Víctimas deben asesorarse y documentar casos tras inicio de investigación de la CPI

LA HUMANIDAD · 5 NOVIEMBRE, 2021 12:30

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Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez


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El anuncio sobre el inicio de una investigación formal del caso «Venezuela I» en la Corte Penal Internacional (CPI) es un primer paso de un largo proceso. Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, y Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, explican qué deben esperar las víctimas y sus familiares tras el anuncio que hizo el fiscal Karim Khan este miércoles 3 de noviembre.

«Este es el primer paso de un largo proceso; de aquí a que se tenga una sentencia pueden pasar años«, dice de entrada Alí Daniels sobre las primeras expectativas que se han generado después de la firma del memorando de entendimiento entre Nicolás Maduro, como jefe del Ejecutivo venezolano, y Karim Khan, fiscal de la CPI.

También aclara que no todos los casos se investigarán en la CPI. «La selección de cada caso obedece a un criterio jurídico, y si el caso brinda alguna convicción a la Fiscalía de que pueda lograr una sentencia condenatoria se investigará», sostiene el abogado y activista de derechos humanos.

Qué pueden esperar las víctimas

San Miguel y Daniels piden a las víctimas y familiares tener paciencia por un lado, pero también asesorarse con organizaciones porque las exigencias de la CPI son elevadas y cumple estándares más altos que cualquier otro organismo judicial.

«Que acudan a organizaciones que le puedan prestar asesoría, cómo preparar un caso ante la CPI. Usted tiene que mandar documentación que debe tener exigencias mínimas de la Corte y para eso es necesario que haya una asesoría», resalta el representante de Acceso a la Justicia.

Tener claro que no juzgará todos los casos

Desde Control Ciudadano señalan que no todas las expectativas se cumplirán, porque al juzgarse desde la CPI a los máximos responsables de los más graves delitos, no se procesarán necesariamente a todos los perpetradores de crímenes.

«Las expectativas de las víctimas son siempre tener sentencias favorables y en el caso de la CPI sentencias condenatorias contra todos los perpetradores, pero puede ocurrir que las personas que termine procesando la CPI en unos años, si ocurre, no fueron las que asesinaron con sus propias manos a tales o cuales víctimas, sino a los superiores en las cadenas de mando» aclara.

Los delitos que investigará

Además la investigación se centrará en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, que dentro del Estatuto de Roma están señalados: detenciones arbitrarias, las torturas, malos tratos y la violencia sexual a detenidos. Aunque no excluye la investigación de otros delitos de lesa humanidad, se centran principalmente en estos.

«Es muy preciso. La CPI tiene competencias en el caso Venezuela I para procesar, en caso que el Estado no adelante justicia, los crímenes graves de encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física de las personas, tortura, violación u otras formas de violencia sexual», añade Rocío San Miguel.

Para la presidenta de Control Ciudadano también abarca la competencia de juzgar delitos o crímenes de persecución contra un colectivo o grupo de personas identificables por motivos políticos que sean «perpetradas por autoridades civiles, fuerzas armadas, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes del gobierno».

La CPI juzgará aquellos en los que la justicia venezolana no lo hay hecho bajo el principio misma persona-mismo hecho, porque puede ocurrir que el Estado investigue el mismo caso, pero no a las mismas personas ni los responsables o mandos superiores.

«Un caso es el de David Vallenilla, allí el sargento que ha sido condenado parecería que no es el único culpable. Debemos recordar que la responsabilidad de los superiores ocurre cuando hay omisión o cuando no han entregado los culpables a la justicia, que ocurrió mucho tiempo después en este caso», ejemplifica San Miguel.

Oportunidad a la justicia nacional

Con Daniels coincide en que el memorando de entendimiento le abre una puerta a la justicia venezolana para investigar, pero con la diferencia de que deben hacerlo según los estándares internacionales en la administración de justicia y castigo a responsables.

«La oportunidad que le está dando el fiscal de la CPI a organismos distintos al Ejecutivo es para demostrar que son independientes. Entre ellos están la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Asamblea Nacional, que va a ser por un tiempo finito. Te estoy dejando que investigues, pero si no lo haces voy a pedir las órdenes de detención que tú estás procesando y lo voy a hacer contra los más responsables de los que cometieron los crímenes más graves», aclara.

Desde qué años

El director de Acceso a la Justicia añade que se trata de hechos desde el año 2017, pero que no excluye los de otros años como los de 2014, con los que se comprobaría que hay una sistematicidad para cometer estos delitos; en otras palabras se trata de un patrón o práctica habitual.

«El fiscal le está dando compás de espera al Estado que es juzgar de acuerdo con estándares internacionales que no ha hecho hasta ahora, que involucre a cadenas de mando, porque hasta ahora esto no ha ocurrido».

Cita por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales documentadas por Provea. De 2018 a 2019 se duplicaron y un año después, en 2020, se triplicaron.

Los dos motivos para celebrar el inicio de la investigación formal es que uno se demuestra la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país y dos, porque la fiscalía de la CPI tiene la convicción de que no se han sancionado a los responsables últimos de esos delitos, los más graves.

Primeras reacciones oficiales

Tanto San Miguel como Daniels rebaten lo que ha dicho el fiscal general de Venezuela designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, sobre la firma del memorando.

Saab aseguró que se investigará con medios de prueba que tiene la justicia venezolana, pero aún cuando eso puede ocurrir, la fiscalía de la CPI tiene la potestad de llamar a testigos, víctimas y de protegerlos. Si la persona no denunció en Venezuela por temor a su vida, tampoco excluye que se investigue, como aseguró Saab en una entrevista en Telesur este miércoles.

«Se olvida el Estado venezolano que el bien a defender es ma persona humana, una obligación que no ha cumplido desde 2017 para investigar quienes fueron los perpetradores», subraya San Miguel.

Y sobre el supuesto de que se reabran investigaciones de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, como sugirió el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, se haría en el tiempo cuando ella fue una agente del gobierno o el Estado venezolano.

«Bienvenido que se investiguen los casos de Luisa Ortega Díaz, pero ella lo hizo como fiscal general de este gobierno, decir que se van a investigar sus casos es decir que se van a investigar los casos del mismo gobierno», precisa Daniels.

Qué hará el gobierno

Daniels dice que el gobierno, como ya hizo al introducir un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares que impidió a la entonces fiscal Fatou Bensouda anunciar el inicio de la investigación formal, introducirán tantos recursos sean necesarios para alargar cualquier proceso.

Incluso con la oposición que tienen de entrada como consta en el memorando de entendimiento, donde el gobierno manifestó que no estaba de acuerdo con cerrar el examen preliminar.

«El gobierno va a pleitear la decisión del Fiscal ante la Sala e interponer un recurso que ralentice el proceso, para eso tiene costosos abogados que interpondrán tantos recursos ante la Sala como sean necesarios para dificultar la acción de la Fiscalía, como lo hizo en el caso de la señora Bensouda».

Primer paso positivo

Ambos celebran el inicio de la investigación porque como primer paso es un reconocimiento a que sí hubo crímenes de lesa humanidad, no se juzgaron a los responsables ni hay la voluntad de hacerlo ante la falta de independencia de Poderes en Venezuela.

«Que el gobierno reconozca que el fiscal de la CPI tiene la capacidad de supervisar lo que ocurre en el país es un enorme paso para las víctimas», afirma Daniels. San Miguel añade que «este es un camino muy largo, requiere constancia, estrategia jurídica que dé seguimiento en instancias internacionales y consolide pruebas en el caso interno».