero, no resultaron legítimos ni confiables por tratarse de actores parcializados. De ese modo no hubo, en absoluto condiciones favorables para la negociación de un conflicto tan complejo. Hoy más que nunca, dada la escalada de la crisis y la gravedad de lo que está en juego, necesitamos, en cambio, un proceso de negociación con mediadores legítimos y confiable para todas las partes.

La idea del documento, además, es también apoyar el trabajo de países y grupos, como los del Grupo de Contacto Internacional, que están tomándose el tiempo para forjar una negociación que tenga una salida electoral convincente.

Los que estamos en el grupo de firmantes sabemos que una intervención militar no será, por ejemplo, como la de Panamá, caso que esbozan quienes apoyan salidas de intervención militar que denominan “quirúrgicas”. Los que conocemos situaciones post-conflicto y hemos leído alguna literatura sobre violencia y situaciones con este tipo de escenarios, evidenciamos que lo que viene después de la intervención militar es mucho peor e hipoteca un futuro de extremo sufrimiento: la infraestructura urbana completamente devastada; la destrucción institucional y el florecimiento de grupos armados en luchas armadas intestinas que hacen completamente ingobernable el país y extienden por décadas el padecimiento de la población civil.

Una salida electoral producto de la negociación que deseamos, no se puede dar bajo cualquier condición, pues se repetiría la experiencia de la elección presidencial de Nicolás Maduro en mayo 2018, considerada ilegítima por una extensa mayoría. Para llegar a una salida electoral tiene que darse una ardua negociación en la que se establezcan las bases de un órgano electoral imparcial que genere confianza en ambos sectores, es decir, que no sea favorable a Nicolás Maduro únicamente, como hasta ahora. Será importante renovar los miembros del Consejo Nacional Electoral para que sean legítimos y contar con observación internacional. Deberemos exigir que se garantice nuestro derecho a gozar de un proceso electoral transparente, auditable.

Una mayoría de venezolanos, desde todas las posiciones ideológicas imaginables, coinciden en la necesidad de un cambio. Esto es una evidente oportunidad. Si algo tememos los promotores del documento no es la permanencia del presente modelo, a todas luces inviable, sino que, como país, no hayamos aprendido de las amargas experiencias de los últimos años. Esto exige aprender de procesos históricos similares pero, sobre todo, reivindicar lo mejor de nuestras tradiciones democráticas y culturales; ese tejido de cooperación que la renta petrolera hizo materialmente posible durante muchos años así como aquellos procesos electorales que resultaron medios eficaces para dirimir nuestros conflictos.

Justicia en lugar de venganza

Ahora bien, más allá del proceso electoral como salida política a la crisis, la intensidad del debate que se ha abierto, las adhesiones, pero también los virulentos ataques y amenazas dirigidas a los firmantes, indican el profundo sufrimiento y la sensación de orfandad frente al abuso sistemático. Al igual que los colombianos, peruanos y chilenos, tendremos que pensar en espacios para propiciar el reconocimiento del dolor colectivo y la necesidad de reparación.

La extensión de los abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos en el marco de los Operativos de Liberación del Pueblo y luego por las Fuerzas de Acción Especial de la Policía FAES, así como la importante participación de agentes de las fuerzas del orden en estos abusos, exige robustas Comisiones de Verdad y procesos de justicia que impidan que estos agentes migren hacia organizaciones del crimen organizado en el país. Debemos comenzar desde ahora a formular estos espacios institucionales de justicia y reparación comenzando por las víctimas de las más graves violaciones de Derechos Humanos.

Frente a los grupos de civiles armados, como el de ciertos colectivos armados  será necesaria una combinación de estrategias que van desde la contención –que se logra con inteligencia policial y no con operativos militarizados— hasta sistemas de desmovilización, desarme e reinserción muy complejos, con una arquitectura complicada que esté determinada por un sistema de gradación de sanciones y eventuales amnistías como, por ejemplo, la  experiencia que se dio en Colombia a través de sus Acuerdos de Paz. La nueva élite gobernante deberá distinguir entre los jóvenes sin opciones de inclusión económica que han ingresado a grupos armados organizados como estrategia extrema de sobrevivencia, de aquellos miembros que hayan cometidos abusos sistemáticos.

Unidos en torno a la convivencia y la justicia

Consideramos que una vía fundamental para comenzar a detener la escalada de ira por los abusos experimentados y la necesidad de venganza por la orfandad institucional, es el establecimiento de procesos de justicia transicional y la constitución de una Comisión de Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. Para ello, necesitaremos del apoyo experto de organismos internacionales. Otros países de la región también pudieron sobreponerse a situaciones tan complicadas y conflictivas como la nuestra.

Pero ello exigió una sociedad civil movilizada y diversa que pudiese estar unida en torno a principios fundamentales como convivencia y justicia, reclamando además reparación y no repetición (no venganza). Fue preciso, también, que los implicados en los daños ocasionados diesen signos de buena voluntad para comenzar la interlocución.  Dada la experiencia histórica consideramos que no es una ingenuidad preservar la convicción de que los venezolanos también debemos clamar por justicia y no por venganza. Nuestro sencillo documento buscó, así,  inaugurar esos debates y movilizar a la sociedad civil en torno a  complejas discusiones y decisiones que garanticen una vida futura de convivencia y disfrute de Derechos Humanos en nuestro país.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

 

[1] Socióloga e investigadora Universidad Simón Bolívar. Miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN
[2] Sociólogo y coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos – PROVEA

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