El sonido de los pocos carros y las motos que pasan hace que la gente se asome por las ventanas. Salen, miran, se retiran. “Nunca habíamos visto tanto policía junto y por eso estamos pendientes”, dice una vecina, tras las rejillas de su bodega. Es uno de los pocos comercios que abrió este martes 14 de julio, después del operativo policial y militar que terminó en una masacre con 14 muertos al principio y uno más después, que había quedado herido.
“Por un lado es bueno que maten malandros, porque son un azote y eso es mentira que los iban a corregir. Pero por otro, no sé; en esas cosas ellos no deben saber quién es malandro y quién no y seguro caen otros que son inocentes. Por eso tenemos miedo de que los policías vuelvan”, confiesa. Sí, que vuelvan, porque ya no están.
No quedó ni un policía del batallón de funcionarios desplegados para requisar el barrio y bloquear sus cuatro accesos. Toda la zona, desde la entrada de El Cementerio, hasta la salida por El Paraíso, está libre. Sin embargo, el tráfico es mínimo y la presencia de vecinos en la calle también. Así lo constató el equipo de Efecto Cocuyo, durante un recorrido de dos dos horas, desde las 9:00 am de este martes, pese a que el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, asegurara en rueda de prensa que las autoridades seguirían custodiando el sector.
No quieren hablar
En una panadería ubicada en la primera entrada de la Cota 905, dos señoras toman café y mientras comen cachitos hablan en clave de lo que el Gobierno llamó la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”. Una dice que “los muchachos” están detenidos en el Destacamento 51 de la Guardia Nacional Bolivariana y la otra le cuenta lo que le dijeron: que hasta a menores de edad se habían llevado. Interrumpen la conversación cuando un curioso, que las escucha, se les acerca con ganas de preguntar y comentar. “No sé, yo no vi nada. Nosotras no vivimos aquí, sólo trabajamos cerca“, suelta una. De inmediato pagan y se van.
Afuera, justo en la entrada de ese local, un señor que vende tomates habla con un motorizado y le cuenta que a él se lo llevaron detenido, pero que a las pocas horas lo soltaron: “Yo fui uno de los que el Sebin se llevó a los coñazos pero me dejaron ir porque vieron que no tenía antecedentes ni estaba solicitado. Yo lo que hago es trabajar aquí y ellos hasta me rompieron mi celular”.
Ni esa panadería ni las múltiples caucheras, talleres y bodegas que están en esa zona de Caracas abrieron sus puertas durante el operativo. Tampoco la escuela ni la bomba de gasolina cercanas al sector La Chivera, donde en marzo de 2014 fue asesinado un funcionario del Cicpc, en un operativo en el que buscaban al miembro de una banda criminal, según reportes de prensa.
Un día después, algunos comercios aún están cerrados, mientras otros continúan con la jornada, con la esperanza de que no se repita otro procedimiento similar en el que además de los muertos, hubo 134 detenidos y más de 30 vehículos robados que fueron recuperados. “Esto ya pasó y tenemos que volver a trabajar. Siempre es así, cada vez que viene la policía a caerse a tiros con los malandros uno se enconcha y ya. Al día siguiente hay que volver a la normalidad y no hablar demás del tema, para no emproblemarse con nadie”, dice el dueño de una venta de accesorios y repuestos usados para carros.
Este señor no quiere decir nada sobre las personas que fueron asesinadas tras el operativo en el que también incautaron armas y granadas, que, según el ministro González López, “tuvieron que ser accionadas para la seguridad y la protección de los ciudadanos”. El comerciante tampoco accede a responder si conocía a alguna de las víctimas o a sus familiares: “Ya te dije, en estas cosas delicadas uno no puede hablar demás”.