ONG condenan persecución, detenciones arbitrarias y privación de libertad de adolescentes - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 28 ENERO, 2019 18:26

ONG condenan persecución, detenciones arbitrarias y privación de libertad de adolescentes

Texto por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez

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Terrorismo, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Esto son tres de los delitos que a cuatro adolescentes les imputaron en el estado Amazonas, después de arrestarlos y privarlos de libertad por las protestas contra Nicolás Maduro el pasado 23 de enero.

Dos de ellos son indígenas de la comunidad jivi del Alto Orinoco. A uno que iban a imputar lo dejaron en libertad, después de que la Fiscalía en Puerto Ayacucho constatara que tenía una costilla rota de la golpiza que recibió de funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El coordinador del Foro Penal en esta entidad del sur del país, Olnar Ortiz, dijo a Efecto Cocuyo que entre los privados de libertad está una jovencita de 14 años.

“A todos los arrestaron el 23 de enero en las inmediaciones de la protesta, ni siquiera fue en la protesta como tal. En un principio agarraron a mucha gente, incluso los torturaron, el caso muy particular de uno al que le fracturaron las costillas, pudo salir el 24 (de enero) porque la Fiscalía fue al Desur (Destacamento de Seguridad Urbana) que era el sitio de reclusión donde lo tenían y pudo corroborar y constatar que tenían muchas lesiones y torturas. Por eso sacan sin presentación a uno de los muchachos”, destacó.

Pero los casos se multiplican en otras regiones. La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) se pronunció este lunes, 28 de enero.

Detalló que hasta el 26 de enero tenían conocimiento de 15 adolescentes bajo arresto. De esa cifra 11 solo correspondían a Yaracuy, mientras que los otros cuatro estaban en Apure.

“Y en todos los casos hay muestras claras de golpes y diversas formas de maltrato físico y trato humillante. Así mismo, de 791 personas arrestadas para esa fecha en todo el territorio nacional, 72 eran menores de edad. En varios de estos casos se les mantuvo incomunicados y se pidieron fiadores para poder liberarles”, denunció la Red.

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Violación del debido proceso

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, manifestó su rechazo a estas prácticas que son un patrón que se repite desde las protestas del año 2017.

“De los reportes que hemos tenido por ONG de derechos humanos vemos que hay patrón de incumplimiento de lapsos, imputaciones a adolescentes sin respetar los criterios mínimos de edad para adolescentes, imposición de fiadores, en general una violación del Estado de derecho para estos adolescentes”, alertó.

Condenó la opacidad oficia sobre las cifras de detenciones e imputaciones, pero que además organismos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, no hayan emitido un pronunciamiento sobre estas arbitrariedades.

También pidió investigar el uso de niños y adolescentes en protestas violentas.

“Si hay un uso, manipulación y engaño eso tiene que ser sometido a investigación, cualquier uso utilitario de los niños con fines violentos debe ser investigado y sancionado, si un adulto usa a un niño para generar violencia, esto debe ser investigado”, añadió.

Uso de delación en barriadas

El responsable de comunicaciones de Provea, Inti Rodríguez, también mostró su rechazo a los allanamientos ilegales que han ocurrido después de las manifestaciones.

Estas se dan por parte de las Fuerzas  de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que acuden a sitios puntuales a llevarse a personas que previamente han sido acusadas por afectos del chavismo.

“Se repiten los allanamientos ilegales de viviendas, pero a diferencia de 2017 ya no son en lugares públicos o autopistas. Ahora son en sectores pobres, donde hay violación del debido proceso, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos. Hemos recibido (en Provea) denuncias de tortura, traslados a centros de detención de máxima peligrosidad, desaparición de detenidos. El gran grueso de detenidos son habitantes pobres del país, donde las Faes realiza allanamientos posteriores a las protestas”.

Rodríguez condenó que el chavismo haya perfeccionado el control social, al usar a los consejos comunales o miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en barriadas para denunciar a sus vecinos.

“Los cuerpos de seguridad, especialmente las Faes, aplican allanamientos y detenciones de manera selectiva, incluso con listas elaboradas por consejos comunales y seguidores del Psuv; es uno de los patrones que ocurre mucho. Esto refleja como la dictadura ha ido sofisticando estos mecanismos de inteligencia social, ha ido involucrando a civiles vinculados al partido de gobierno a trabajo de inteligencia, delación y represión”.

77 a anexo de La Pica

En Monagas, la abogada del Foro Penal, Cielo Karina Defendini, detalló que durante las protestas del 22 y 23 de enero en Maturín apresaron a tres adolescentes. Los dejaron bajo medidas cautelares el fin de semana, incumpliendo lapsos de presentación y sin respetar el debido proceso.

“Los tres tienen medidas cautelares de presentación, quedaron bajo resguardo de los papás, tienen el compromiso de inscribirse en programas estudiantiles y prohibido participar en manifestaciones o algún hecho de alteración del orden público”, fue la advertencia del juez so pena de encarcelarlos si incumplen estas exigencias.

En esta región del oriente del país, 77 personas fueron imputadas y privadas de libertad. Fueron presentadas en tribunales y mayormente son jóvenes universitarios y casos como el de la educadora de 24 años, Aurora Guadalupe Suárez Lanz. Tiene una hija de un año y junto a casi 50 detenidos fue imputada de delitos como:

?  Instigación al odio

♦️  Obstaculización de la vía pública

? Alteración del orden público

♦️  Asociación para delinquir

? Uso de adolescente para delinquir

♦️ Emisión de gases que dañan la atmósfera (delito ambiental)

? Incendio

♦️ Desvalijamiento de vehículos

? Lesiones graves

Los imputados fueron enviados al Centro de Formación para el Hombre Nuevo Nelson Mandela, un anexo de la cárcel de La Pica en Maturín que está bajo el nuevo régimen penintenciario.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció más temprano que a la mayoría de estas personas le raparon la cabeza y al entrar a este recinto los obligaron a cantar consignas a favor de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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