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La ONG Justicia Venezolana afirmó este martes, en su más reciente investigación, que 26 mujeres en Venezuela han sido procesadas por motivos políticos desde 2015 y que, de acuerdo con los datos de la organización, sus derechos humanos son «violados» de manera «sistemática e inflexible».

La organización especificó en nota de prensa que, del total, 18 son civiles y ocho pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, 21 de las 26 están detenidas (20 en prisión y una con arresto domiciliario), cuatro tienen medidas cautelares, principalmente por problemas de salud, y una está en libertad tras haber cumplido su condena, siempre según Justicia Venezolana.

La directora de la ONG, Lilia Camejo, sostuvo que las mujeres «se encuentran sometidas a procesos judiciales irregulares», en los que «se les ha negado el acceso a sus abogados, se les mantiene en prisión preventiva por años sin juicio, sufren retardo procesal de años y sus acusaciones son írritas, carentes de hechos y de elementos probatorios».

#MujeresPerseguidasPolíticas Es nuestra más reciente investigación y video. Son 26 mujeres, de las cuales 21 están en prisión y merecen #JusticiaYA. #InjusticiaMilitarVe. @OEA_oficial@CIDH https://t.co/X5ZJzsZVOvhttps://t.co/OuiLx2Iztl

— Justicia Venezolana (@JusticiaOrg) May 24, 2022

En el caso de las mujeres civiles, señaló Camejo, se da «el agravante de que muchas se convirtieron en objetivo político por tener vínculos afectivos y/o familiares con perseguidos políticos, mientras que a las mujeres militares se les detuvo luego de ser citadas para una entrevista y se les mantiene presas por años sin si quiera haber iniciado el juicio».

Camejo agregó que, en varios casos, existen denuncias por violencia de género «debido a abusos sexuales y abortos por golpizas».

Según la ONG Foro Penal, hasta el 16 de mayo pasado había en el país 237 detenidos a los que considera «presos políticos», de los cuales 15 son mujeres.

En marzo pasado, la exdiputada opositora Adriana Pichardo denunció que las «15 mujeres presas políticas» han sido «torturadas y «vejadas» desde su detención, y que sus familias también son víctimas de violación a sus garantías fundamentales.