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La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) afirmó que no consentirá «la manipulación, el disimulo y la atenuación» de las responsabilidades en el caso de la muerte por torturas del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo y del adolescente Rufo Chacón, desfigurado y ciego por acción de las fuerzas policiales durante una manifestación.

«El Estado venezolano es responsable. No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos víctimas hoy representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados», se indica en el comunicado publicado este jueves, 4 de julio.

El pasado sábado 29 de junio, falleció el capitán Acosta Arévalo luego de recibir torturas por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y ser trasladado a tribunales, donde no era capaz de mantenerse en pie.

Rufo Antonio Chacón Parada, adolescente de 16 años, perdió ambos ojos tras recibir numerosos disparos de perdigón durante una protesta el 1 de julio.

La CEV condenó «con indignación» el dolor causado a las víctimas y sus familiares. Recalca que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, los excesos policiales con cualquier fin son prácticas instaladas en los órganos policiales y militares.

Sin derechos

«Están ocurriendo permanentemente como un secreto a voces que nos clama en la conciencia. Esta conducta inmoral, innoble y deshonrosa es un atentado a la dignidad de la persona y viola las convenciones y tratados suscritos por la República, que hace responsable directamente a los funcionarios que las ordenan, las apliquen, las toleren o que pudiendo impedirlo, no lo hagan», afirma la CEV.

Para la CEV, lo sucedido a Chacón es una demostración de la negación del derecho a manifestar, de no estar de acuerdo «con esta vida precaria a la que hemos sido sometidos por la mala gerencia pública».

La CEV considera que la prisión preventiva de los funcionarios que actuaron en contra del capitán Acosta Arévalo y del jóven Chacón es un primer paso a la justicia, sin embargo consideran que las investigaciones deben regirse de acuerdo a los estándares internacionales que se apliquen a los casos de tortura.

«Eso incluye la realización de la autopsia de ley adecuada y con expertos independientes y a preservar de manera adecuada todo el acervo probatorio», concluye el comunicado.