Emirlendris Benítez
Emirlendris Benítez

Ocho meses tiene la presa política Emirlendris Benítez a la espera de que aprueben un traslado para realizarse una resonancia magnética. Desde el 21 de octubre de 2022, los médicos especialistas le prescribieron el estudio, pero quienes la mantienen detenida han hecho caso omiso a la orden.

“Ella aún sigue con dolor y sin atención médica”, dice una fuente cercana a la familia de la detenida. 

Hace dos meses Benítez no es evaluada por un doctor, pese a que sigue con secuelas físicas derivadas de haber sido torturada, después que fue detenida por presuntamente estar involucrada en el atentado contra Nicolás Maduro, realizado el 4 de agosto de 2018.

El último galeno que pudo evaluarla lo hizo desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), la única cárcel de mujeres en Venezuela, donde Benítez cumple una condena de 30 años. 

Durante un chequeo médico, realizado a mediados de mayo de 2023, el equipo médico reiteró a Benítez la necesidad de hacerse la resonancia magnética, el requerimiento tampoco ha recibido respuesta de las autoridades.

“La resonancia magnética está paga desde el año pasado, desde noviembre del 2022, y aún no han hecho el traslado”, reitera la fuente entrevistada por Efecto Cocuyo (EC).

Después de su encierro Benítez, de 42 años de edad, padece de hipertensión, esta condición médica fue generada por los múltiples dolores que no fueron atendidos a tiempo, indica la fuente. 

Familiares exigen que Benítez sea atendida por un inmunólogo y traumatólogo para poder conocer con más detalles sus condiciones de salud y que reciba la atención médica adecuada. 

Es una detención arbitraria

En febrero del año pasado, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que la detención de la presa política Emirlendris Benítez es arbitraria.

Estos expertos pidieron al gobierno venezolano ponerla “inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de acuerdo con el derecho internacional”, según se lee en un documento difundido por el organismo de la ONU.

Benítez fue detenida sin orden de arresto y tampoco fuera capturada durnte la comisión de un delito en flagrancia. Los expertos de la ONU señalan que a la mujer no le hicieron conocer los motivos de su detención y la mantuvieron incomunicada.

Torturas

Benítez estuvo detenida en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta, al este de Caracas, allí la golpearon y la sometieron a torturas, que le provocaron un aborto. 

Emirlendris tenía cuatro meses de embarazo cuando fue detenida.  “A pesar de que lo advirtió, sus verdugos lo ignoraron”, dijo un familiar durante una entrevista concedida a Efecto Cocuyo, en junio del año pasado.

La presa política no ve a su hijo, de nueve años de edad, desde diciembre y debido a que no está permitida la visita niños o niñas al centro penitenciario. “Él está desesperado por estar con su madre”, asegura la fuente. 

A causa de las torturas y una infiltración de biopolímeros en sus glúteos, Benítez se encuentra aún en silla de ruedas. No puede estar mucho tiempo de pie, debido a un intenso dolor en la columna. 

Desde el pasado mes de abril, la ONG Amnistía Internacional exigió atención médica urgente para la presa política en un llamado público.

“Ahora se enfrenta a una pena injusta de 30 años de prisión en condiciones inhumanas, necesita atención médica urgente, que incluya un diagnóstico completo y un tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de la tortura a la que fue sometida desde su detención y durante un periodo de reclusión en régimen de incomunicación”, detallaron en un comunicado.

En un texto dirigido a la ministra de Servicio Penitenciario del gobierno de Nicolás Maduro, Celsa Bautista Ontiveros, emplazaron a la funcionaria a darle la atención médica que requiere.

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