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Desde que inició en Venezuela la cuarentena por el COVID-19, cuerpos de seguridad del Estado detuvieron al menos a cuatro personas con discapacidad.

A Luis Pérez Luna de 26 años edad, y con discapacidad cognitiva, lo arrestó la policía cuando protestaba por fallas eléctricas en El Tocuyo, estado Lara, el 8 de mayo. Estuvo 20 días preso y fue excarcelado con medidas cautelares.

En ese mismo estado, el 20 de mayo detuvieron a Giovanny Meza. El joven tiene una discapacidad física y padece de epilepsia. Convulsionó durante la imputación de los cargos y luego en la audiencia de presentación.

También en una protesta, esta vez por gasolina, apresaron a Edgar Flores en Churuguara, estado Falcón. El joven tiene síntomas asociados a trastorno esquizoide, una discapacidad psicosocial. Entre otros cargos, lo acusan de incitación al odio.

Más recientemente, el 18 de junio, el Cicpc encarceló a la Mimi Arriaga en El Hatillo, estado Miranda. A la periodista de baja talla se le dictó arresto domiciliario cinco días después.

Violaciones sistemáticas

El presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel de Gouveia, alertó sobre la violación de derechos «de manera sistemática y generalizada en el país» contra quienes tienen alguna discapacidad.

Señaló que el Estado venezolano «no les garantizan sus derechos fundamentales constitucionales» incluyendo la legítima defensa y el debido proceso.

De Gouveia explicó que las personas con discapacidad requieren de adaptaciones, como la intervención de un intérprete de Lengua de Señas en el caso de personas sordas, o en los casos de discapacidad intelectual, la intervención de un especialista en psicopedagogía, «para transmitir la situación jurídica en la que se encuentra la persona que ha sido detenida de manera arbitraria».

Recalcó que es fundamental que estos ciudadanos comprendan su situación, «por lo que esa información debe ser transmitida por el especialista como intermediario entre el detenido y su abogado».

El activista por los DDHH agregó que cada Circunscripción Judicial Penal o Circuito Judicial, debería contar con defensores especialistas en materia de discapacidad y un equipo multidisciplinario que garantice el trato adecuado a estas personas, así como su derecho de estar informado en todo lo que se le investiga.

Sin protocolos de atención

La investigadora de la Universidad Simón Bolívar (USB), Baroska Bravo,  coincidió en señalar que se han evidenciado múltiples vulneraciones de derechos contra esta población. .

La profesora de la Unidad de Políticas Públicas de la USB manifestó que los defensores de derechos humanos trabajan para que exista un protocolo de atención a este sector de la población  al momento de una detención y durante el desarrollo del proceso judicial, para que se cumpla ante la ley.

Cuestionó que no exista una mejor capacitación particular sobre estos temas para funcionarios de los cuerpos de seguridad y personal de los tribunales. Mencionó que la Defensoría del Pueblo tiene una oficina especial que se encarga de asistir este tipo de casos, pero se mostró escéptica sobre su operatividad.

Bravo advirtió que en Venezuela no existen suficientes asociaciones civiles u organizaciones que puedan brindar apoyo a las personas con discapacidad en estas circunstancias, lo cual potencia una mayor vulneración a sus derechos.

Sin infraestructura ni personal

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Beatriz Girón, recalcó que en el país no existe la infraestructura ni el personal con el conocimiento necesario para albergar a privados de libertad con alguna discapacidad, para que se garantice el resto de sus derechos.

Señaló que las condiciones son aún más desfavorables en calabozos policiales con un hacinamiento crítico: «Se les está llevando a que empeore su condición», dijo sobre la población reclusa con discapacidad en estos centros de detención preventiva.

Girón citó un caso de un joven parapléjico que está detenido en la cárcel del Rodeo III. Desde hace cuatro años se ha solicitado una medida humanitarias sin obtener respuesta.

Hay algunas discapacidades que hacen incluso que algunas personas sean inimputables de delitos y citó el caso del joven Luis Pérez en Lara.

Consideró que, de acuerdo al caso, si se determina que no hay peligro de fuga, a quien tiene alguna discapacidad podría otorgársele al detenido una medida alternativa mientras se desarrolla por ejemplo el juicio y se le mantiene bajo supervisión.