La diputada Delsa Solórzano, de oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró a Efe que ha recibido al menos 1.032 denuncias de personas que sufrieron “abusos” durante los megaoperativos policiales conocidos en el país como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP).
Este total de casos fue registrado durante el año 2016 y hasta el 1 de diciembre pasado por la comisión de Política Interior del Parlamento, una instancia presidida por Solórzano, que aseguró que desde entonces ha habido “muchísimas más” denuncias, sin especificar un número.
La opositora explicó que este balance incluye decenas de heridos, de personas a las que les han allanado su vivienda sin orden judicial, de otras que han sufrido “robos” durante estos operativos, y una lista de varios asesinados, de los que, apuntó, ninguno poseía antecedentes penales ni orden de aprehensión.
Remarcó que al menos tres menores de edad fueron asesinados por funcionarios policiales, entre ellos una niña de 5 años en Caracas, y estimó que la cifra de ajusticiamientos extrajudiciales durante el 2016 fue “cercana” a 300 víctimas.
Solórzano señaló que los casos de supuestas violaciones de derechos humanos han ocurrido en todo el país, aunque subrayó que las OLHP son más frecuentes en las barriadas.
Por su parte, la diputada y expolicía Yajaira Forero recordó que Venezuela registra “muchos delitos” a diario pero, consideró, “los funcionarios policiales están actuando de una manera ilegal e inconstitucional violándole los derechos a las personas”.
Denunció que algunos miembros de cuerpos policiales y militares “simulan enfrentamientos” y “asesinan a personas inocentes” durante estas redadas, y luego “arreglan” la escena para librarse de acusaciones.
Forero consideró que las OLHP, una segunda versión de la OLP (Operación de Liberación del Pueblo) que fue reformada en enero por el Gobierno tras denuncias de violaciones de derechos humanos, “ahora son peores, porque (los funcionarios) están actuando encapuchados”.
En este sentido, aseveró que es inconstitucional la actuación de policías y militares sin identificación en labores de seguridad ciudadana y recordó que la única excepción contemplada en la legislación local es para trabajos de inteligencia previos a detenciones o irrupciones violentas.
Los despliegues policiales en cuestión ha sido criticados por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, especialmente después de que 14 militares fueran detenidos en diciembre por su presunta vinculación con una masacre en el centro del país, en la que murieron al menos doce personas, a las que el Gobierno reconoció como “inocentes”.
EFE
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