Pese a que 10 días han transcurrido desde la detención de la doctora Maryori Medina en el estado Bolívar, poco se sabe de su caso. La única certeza es que se le imputan delitos informáticos, que su defensa no ha tenido acceso al expediente y que su proceso ha estado plagado de irregularidades.
Medina, quien es médico neumonólogo, fue detenida el pasado 6 de octubre por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en su residencia en Puerto Ordaz. Desde entonces, se ha violado el derecho al debido proceso de la sexagenaria.
En primer lugar, a Medina no se le presentó en los tribunales del estado Bolívar, sino que fue trasladada a la sede de la Dgcim en Caracas. Tampoco se realizó su audiencia de prensentación en el lapso de las 48 horas reglamentarias.
Pese a contar con un abogado de confianza, a Medina le designaron un defensor público. Por esta razón, la defensa privada de la neumonóloga no ha tenido acceso a los expedientes. Lo único que se conoce es que le fueron imputados delitos informáticos, sin más detalles.
“Aunque son pocos los delitos contemplados en la Ley contra los delitos informáticos, no se manejan cuáles le fueron imputados. Ni siquiera tenemos cuáles son los ordinales”, indicó a Efecto Cocuyo Patricia Borjas, abogada de Foro Penal capítulo Bolívar.
Detalló que el fiscal del Ministerio Público solicitó una medida cautelar de presentación para la doctora. Sin embargo, la juez que lleva el caso “tomó control” y decidió que Medina quedara privada de libertad en la sede de la Dgcim en Boleíta hasta que se realice su audiencia preliminar.
“Esta es la primera vez que se conoce tan poco de un caso”, explicó Borjas. Añadió que, desde la detención, la doctora solo fue vista el día de la audiencia de presentación. Desde entonces, no le han permitido recibir visitas en la Dgcim.
La defensa se mantiene a la expectativa de la audiencia preliminar y asegura que desconocen en qué lapso de tiempo se llevará a cabo, tras los atropellos al principio del proceso.
Medina fue detenida por aproximadamente 20 funcionarios de la Dgcim cuando se encontraba en su residencia en el conjunto residencial Florida Palace, ubicado en el Paseo Rotario de Puerto Ordaz.
Trabajó el sector público de salud pero, a pesar de estar jubilada, continuaba ejerciendo la medicina en una clínica privada del estado Bolívar. La médico es también abogada penalista egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, seccional de Guayana, y tiene dos hijos que viven actualmente en el exterior.
El pasado 7 de octubre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (OEA), Luis Almagro, exigió la “liberación inmediata” de la doctora y pidió al Gobierno venezolano dejar de atentar contra el Estado de derecho.
“Exigimos la liberación inmediata de la neumonóloga Maryori Teresa Medina Parra. Basta de atentados continuos al estado de derecho por parte de la dictadura venezolana”, escribió en su cuenta de twitter.
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