El comisionado para los derechos humanos designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, denunció este 9 de mayo que el gobierno de Nicolás Maduro no ha atendido ninguna recomendación del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michele Bachelet.
«En Venezuela se continúan realizando actos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática», asegura.
Durante la actualización del informe presentado, el 11 de marzo, Bachelet dijo ante el Consejo de DDHH que sigue recibiendo denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
En esa oportunidad pidió investigar los hechos de la masacre de La Vega, donde al menos hay 14 personas fallecidas en un operativo que realizaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
También alerta sobre el agravamiento de la emergencia humanitaria por el deterioro de los servicios básicos.
Este informe se suma al presentado el día 10 de marzo por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos, que atribuyó más de 200 asesinatos a los cuerpos policiales y militares del Estado en lo que va de 2021.
«El pasado 11 de marzo la alta comisionada publicó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que asegura que en el país se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, el deterioro en el acceso a los servicios básicos y los bajos salarios», recuerda el activista de DDHH.
Ese mismo día la administración de Maduro advirtió que revisaría relaciones con la oficina de la alta comisionada en el país, así como la próxima renovación de la Carta de Compromiso suscrita con esta dependencia en el año 2019.
«La Comisión Presidencial para los DDHH considera que, independientemente de las recomendaciones, ninguna ha sido cumplida. En materia judicial, los jueces y los fiscales carecen de independencia y son actores políticos designados para ejecutar las órdenes del régimen», subraya.
Las 10 claves de la audiencia oral de la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet
Bachelet presentó un primer informe sobre Venezuela el 28 de agosto de 2019, con el que alertó sobre violaciones de DDHH. Presentó un nuevo informe el 2 de julio de 2020, más la actualización del 11 de marzo de 2021.
Una de las recomendaciones no atendidas por la gestión de Maduro, según denuncias activistas de DDHH es la eliminación de las Faes por considerarla un «grupo de exterminio».
A las Faes se le atribuye el asesinato de la familia Remolina Ramírez en El Ripial, estado Apure, ocurrido el 26 de marzo, tras acusar a sus cuatro miembros de guerrilleros, en medio del conflicto armado que padece los habitantes de la región fronteriza con Colombia, desde hace más de un mes.
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«En Venezuela se continúan realizando actos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática», asegura.
Durante la actualización del informe presentado, el 11 de marzo, Bachelet dijo ante el Consejo de DDHH que sigue recibiendo denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
En esa oportunidad pidió investigar los hechos de la masacre de La Vega, donde al menos hay 14 personas fallecidas en un operativo que realizaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
También alerta sobre el agravamiento de la emergencia humanitaria por el deterioro de los servicios básicos.
Este informe se suma al presentado el día 10 de marzo por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos, que atribuyó más de 200 asesinatos a los cuerpos policiales y militares del Estado en lo que va de 2021.
«El pasado 11 de marzo la alta comisionada publicó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que asegura que en el país se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, el deterioro en el acceso a los servicios básicos y los bajos salarios», recuerda el activista de DDHH.
Ese mismo día la administración de Maduro advirtió que revisaría relaciones con la oficina de la alta comisionada en el país, así como la próxima renovación de la Carta de Compromiso suscrita con esta dependencia en el año 2019.
«La Comisión Presidencial para los DDHH considera que, independientemente de las recomendaciones, ninguna ha sido cumplida. En materia judicial, los jueces y los fiscales carecen de independencia y son actores políticos designados para ejecutar las órdenes del régimen», subraya.
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Bachelet presentó un primer informe sobre Venezuela el 28 de agosto de 2019, con el que alertó sobre violaciones de DDHH. Presentó un nuevo informe el 2 de julio de 2020, más la actualización del 11 de marzo de 2021.
Una de las recomendaciones no atendidas por la gestión de Maduro, según denuncias activistas de DDHH es la eliminación de las Faes por considerarla un «grupo de exterminio».
A las Faes se le atribuye el asesinato de la familia Remolina Ramírez en El Ripial, estado Apure, ocurrido el 26 de marzo, tras acusar a sus cuatro miembros de guerrilleros, en medio del conflicto armado que padece los habitantes de la región fronteriza con Colombia, desde hace más de un mes.