Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

10

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

María Alejandra Aristeguieta se quita el sombrero frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos que dieron testimonio a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

La internacionalista rememora las veces que, hace un tiempo, escuchó las vivencias de algunas de esas víctimas a las que acompañó en Ginebra, Suiza.

«Detrás de cada caso hay una cara, una persona de carne y hueso que a pesar de todo el sufrimiento, la precariedad y el viacrucis, el desamparo y la persecución, fue y dio su testimonio buscando justicia», insiste.

También, valora la perseverancia de «esa sociedad civil comprometida» que estuvo ahí con las víctimas para darles visibilidad a sus denuncias. Asegura que solo tiene, para todos ellos, palabras de «admiración, respeto y orgullo».

Sobre el informe de la Misión de la ONU, difundido el pasado 16 de septiembre, explica que su importancia recae en esas características que lo diferencia del resto de los informes que abordan la situación de DDHH en Venezuela en los últimos años.

Más tiempo, recursos y experticias

«Los informes anteriores eran para levantar la voz. Para decir: esto que está pasando en Venezuela es sumamente preocupante y debe parar. Para decir, Venezuela se tiene que poner a derecho, tiene que cumplir con los estándares a los que se ha sometido a través de los tratados internacionales«, señala Aristeguieta.

En cambio, desde su origen, la Misión tenía otro objetivo muy claro: identificar a los responsables de violaciones y crímenes, para adelantar camino a que rindan cuentas en un futuro.

La exrepresentante del Gobierno interino de Venezuela ante la Confederación de Ginebra refiere que, además, otros elementos elevan el nivel de este reporte: tiempo, recursos y conocimientos.

La investigación duró casi un año y analiza un período de tiempo más amplio, desde 2014 a 2020. Pero, además, la defensora de DDHH advierte que la capacidad que tenía la Misión para indagar era mucho mayor.

«Ellos tienen los recursos necesarios para llegar mucho más lejos, los recursos humanos y los recursos financieros con los que pueden establecer investigaciones y contactar a personas con mucha más diligencia», dice.

Eso les permitió además ir a la fuente primaria (las víctimas), así como «acceso a una información muy, muy privilegiada».

Señala que esta experticia les permitió ser muy descriptivos «porque están actuando como un fiscal que va a entregar la información a un juez».

A esto se suma el equipo con técnicos altamente especializados en la materia. La exembajadora agrega también que se usó una metodología internacionalmente aceptada, la misma que ha sido utilizada para otros países.

Informe de Bachelet

Aunque el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, ya daba indicios de que el Estado venezolano incurre en prácticas sistemáticas y generalizadas de violación de derechos humanos, María Alejandra Aristeguieta expone que «no contaban con las herramientas para poderlo decir abiertamente».

Precisa que la «doble función» de su Oficina «de supervisión y al mismo tiempo servir la Secretaría de apoyo, hace a veces muy difícil de ser determinante o ser muy exhaustivo».

Por eso, la importancia de las conclusiones de una misión independiente: que hay fundamentos creíbles para afirmar que el mandatario Nicolás Maduro y sus ministros cometieron crímenes de lesa humanidad.

La internacionalista destaca una declaración por parte de los miembros de la Misión: que la emigración venezolana está causada por el miedo a estas prácticas sistemáticas y generalizadas de terror en Venezuela, de persecución.

«Eso, sin decírtelo, está diciendo que no son las sanciones… que lo está pasando es todo culpa de este entramado criminal que han montado desde el poder», expresa tras recordar su cuestionamiento a que Bachelet señalara en su reporte que las sanciones exacerbaron la crisis venezolana.

Acelerar un enjuiciamiento

La defensora de DD. HH. comparte sus expectativas sobre que, cuando llegue a la Corte Penal Internacional (CPI), este informe acelere los tiempos frente a la posibilidad de un enjuiciamiento de los perpetradores de violaciones y crímenes en Venezuela. Recuerda que además los tres expertos principales de la misión son penalistas internacionales.

«Aquí se vuelve a abrir esa vía jurídica… Efectivamente el peso que tiene estos resultados, este informe, es todavía superior al peso que puede tener lo que haya entregado la sociedad civil venezolana y la Organización de Estados Americanos (OEA) porque es una Misión Independiente», añade.