Tribunal otorga libertad para la activista Vanessa Rosales

LA HUMANIDAD · 21 JULIO, 2021 17:35

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Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC


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Luego de más de nueve meses detenida y tras cuatro intentos de audiencia preliminar, la activista merideña Vanessa Rosales finalmente se enfrentó este 21 de julio al Tribunal Penal de Control Tercero del estado Mérida, que decidió este día otorgarle la excarcelación en el proceso que se le seguía por las acusaciones que se le imputaron de “aborto provocado”, “agavillamiento” y “asociación para delinquir”.

Así lo informó la ONG de defensa a los derechos humanos de las mujeres 100 % Estrógeno, que publicó en sus redes sociales imágenes con el momento en el que la trabajadora social andina era recibida por familiares y amigos, ya en libertad.

Diversas organizaciones feministas y de lucha humanitaria se hicieron eco de la información y manifestaron su satisfacción por el logro del equipo de defensa de Rosales. Muchos mencionaron que esta libertad es una reivindicación de la lucha por causas como la despenalización del aborto en situaciones de vulnerabilidad,

“Vannesa Rosales está libre gracias a Venus Faddoul (su abogada) y a todo el movimiento feminista de Venezuela que,-más allá de los defectos, trabajó unido para visibilizar este caso y la necesidad de que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en causales como la violación”, indicó la ONG Iniciativa por una Justicia Igualitaria.

Vanessa Rosales fue privada de su libertad por asistir a una adolescente de 13 años en una labor de aborto, luego de que la menor de edad fuese violada y embarazada por su agresor.

La activista fue detenida el 12 octubre de 2020, y desde el pasado 11 de enero recibió una medida sustitutiva para seguir en arresto domiciliario el proceso legal en su contra, en el cual se le imputan los cargos de “agavillamiento” -es decir, asociación criminal- asociación para delinquir y aborto inducido por tercero.

El 11 de enero de 2021, el Tribunal Penal de Control Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, otorgó medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad de arresto domiciliario a Vannesa Rosales, quien se encontraba detenida en el Centro Penitenciario de Mérida desde el 12 de octubre de 2020.

Ese día, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron su domicilio sin una orden judicial en la comunidad de Pueblo Nuevo, Mérida, y procedieron a su detención, acusándola de brindar información y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo a laa chica de 13 años que había quedado embarazada producto de una violación y cuya vida se encontraba en grave riesgo a causa de la gravidez.

Durante el allanamiento, le fueron decomisados su ordenador personal y material relativo a su labor en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El 14 de diciembre de 2020 fue cancelada la audiencia preliminar del caso contra Vannesa Rosales, sin que se fijara una nueva fecha para celebrar la audiencia.

El 14 de diciembre de 2020 fue cancelada la primera audiencia preliminar del caso contra Vannesa Rosales, sin que se fijara una nueva fecha para celebrar la audiencia.

El 22 de diciembre de 2020 la defensa interpuso un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Mérida, alegando que el plazo para formular la audiencia preliminar se había vencido. Los abogados de  Rosales fueron posteriormente informados por llamada telefónica de que el recurso había sido rechazado. Sin embargo, nunca recibieron una notificación oficial por escrito, según datos del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

El Observatorio alertó de que en los tres meses de detención arbitraria en el Centro Penitenciario de Mérida, la salud mental y física de Vannesa Rosales se deterioraron gravemente debido “al acceso limitado a medicación, así como a la ausencia de agua potable y a alimentación en el penal, los cuales tenían que ser proporcionados a diario por su familia”.

Mientras, el violador de la pequeña de 13 años, un hombre de 52 años identificado como Carlos Alberto Terán, fue liberado en menos de 48 horas después de su detención, pues no se pudo demostrar la flagrancia del delito.

De acuerdo a declaraciones del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, Terán está prófugo desde noviembre de 2020 cuando se emitió una orden de captura en su contra. Además, está solicitado por el Servicio Integrado de Identificación Policial (Sipol) y por la Interpol, que emitió una alerta roja en su contra.