Venezuela se quedó con el status “sin derecho a voto”, hasta tanto pague sus cuotas obligatorias como Estado Parte al Estatuto de Roma. Por tanto, no pudo hoy, 10 de diciembre. participar en la elección de los dos fiscales adjuntos, por periodo de 9 años, que trabajarán con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, alertó Provea.
La ONG, defensora de los derechos humanos, destacó que el gobierno de Venezuela tiene una deuda acumulada de 12.816.996 euros. Su último pago parcial fue el 26 de noviembre de 2018.
Explicó que las cuotas anuales de Venezuela son de aproximadamente 2.018.603 euros, lo que significaría que debe el equivalente a más de 6 años. Según el Artículo 112, parágraf,o 8 el derecho al voto se pierde por deber el equivalente a dos o más contribuciones anuales.
Los otros Estados morosos y, por tanto, sin derecho a voto son: Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Liberia, Surinam y Zambia.
“El Estado venezolano tiene el deber de cumplir con las obligaciones financieras con la CPI y debe cooperar de buena fe. Un primer paso para mostrar que tiene voluntad de cumplir con el Memorándum de Entendimiento es cubrir la deuda acumulada”, escribió Provea en su cuenta de Twitter.
Venezuela solo podía votar si presentaba entre jueves (9 de diciembre ) y viernes (10 de diciembre) una solicitud de extensión de voto a la secretaría mostrando que la mora “se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte”, según la misma norma que restringe la participación en las sufragios de las asambleas de Estados Partes.
La elección de dos fiscales adjuntos en lugar de uno solo, como ha sido hasta ahora, es una solicitud del nuevo fiscal Karim Khan para garantizar mejor representatividad geográfica y de sistemas legales.