Un total de 93 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela enviaron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, para que desestimen el proyecto de ley que fiscaliza la actuación y financiamiento de las ONG, aprobada recientemente por el Parlamento venezolano.
«Dada la influencia que tiene su Gobierno sobre las autoridades venezolanas, agradecemos cualquier gestión de su parte para que se desestime el proceso en curso de aprobación del proyecto de ley, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en similar sentido», se lee en el comunicado difundido este jueves 16 de febrero.
Las organizaciones piden al presidente Petro que aliente, conforme a la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, el reconocimiento y facilitación del derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.
«Su Gobierno es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos y colombianas que desean dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Esos mismos principios son los que deseamos para nuestro país y que motivan el trabajo cotidiano de las organizaciones, iniciativas y activistas», añadieron.
Las asociaciones advirtieron que, de aprobarse este proyecto de ley, se corre el riesgo de que se suspenda el derecho de libre asociación y reunión en Venezuela, cuyos «principales afectados serán las personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento en la defensa de sus derechos vulnerados, así como ayuda humanitaria en todo el país».
Salida «Forzada»
Señalaron que la «ilegalización de las organizaciones» puede provocar la salida «forzada» del país de sus integrantes, así como de los beneficiarios.
«Ambas situaciones incrementarán en números significativos las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos de acogida. Asimismo, debilitará de manera irreversible la democracia», sostuvieron.
El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
El pasado 18 de enero, el alto vocero del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó con presentar una ley ante la Asamblea Nacional (AN) de 2020 para “regular” el financiamiento y funcionamiento de las ONG que se encuentran en Venezuela y casi una semana después cumplió.
El Parlamento con mayoría del chavismo aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, el cual consta de 17 artículos y dos disposiciones transitorias.
Claves del proyecto de Ley que busca “regular” a las ONG en Venezuela
De acuerdo con Cabello, en Venezuela funcionan ONG que son financiadas por países como Estados Unidos para desestabilizar al Gobierno nacional. En este sentido, sostuvo, llegó la hora de enfrentarlo y es a través de una legislación.
El alto funcionario chavista dijo poseer una lista de 62 ONG que operan en el país con fines políticos y no humanitarios ni sociales. Aseguró que las Organizaciones que se dedican a esto último “no tienen nada que temer”.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se acepta que de acuerdo con el artículo 52 constitucional “toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley” pero con “límites”, es decir, respetando regulaciones de cada Estado. El artículo 3 señala que dicha asociación es facilitada por principios de “transparencia, rendición de cuentas, corresponsabilidad y soberanía nacional”.
Objeto. El artículo 1 asume a las ONG como “actividad privada de relevancia pública” para las que se establece un sistema uniforme de creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo para “garantizar transparencia” en el manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento.
Con información de EFE y Efecto Cocuyo.