Human Rights Watch: Pandemia en Venezuela es utilizada para justificar detenciones sin órdenes judiciales - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 28 AGOSTO, 2020 09:16

Human Rights Watch: Pandemia en Venezuela es utilizada para justificar detenciones sin órdenes judiciales

Texto por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez

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Human Rights Watch denunció que la administración de Nicolás Maduro usa la pandemia del COVID-19 para perseguir, encarcelar y hostigar a los voces disidentes a su gestión.

“Las medidas para contrarrestar la pandemia también son utilizadas para justificar detenciones sin órdenes judiciales. La justicia prohibió a varios detenidos bajo arresto domiciliario que usaran redes sociales o se refirieran a ‘asuntos del Estado’, una medida que viola su derecho de libertad de expresión”.

Este viernes, 28 de agosto, presentaron su más reciente informe sobre Venezuela, en el que señalaron que 162 personas han sido víctimas “de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio”. Y citaron los datos del Foro Penal sobre 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.

José Manuel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch, dijo que “el estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”.

Estado policial

La ONG internacional afirmó en su estudio “Venezuela: Estado policial avanza en el contexto del Covid-19” que desde el decreto de estado de alarma nacional por la llegada del coronavirus,  han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos.

En la lista se encuentran diputados a la Asamblea Nacional (AN), periodistas que publican información crítica, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades y abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos.

“Human Rights Watch entrevistó a través de WhatsApp a víctimas y sus familiares y/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo señalado por otras organizaciones”, dijeron este viernes.

Detenidos sin derechos

Citaron el caso de un defensor de derechos humanos, a quien detuvieron en marzo miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Fue esposado a una columna dentro de un destacamento militar durante cinco horas. No le proporcionaron comida ni agua; tampoco le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares. Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir”, denunciaron.

Este es el caso del defensor Henderson Maldonado en el estado Lara, a quien detuvieron cuando acompañó una protesta de pacientes renales que exigían distribución de combustible para acudir a sus terapias de hemodiálisis.

“En otro caso, del mes de abril, policías mantuvieron a un abogado esposado a una tubería metálica por dos horas, bajo el sol, en el patio de un centro de detención. El abogado había sido detenido por expresar críticas contra autoridades locales en sus redes sociales. Luego de esto, le negaron el acceso a un baño por 26 horas”.

Cuestionaron que por el limitado trabajo de los tribunales, se retrasan las presentaciones en los juzgados, las liberaciones y acceso a los expedientes contra los detenidos se demoran aún más.

Procesos penales arbitrarios

“Las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos que han ocurrido desde la declaración del estado de excepción siguen el mismo patrón que los abusos sistemáticos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que Human Rights Watch ha documentado en las brutales arremetidas contra opositores desde 2014”, afirmaron.

En el informe citan los casos de los defensores de derechos humanos Henderson Maldonado e Iván Virgüez, los periodistas Darvinson Rojas, Marco Antoima, Arnaldo Sumoza, Ariadna García y Tairy Gamboa; la bionalista Andrea Sayago, el político Junior Pantoja; el dirigente sindical Julio Molino de Monagas; la contadora Maury Carolina Carrero, la enfermera Ligia Margarita Gamboa.

“En numerosos casos desde el inicio del estado de excepción, las personas que compartieron o publicaron información en redes sociales cuestionando a funcionarios públicos o criticando políticas públicas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir”, agregaron.

Lea el informe completo en este enlace