Instan a organizaciones de la sociedad civil a permanecer unidas frente a los ataques

LA HUMANIDAD · 29 JULIO, 2021 12:00

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María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin


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Durante este 2021 los ataques contra organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno de Nicolás Maduro, se agudizaron. Así lo han denunciado distintos activistas y defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.

Solo entre enero y junio de este año hubo 434 persecuciones o actos de criminalización contra asociaciones y personas que la administración chavista considera como “enemigos” u “adversarios”, asegura un reciente informe del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). El estudio advierte que la cifra representa un subregistro.

La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, dijo a Efecto Cocuyo que en el caso particular de las ONG los ataques se han incrementado porque hoy en día estas organizaciones se han hecho más visibles y están en la primera línea de defensa de los derechos humanos de la población.

Este año voceros gubernamentales señalaron y hostigaron públicamente a organizaciones defensoras de DDHH, que trabajan por el derecho a la salud o que promueven la creación de redes de activistas, entre otras.

A juicio Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), “a un gobierno autoritario como el de Nicolás Maduro, que realiza un gran esfuerzo por ejercer el máximo control social, le es incómodo que haya organizaciones que reivindiquen su autonomía”.

Explicó que “cuando esta presión y este esfuerzo por controlar le resultan insuficiente, recurren entonces a la represión, al desprestigio, al hostigamiento y a colocar la mayor cantidad de obstáculos”.

El rol de las ONG

El abogado señaló que, en cualquier sociedad del mundo, las organizaciones no gubernamentales expresan los diversos intereses de la población y son una forma de asociarse para ayudar a transformar situaciones negativas para construir espacios y reivindicar derechos.

Incluso las Naciones Unidas reconocen el importante rol de las ONG y consideran que los gobiernos tienen el papel de facilitar que las personas puedan asociarse y que ambos actores trabajen articuladamente.

“Pero en el caso venezolano, con Maduro, prácticamente no hay esa articulación en lo más mínimo”, expresó el excoordinador general de Provea.

Añadió que, en cambio, el gobierno solo se asocia con “organizaciones muy gubernamentales”, que “son creadas como unas fachadas para seguir oprimiendo, para perseguir y para defender sus intereses autoritarios”.

La persecución a las organizaciones, dijo Alvarado, puede ocasionar que estas asuman una posición “menos crítica” frente al Estado y empiecen a autocensurarse en sus denuncias y reclamos. Esto bajo la premisa si asumen un “bajo perfil” no van a ser reprimidas, “como una forma de sobrevivencia”.

Beneficiarios afectados

Otra posible consecuencia es que las organizaciones se debiliten, en términos cuantitativos, porque sus integrantes se sienten intimidados y prefieran no seguir trabajando en la asociación o incluso se vean en la necesidad de salir del país.

“Eso termina afectando no propiamente a la organización sino a las personas que son sus beneficiarias”, explicó el integrante de Provea.

Indicó que si una organización defensora de los derechos humanos se debilita, especialmente en un país donde hay graves violaciones a estos derechos y con una Defensoría del Pueblo de espaldas a la población, entonces disminuye la posibilidad de apoyar a víctimas y aumenta la impunidad, porque hay menos denuncias.

Paradójicamente, agregó el abogado, el hostigamiento también obliga a las organizaciones a articularse más para que las respuestas sean cada vez más colectivas, tengan mayor fuerza en la medida en que coordinan sus acciones. En que la resistencia no sea individual sino de un conjunto de organizaciones a nivel nacional o estadal o en un municipio.

“Para las organizaciones un mensaje de resiliencia, sobre la importancia de fortalecer nuestras redes, de acompañarnos en un momento donde se busca cerrar el espacio cívico y donde debemos seguir ejerciendo nuestros derechos… tratemos de no caer en una política de silencio sino seguir alzando nuestra voz”, expresó Beatriz Borges de Cepaz.