Qué ha dicho el primer ministro de Trinidad y Tobago sobre migración venezolana

LA HUMANIDAD · 15 FEBRERO, 2022 12:37

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, dijo el pasado 11 de febrero que la orden de la Guardia Costera de disparar a una lancha llena de migrantes venezolanos fue «razonable y profesional«. El tiroteo ocurrió el 5 febrero y en él resultó asesinado un bebé de un año, en lo que el gobernante calificó como «accidente». Sin embargo, estas no han sido las únicas declaraciones controversiales de Rowley sobre la ola migratoria. 

El país caribeño alberga cerca de 34 mil venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como RV4, y algunos siguen llegando a las costas trinitenses en precarias embarcaciones. Frente a ello, Keith Rowley ha mantenido un discurso que distintas organizaciones humanitarias han acusado de antimigrante. 

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En varias ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha mostrado preocupación por la situación y exhortado a Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso de venezolanos, en especial aquellos que buscan asilo o protección debido a la crisis económica, social, política y sanitaria de su propio país. 

Durante su gestión, las declaraciones del primer ministro trinitense no han cambiado el tono. Las siguientes son las oportunidades en las que expresó públicamente su rechazo a los migrantes venezolanos.

«Un campo de refugiados» en 2018

De acuerdo con los datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, la ruta migratoria marítima desde Venezuela hasta las islas de Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago y Bonaire se formó en el año 2013 y se volvió más activa entre 2018 y 2019. 

En 2018, Rowley expresó públicamente su posición respecto a la llegada de cientos de venezolanos sin papeles a territorio trinitense. En abril de ese año, 82 de ellos fueron deportados, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. Esta medida empezó a recrudecerse desde esa fecha. 

«Este país no permitirá que las Naciones Unidas (ONU) ni ningún otro organismo internacional lo convierta en un campo de refugiados«, dijo el político, el 27 de abril, en una rueda de prensa. 

Ese día hizo mención de las deportaciones y criticó a Estados Unidos, en conjunto con otros países receptores de migrantes. Aseguró que la actuación de Trinidad y Tobago no representaba nada «fuera de lo común», debido a que se registraban «haitianos enviados todos los lunes por la mañana de países desarrollados con más recursos que nosotros».

«Un asalto a la isla» en 2020

El 22 de noviembre de 2020 deportaron a un grupo de venezolanos desde Trinidad y Tobago: eran 27 personas. Y entre ellos había 16 niños, incluido un bebé de cuatro meses. Las autoridades trinitenses los enviaron de vuelta al mar y, en el trayecto, el motor de la lancha se dañó, lo que ocasionó que navegaran durante 48 horas sin rumbo, hasta que por orden de un tribunal los devolvieron a la isla.

El caso lo criticaron duramente desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el comisionado para los Migrantes y Refugiados Venezolanos. En respuesta, Rowley culpó a la OEA de «desencadenar y alimentar la actual situación venezolana». 

“Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas y sin rostro armadas con niños inocentes, para intentar obligarnos a aceptar su comprensión del ‘estatuto de refugiado y tratado internacional’ donde se debe esperar que una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas mantenga las fronteras abiertas a un vecino de 34 millones de personas incluso durante una pandemia», expresó el primer ministro. 

Afirmó que su gobierno resistiría todos los esfuerzos de quienes pretendiesen «forzar la apertura de las fronteras a través de la inmigración ilegal».

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Amnistía Internacional (AI) y otras 17 organizaciones sin fines de lucro dirigieron una carta abierta a Rowley en el que recordaron que los venezolanos huyen de graves violaciones a los derechos humanos. 

«Significa que seguirán buscando protección/asilo internacional fuera de su país, incluso en una pandemia«, reza el documento. 

El político trinitense comentó que aceptar abrir las fronteras bajo la excusa de una acción humanitaria, sería lo equivalente a permitir la entrada a «a todos los migrantes económicos, traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas y líderes y/o miembros de pandillas sudamericanos». 

Reacción frente a la tragedia de Güiria

En diciembre de 2020 naufragó la embarcación Mi Recuerdo, que salió desde Güiria, un pequeño poblado del estado Sucre, con 41 pasajeros a bordo y destino a Trinidad y Tobago. Solo se hallaron 34 cuerpos días después, entre ellos ocho niños y niñas. De las siete personas restantes aún no se conoce el paradero. El suceso conmocionó al país y levantó las alarmas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

En primeras declaraciones, el ministro del país caribeño comentó que existía una narrativa falsa sobre los hechos ocurridos. Desestimó la versión de que la embarcación hubiera llegado a las costas trinitenses y fuera devuelta por la guardia costera.

“Estos mentirosos que operan en Venezuela y en Trinidad y Tobago ahora saben que deben ser responsabilizados penalmente, no solo por alentar a los venezolanos a violar la ley al intentar penetrar nuestras fronteras, sino por organizar físicamente su peligroso transporte y recepción ilegal”, afirmó Rowley.

Estas palabras se consideraron insensibles por la opinión pública. El 17 de diciembre de 2020, el primer ministro de Trinidad y Tobago rectificó sobre el naufragio y emitió disculpas públicas.

Críticas a la OEA

El 6 de enero de 2021, el gobierno trinitense expresó que la OEA generaba una “continua campaña de desinformación en un intento deliberado de empañar el buen nombre de la reputación de Trinidad y Tobago” cuando se cumplían semanas de la Tragedia de Güiria, según reportó el diario Jamaica Observer.

En febrero del mismo año, Human Rights Watch (HRW) rechazó las relaciones entre la gestión de Rowley y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En un comunicado, indicó que “el gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas”.

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«Una acción legal» en 2022

En hechos recientes, el 5 de febrero de 2022 un grupo de migrantes venezolanos intentó entrar en territorio marítimo trinitense de forma ilegal. La Guardia Costera de la isla abrió fuego contra la embarcación, dejando un saldo de una mujer herida y un niño de un año asesinado. Se trató de Darielvis Sarabia y su hijo, Yaelvis Santoyo Sarabia.

“Transmití nuestro más sentido pésame a la familia y a la comunidad venezolana en general en este momento de dolor por la pérdida de la vida del niño pequeño, en el mar, durante las operaciones de seguridad que involucraron a la Guardia Costera de Trinidad y Tobago y a los traficantes que transportaban personas ilícitas”, dijo el primer ministro de Trinidad y Tobago sobre el caso.

Condena de la ONU

Sin embargo, luego de que varias organizaciones condenaran el hecho, incluyendo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y Unicef, el ministro volvió a declarar a los medios. 

«Esa acción legal, esa acción apropiada para defender a Trinidad y Tobago, resultó en la muerte de ese niño y en ser llamado asesino. Lo rechazo, lo rechazo, y lo rechazo», dijo en una rueda de prensa. Su justificación ante las acciones de la Guardia Costera es que la nave donde iban 20 venezolanos desarmados pudo «haber transportado cualquier cargamento de armas, municiones o asesinos». 

«Las acciones históricas de Trinidad y Tobago han sido de deportación, ataque, lanzar naves a altamar. La de las autoridades de ese país es una incomprensión de las razones por las que se está materializando la migración venezolana, producto de una emergencia humanitaria compleja donde no hay certeza de un presente mejor», explicó Carlos Trapani, abogado y coordinador del servicio jurídico de Cecodap, a Efecto Cocuyo

Sin justificación alguna

Este y otros expertos legales en Venezuela insistieron en que no hay ninguna ley que justifique disparar contra un grupo de personas en alta mar sin motivo claro, como aseguró el primer ministro de Trinidad y Tobago.

«Nada justifica la agresión con arma letal contra una embarcación civil, aunque se encuentre en aguas territoriales de otro Estado», expresaron desde Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).