La violencia de los grupos armados irregulares que entraron a territorio venezolano y que mayormente son de origen colombiano fue la causante de los miles de desplazamiento internos y externos en el país, según la ONG Fundaredes.
Durante un Foro chat realizado la tarde de este miércoles 24 de noviembre, a través de WhatsApp, Luis Useche, gerente jurídico de Fundaredes explicó que el desplazamiento en las zonas fronterizas del país se da por el temor de las personas de que su vida, su integridad física y sus bienes sean afectados.
“Quienes sienten niveles de seguridad en su casa, en fincas, en empresas y localidad no está pensando nunca en oírse, busca la manera de desarrollar con mayor fuerza el sentido de arraigo a su territorio”, dijo Useche.
Para el jurista uno de los primeros sectores afectados por la violencia de los grupos armados irregulares fue el productivo y ganadero, ya que a los trabajadores del campo se le extorsionaba, le robaban el ganado, los secuestraban y muchas veces llegaban a ser asesinados si se negaban a pagar las coimas impuestas por estos grupos violentos.
Estas irregularidades fueron las causantes de que en los estados fronterizos del país se generara un desplazamiento humano. Hubo casos en los que las familias tenían que vender sus bienes para poder pagar las altas sumas que exigían guerrilleros de origen colombiano para dejar en libertad a los secuestrados.
“Usaron el secuestro como fuente de financiamiento de las guerrillas y actividades irregulares, en otros casos las familias tenían que vender un lote importante de animales para pagar las extorsiones. Muchos vendieron fincas y unidades productivas para irse del país y buscar en otro lugar, en algunos casos muchos no se iban del país sino que se dedicaban a otras cosas. Otros se fueron por el duelo a otros estados o zonas de Venezuela”, explica Useche.
Para el gerente jurídico de Fundaredes, el desplazamiento de personas en los estados fronterizos del país se viene viendo desde hace 20 años con la presencia de grupos irregulares colombianos que realizan sus actividades en territorio venezolano.
Useche añade que al existir grupos armados irregulares que buscan dominar, van a generar condicionamiento a la población que en muchos casos son insostenible. El abogado explica que además del dominio que pretenden o que ejercen estos grupos se contraponen las pretensiones de dominio de otros grupos armados y trae como consecuencia un conflicto que cuando escalan se convierten en conflicto de carácter bélico.
“Las guerras permanentes, las microguerras, las batallas, los conflictos elevados de nivel entre distintos grupos de guerrillas colombianas, otros de grupos armados irregulares venezolanos que se dan en estos territorios y los convierte en campos de guerra, en la cual el daño colateral que sufren víctimas civiles de altísimo impacto, en las zonas donde hay estas confrontaciones, la primera víctima es el ciudadano, el hombre que no tiene que ver con el conflicto, es lo que ocurrió en Apure. en Apure se desarrolla un conflicto entre dos fracciones de la guerrilla colombiana, luego hay una participación de la FAN que hace que parte del territorio de Apure sea escenario de batalla, y en ese escenario la población civil no puede estar, no puede ser parte de eso y trae como consecuencia del desplazamiento de las personas”, alega.
Minería
Useche señala que otro elemento que ha desarrollado un desplazamiento interno de las poblaciones fronterizas en Bolívar y Amazonas es la minería. Para el abogado esta explotación de recursos naturales genera conflictos violentos por el control de las mismas.
“Cuando hay un conflicto por el control de esas minas, ya sea de grupos armados irregulares o de grupos contra los indígenas, se produce un conflicto en el cual las poblaciones que no forman parte de ese proceso se vean desplazadas. Esas son las migraciones más importantes aún el primero de los casos a Colombia y en el segundo de los casos a Brasil, que son poblaciones que se siente afectadas por los conflictos de dominio territorial”, indica.
El representante de Fundaredes señaló que en algunos casos el conflicto se vuelve más intenso si el Estado forma parte de esa confrontación, domo por ejemplo el caso de Apure.
Useche explica que el Estado tiene el deber constitucional de garantizar la protección a la población ante cualquier situación que constituya un riesgo, vulnerabilidad o amenaza hacia su integridad física, propiedad o que afecte o vulnere el ejercicio de los derechos de las personas.
“El Estado siempre debe desarrollar las políticas, cuando deja de hacerlo y se convierte en un mero observador de lo que pasa en estos territorios y luego tiene que irrumpir frente a una situación de dominio territorial el costo de su intervención es muy alto”.