Fenasopadres exige evaluación pública del plan Cada Familia una Escuela

LA HUMANIDAD · 16 SEPTIEMBRE, 2021 13:23

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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Fenasopadres denuncia que no hay información sobre los resultados de la evaluación del Plan Cada Familia una Escuela  (CFUE) y de los aprendizajes que debieron producirse durante el período escolar 2020-2021. “Esta situación ha alcanzado niveles inaceptables, al punto de no observarse progresos significativos en las carencias anotadas”, advierten.

En principio, Fenasopadres critica que la puesta en práctica del llamado plan Cada Familia una Escuela (Cfue) se  ejecutó asumiendo que todos los planteles educativos disponían de Internet y de equipos para que los docentes se comunicasen con sus estudiantes, y que las familias también tenían planes de navegación para que sus hijos se conectaran con sus maestros y profesores. Igual (ese programa) presumió que los servicios públicos funcionarían con normalidad.

Cada Familia una Escuela, creado por el ministerio de Educación, se ejecutó durante el año escolar 2020-2021 y consistió en la publicación periódica de programas de televisión transmitidos por Venezolana de Televisión y Vive TV, al tiempo en que se aplicaban otros protocolos de educación a distancia en las escuelas.

Esta denuncia representa un indicio de lo que es el retroceso en la garantía del derecho a la educación en Venezuela, problemática  que se inscribe en la escena de la crisis humanitaria compleja y la pandemia de coronavirus.

Regreso a clases presenciales

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), exigió que el gobierno nacional atienda integralmente al sector educativo para enfrentar la crisis de servicios públicos y los protocolos de bioseguridad necesarios para regresar a clases presenciales en octubre.

En abril de 2020, Fenasopadres presentó una propuesta de un Plan de Atención Inmediata para el Subsistema de Educación Básica que priorizara condiciones de infraestructura, dotación, programas de atención integra que esté basado en  la “información suministrada por casi 30.000 planteles de los niveles inicial, primaria y media”, pero no recibieron respuesta.

“La indicada información era indispensable para atender las necesidades inmediatas relacionadas con un regreso seguro a clases en septiembre de 2020”, pero “transcurridos 17 meses, las autoridades educativas no han informado al país la situación en que estado se encuentran las escuelas venezolanas”, señalan en el comunicado.

“Observamos con alarma que el ministerio de educación gira instrucciones a directivos y docentes sobre el cumplimiento de protocolos de seguridad, sin proporcionar equipos, instrumentos, utensilios y productos para un regreso seguro a clases, trasladando, una y otra vez, su responsabilidad a los padres y docentes”, denuncian.

También rechazan la intención de vacunar a niños y adolescentes, debido ya que “siembra falsas expectativas y despierta legítimos temores en la familia venezolana”.

Fesanopadres hace un llamado a autoridades, padres y maestros

Por todas estas consideraciones, Fenasopadres hace un llamado a autoridades, padres y maestros:

  • Al Ministerio para la Educación para que cumpla con su deber como garante del derecho a la Educación y cese de trasladar sus responsabilidades a la familia y a los docentes venezolanos. “El MPPE debe cumplir con el mandato del artículo 103 de nuestra Constitución”.
  • A los docentes venezolanos y a los gremios que los agrupan, para que no permitan que en sus manos se deteriore aún más nuestra educación. “Negarse a la promoción automática de sus estudiantes y denunciar cualquier presión oficial orientada a ocultar la gravedad de la crisis educativa, así como exigir condiciones de trabajo y remuneración que aseguren que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”.
  • A los padres y representantes de los millones de estudiantes de educación básica, a que se organicen en su comunidad educativa, sin mediación de organizaciones afines a partidos políticos o gobiernos locales, regionales o nacional, con el fin de hacer valer el derecho preferente que tenemos para decidir el tipo de educación que
    queremos para nuestros hijos.

“El Estado debe proveer edificaciones adecuadas, programas de atención social completos y permanentes, docentes capacitados y bien formados y protocolos de bioseguridad que garanticen un regreso seguro a la presencialidad en las aulas de clase y un plan de vacunación centrado en la familia, para protección del estudiante y el personal que labora en cada plantel educativo de Venezuela”, sostiene