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Vacunas y salario justo. Miembros de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados solicitaron al Estado salarios justos y acceso a las vacunas. Se concentraron este martes 22 de junio en la plaza La Moneda, ubicada en el municipio Libertador de Caracas.

La federación ha enviado más de 45 comunicaciones a instituciones del Estado, pero no ha recibido respuesta. Uno de los representantes, César Dania, explicó a Efecto Cocuyo, que en la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo le dijeron a la organización que las instituciones no tiene competencia en el área, por tanto no les pueden prestar apoyo.

El gremio también se ha comunicado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

Mientras las respuestas y soluciones llegan, los pensionados deben elegir entre comprar un kilo de caraotas, medio cartón de huevos, o las medicinas que necesitan para subsistir.

«No es fácil. El que no tiene familiares afuera está frito», comentó Carmen Idrogo, jubilada del Metro de Caracas, quien contó que sus compras las hace «por pedacitos, todo el dinero se consume en nada».

«Los jubilados se mueren de hambre y porque no tienen para los medicamentos, no por COVID-19», dijo Idrogo, al tiempo que señaló que hace dos meses fallecieron al menos 10 personas de la organización por causas ajenas a la enfermedad respiratoria. Todos vivían en Caracas.

«Hoy estamos y queremos dar no un ejemplo, sino una lucha, una protesta por la vida. Porque la vida depende muchas veces de quién haga una cola para echar gasolina, de quién no tiene agua», dijo el presidente de la Federación, Emilio Lozada.

Decenas de personas de la Federación llevaron pancartas y gritaron consignas que exigían vacunas y salarios dignos.

Representantes de la federación también manifestaron su preocupación por las altas cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19. Al respecto, Lozada consideró que hay «un relajo sanitario» en las jornadas de vacunación y que estos espacios pueden ser foco de contagio de la enfermedad».

Rafael Arreaza, también vocero, recordó que más de 640 profesionales de la salud han muerto de COVID-19. «Esta es una emergencia sanitaria, la cual el régimen no tiene idea de cómo manejar».

En mayo pasado, mes del Adulto Mayor, también los jubilados y pensionados salieron a las calles en protesta por la precariedad de sus vidas. Se reunieron en la plaza Morelos a pocos metros de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Bellas Artes-Caracas.

Y aunque ningún funcionario de esa dependencia salió para atender los reclamos del grupo de pensionados y jubilados que -durante una hora- participaron en la acción, el espacio sirvió para visibilizar “la tragedia que vivimos. Porque esto es una guerra económica que tiene el Estado en contra de los trabajadores y de quienes por más de 30 años sirvieron a la administración pública”, dijo en ese entonces Carlos Julio Rivera, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores y Jubilados del Seguro Social.