Sociedad civil venezolana exige derogación de la providencia de registro por terrorismo y otros delitos

LA HUMANIDAD · 20 ABRIL, 2021 08:54

Ver más de

Efecto Cocuyo | @efectococuyo


¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

Las organizaciones de la sociedad civil  rechazan la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 el 30 de marzo de 2021.

A través de un comunicado que comenzó a difundirse este 20 de abril, señalan que constituye un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano.

Indican que la mencionada providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (Osfl), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas
constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen.

«Esto, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por ley especial», aclaran.

Señalan que la providencia -al establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel, por incumplimiento- pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

«Es una normativa sub-legal, que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano.

«Por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir; – omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres, autónomas e independientes; e impone la aplicación de sanciones abiertas por presunción de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, entre otras, multas, prisión y revocatoria de actividades».

Con base en estas consideraciones, declaran:

  • En primer lugar, la providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida. Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad.
  • Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales como ha venido ocurriendo durante los últimos años.
  • La providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación, cambiando su marco regulatorio actual que no admite ningún control previo, al imponer que las organizaciones de la sociedad civil estén sujetas al permiso y control del Estado y, por tanto, a la posibilidad de su revocación, faltando a sus obligaciones de garantizar el respeto y protección de todas las personas en su libertad para asociarse y constituir organizaciones con autonomía, independencia y capacidad para tener acceso a la cooperación nacional e internacional.
  • La providencia viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad. Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones.
  • Esta providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con el claro propósito de cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana.

Por consiguiente, dado que la aplicación de esta providencia administrativa es inaceptable y traería mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana, severamente afectada por graves violaciones de derechos humanos, la pandemia por COVID-19 y la emergencia multidimensional, 663 organizaciones civiles exigen su derogación inmediata y el cese, por completo, de las políticas de criminalización y persecución que cercenan el derecho de la sociedad civil a contribuir en las soluciones de los complejos y profundos problemas del país, lo cual demanda la apertura y el fortalecimiento del espacio cívico.

Aquí el comunicado completo y los nombres de las organizaciones que lo suscriben