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«Concentración de las togas». El próximo jueves, 26 de septiembre, los trabajadores del poder judicial se reunirán frente a los tribunales contenciosos, en el edifico Impres, de El Rosal para protestar. 

La Federación de Trabajadores Tribunalicios y la Asociación de Jubilados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) convocaron este lunes, 23 de septiembre a la “concentración de las togas” bajo el lema de «la dignificación del jubilado«.

Se trata de una lucha común a todos los trabajadores del sector público, por lo que el sector judicial extendió la invitación a todos los trabajadores que quieran rechazar la situación económica que se vive en el país, para que participen.

Xiomara Tovar, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la DEM dijo que «un juez superior jubilado de alta categoría, como lo es la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, gana Bs. 116 mil después de 30 años de servicio, postgrado y experiencia laboral».

“En mi caso trabajé 23 años y mi sueldo es mínimo, después de dar toda mi vida al sistema de justicia”, confesó.  

En el caso de los trabajadores activos del poder judicial, un analista profesional de tercer grado, el cargo más alto que deben poseer los abogados para calificar como directores de circuito judicial, tiene un salario de Bs. 159 mil, lo cual constituye 0,006% de la canasta alimentaria familiar en el mes de septiembre.

Sin embargo, este no es el caso de todos los trabajadores del sector judicial. Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios reclamó que los “magistrados actuales del chavismo” cuentan con escoltas, vehículos blindados, casas lujosas y comidas servidas por mesoneros en el tribunal, todo pagado por el Estado.

En contraposición, dijo, que los funcionarios comunes ya ni siquiera gozan del derecho a la alimentación, ya que sus comedores laborales fueron eliminados del presupuesto de la DEM a principios del 2019.

Negrín aseguró que los empleados del poder judicial han perdido sus derechos laborales, la seguridad social, y que los bonos que les asignan han sido devaluados.

“Nos pagan quince mil bolívares de prima por hijo y 3 mil bolívares mensuales por la prima de  transporte”-sostuvo.

De acuerdo con Negrín,  esto ha llevado a que muchos funcionarios se sumen a la diáspora y que los pocos que queden sean obligados a cubrir vacantes, a veces trabajando tres veces más, sin obtener ningún incremento salarial.

“Eso repercute en el ciudadano común que asiste para un servicio de calidad”, advirtió Negrín.

Marcharán a pesar de las amenazas

La última semana, Emilio Negrín ha recibido amenazas de muerte mediante mensajes de voz anónimos a su teléfono. El viernes pasado, después de  una rueda de prensa que ofreció la Coalición Sindical Nacional haciendo una denuncia pública sobre las injusticias salariales, unos funcionarios del servicio nacional de inteligencia Sebín,  intentar detener a Negrín y a otros sindicalistas del poder judicial. Sin embargo, el tumulto de personas impidió que se los llevaran.

No hay justicia para los trabajadores

César Mora, coordinación de asuntos jurídicos de la Coalición Sindical, dijo que “Las inspectorías del trabajo se han convertido en sedes políticas del PSUV”, cuando deberían proteger al trabajador y a los sindicalistas.

De acuerdo a la coalición sindical, 1.616 casos denunciados por los trabajadores han permanecido sin decisión de los tribunales en la judicatura, mientras que en la inspectoría de trabajo hay cinco mil casos sin atender.