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El instituto checo de derechos humanos Casla, que ha presentado varias denuncias por torturas contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), ha pedido hoy a ese tribunal que envíe una “misión sobre el terreno” para recabar datos para su investigación.

La directora de ese centro especializado en América Latina, la venezolana Tamara Sujú, explicó a Efe que la solicitud de esa misión se debe a que las torturas “han sido reincidentes” en el caso de algunas personas.

Este procedimiento es algo permitido en el examen preliminar que realiza la CPI para “las consultas necesarias con autoridades competentes y partes interesadas (familiares y ONG)”, añadió la abogada.

Sujú, actualmente con asilo político en la República Checa, ha presentado desde mayo de 2016 cuatro pliegos con denuncias de torturas presuntamente sufridas por más de 600 personas.

La abogada entregó hoy en la CPI un quinto pliego con 16 nuevas incidencias de torturas que afectan a 44 víctimas directas, sobre todo militares y algunos civiles relacionados con ellos.

Recordó que en este momento hay en Venezuela 82 militares encarcelados y aseguró que la mitad de ellos han sido torturados.

Sobre el nuevo pliego, Sujú precisó que “en varias incidencias prevalecen el crimen de violencia sexual, con una violación y varios intentos de violación”.

Esta violencia, que consiste en poner alfileres y otros objetos de metal en pezones o testículos de los detenidos o rajarles las plantas de los pies, se utiliza “para obtener acusaciones falsas contra militares y líderes de la oposición”,dijo.

También se han entregado tres denuncias sobre desaparición forzada de personas, así como contra la “nueva cadena de mando” responsable de torturas durante 2018.

EFE

Foto archivo

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