El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) exhortaron al Estado a fortalecer la prevención para evitar casos de abuso sexual contra menores, tras la presentación de un libro sobre la violencia contra la juventud difundida este jueves.

“El Estado debe enfocarse en la prevención, porque nuestro trabajo como sociedad, como Estado, nuestro trabajo de corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes debe ser prevenir (…) evitar que sucedan porque daña profundamente sus vidas”, indicó Angeyeimar Gil, investigadora de Redhnna, en la presentación del libro “Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela”.

Gil sostuvo que la crisis y la “desestructuración en las familias” provocan que haya más casos de abuso sexual, por lo que cree que se debe impulsar la acción del Estado.

“La educación es una base para nosotros, para poder reconstruir cómo entendemos a la sociedad y cómo nos relacionamos en la sociedad los niños, niñas y adolescentes con los adultos. La educación para una sexualidad integral es un pilar obligatorio”, apuntó.

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Asimismo, dijo que para prevenir la violencia sexual y basada en género se debe fortalecer el sistema de protección, contar con recursos humanos y económicos, con programas y formación constante.

La investigadora señaló que actualmente el sistema de Justicia está en “muy malas condiciones” para poder enfrentar todos los casos de violencia, por lo que llamó a los organismos públicos a trabajar de manera colaborativa para evitar la revictimización.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela ha contabilizado 7.165 casos de abuso sexual contra menores desde agosto del año pasado, cuando comenzó el programa “Pedofilia es Crimen”, para combatir este flagelo, según informó el miércoles el fiscal general, Tarek William Saab. (https://chacc.co.uk/)

 Asimismo, dijo que por este delito han sido imputadas 2.317 personas y 1.355 ya han sido condenadas.

Ante estos datos, el fiscal anunció la creación de una “macro Fiscalía” con competencia nacional para proteger la integridad sexual de los jóvenes e “incrementar la capacidad” de atención del Ministerio Público, así como la defensa de las víctimas. 

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