La privación de libertad por supuesta instigación al odio y agavillamiento impuesta contra dos adultos mayores a los que acusan de haber desplegado una pancarta en contra de la administración de Nicolás Maduro en La Guaira, estado Vargas, pone bajo la lupa las actuaciones del gobierno contra quienes opinan distinto.
Y es que las privativas de libertad contra los disidentes es una característica de la administración chavista en sus dos décadas de gobierno en Venezuela. Actualmente la organización Foro Penal contabiliza al menos 240 personas tras las rejas, según su último balance emitido el pasado 16 de febrero.
Pese a que el número de detenciones arbitrarias ha disminuido desde el año pasado, las persecuciones y el amedrentamiento siguen ocurriendo en el país durante los primeros meses de este 2022.
Dos adultos mayores imputados por protestar
Una de las más polémicas hasta el momento fue la de los ciudadanos Juan Blanco, de 66 años, y Jesús Echarry, de 68 años de edad, quienes este 17 de febrero fueron excarcelados, tras una privativa de libertad que pidiera el Tribuna Primero de Control del estado Vargas.
A Blanco y Echarry los detuvieron el pasado 12 de febrero en La Guaira. El Ministerio Público consideró que los dos adultos mayores habrían incurrido a la instigación al odio por el hecho de haber presuntamente desplegados una pancarta en apoyo a la libertad de Venezuela.
Su abogado Carlos Guaita desmintió la acusación al señalar que los dos ciudadanos no desplegaron el panfleto y que tampoco fueron encontrados infraganti, ya que los dos hombres fueron detenidos mientras hacían compras en un mercado de La Guaira.
Guaita señaló que los elementos de convicción llevados a la audiencia de presentación de los imputados no comprometen la responsabilidad de sus defendidos por los delitos de los que se les acusan.
Sin embargo, los dos hombres fueron excarcelados con medidas cautelares, a pesar de que la protesta pacífica no constituye un delito en el país y la Constitución, en su artículo 68 la establece como un derecho.
Echarry y Blanco deberán presentarse ante el Tribunal cada 15 días. Aunque su abogado no está satisfecho con la decisión agradecen que los dos adultos mayores estén en libertad parcial.
Detenciones en Barinas
La repetición de las elecciones en el estado Barinas también estuvieron marcadas por algunas detenciones. El Foro Penal reportó que al menos cuatro personas fueron detenidas durante el disputado comicios del estado llanero.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) registró que el 9 de enero los funcionarios del Plan República detuvieron de forma arbitraria al director de ambiente de la alcaldía de Cruz Paredes, José Mejías, y al síndico procurador de esta localidad, Rito Gulfo, en Barinas.
Los funcionarios públicos quedaron privados de libertad por decisión del juez de Control 2 del Circuito Judicial Penal de Barinas. Ambos fueron aprendidos por reclamar el voto asistido de simpatizantes del oficialismo.
A Mejías y Remigio Gulfo se les imputaron “delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y por agavillamiento de acuerdo con el Código Penal”, según indicó la abogada del Foro Penal en la entidad Luisa Quintero.
La tercera persona a quien apresaron durante la jornada electoral fue a un activista del partido político Voluntad Popular, Alexander Mairober.
El cuarto detenido fue Rafael Eduardo Regalado Molina, quien fue apresado en el centro de votación Andrés Eloy Blanco, de la parroquia Alto Barinas y fue señalado de cometer delito electoral al presuntamente fotografiar el voto, pero fue liberado tras verificar que Regalado Molina no había tomado fotografía al voto.
Persecuciones
Solo en diciembre de 2021, la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró al menos 17 casos de persecución y criminalización que fueron ejercidos por funcionarios de la administración de Maduro, contra trabajadores de la comunicación y personalidades políticas del país.
Últimamente quienes se han quejado por ser víctimas de persecuciones y hostigamientos son algunos miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quienes además denunciaron el asesinato en el pasado mes de enero de uno de sus líderes en el estado Apure y señalaron a un Guardia Nacional de haber amenazado al líder comunista antes de su muerte.
La organización política aseguró que había una persecución contra el dirigente Franklin Rodríguez, quien participó como candidato a la alcaldía de Puerto Cabello.
En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan determinó que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes que son competencia del tribunal internacional en Venezuela. Por esta razón, decidió cerrar el examen preliminar, que estaba en curso desde 2018, y abrir formalmente la fase de investigación.
Khan recientemente otorgó al Estado venezolano tres meses, hasta el próximo 16 de abril de 2022, para que informe sobre las investigaciones que adelanta sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el país.