Ecuador exigirá a los venezolanos que quieran ingresar al país la cédula de identidad apostillada, luego de que un tribunal de Quito anuló el viernes 24 de agosto la posibilidad de exigirles el pasaporte.
Así lo dio a conocer el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, durante un acto en Quito, donde adelantó que aún deben «analizar» la decisión de la jueza Judith Naranjo porque entiende que la resolución apunta a que «la prohibición estaría vigente durante 45 días».
«Lo que nos preocupa realmente es la verificación de los documentos de identidad de los venezolanos que se utilizan en nuestras fronteras«, dijo Valencia a los medios en una primera valoración de la decisión.
La magistrada anuló el 24 de agosto la posibilidad de exigir pasaportes a los venezolanos que ingresan a Ecuador, medida instaurada el 18 de agosto, y dio 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para presentarle un «plan humanitario de contingencia» que aborde los problemas que genera la emigración.
De momento no está claro si la jueza anuló de forma definitiva la aplicación de la regulación o, como indicó el ministro, la condicionó al plazo para que el su Ministerio presente el plan de contingencia.
Valencia se quejó de que «hay múltiples situaciones de falsificación de documentos, por lo que su país debe tomar alguna medida para que se haga cumplir la ley ecuatoriana de que una persona ingrese «cabalmente identificada».
«Estamos considerando las medidas pero serán las que vayan mejor para la validación de los documentos de identidad», sentenció.
Un proceso que, aseguró, se realizará «de inmediato» por el masivo flujo de venezolanos en los últimos meses, pues a su juicio «no cumple parámetros básicos de seguridad ni para los ecuatorianos ni para los venezolanos».
En coincidencia con sus declaraciones, una hora después del fallo judicial, la Secretaría de Comunicación daba a conocer que «independientemente de la resolución», y con la finalidad de garantizar la seguridad de los ecuatorianos «y velar por los derechos de los venezolanos en tránsito», se impondrán dos sistemas de validación a elegir.
Una alternativa incluye presentar un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por un organismo regional o internacional, reconocido por el Gobierno de Ecuador.
Otra opción es la entrega un certificado de validez de la cédula emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, «debidamente apostillado», según se lee en el comunicado.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que volverá la próxima semana a los tribunales ante la decisión de Quito de exigir cédulas validadas a los venezolanos que quieran ingresar al país, dijo a Efe su titular, Gina Benavides.
«Estamos muy preocupados por este nuevo acuerdo (ministerial) que lo que busca es incumplir la sentencia» de la jueza sobre las medidas cautelares presentadas el 17 de agosto por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, comentó.
Benavides, que ve complicado de momento el proceso de apostilla para los emigrantes venezolanos, reveló que agencias de Naciones Unidas, que no identificó, le indicaron que no pueden llevar a cabo ese proceso.
Con información y foto de EFE
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Ecuador exigirá a los venezolanos que quieran ingresar al país la cédula de identidad apostillada, luego de que un tribunal de Quito anuló el viernes 24 de agosto la posibilidad de exigirles el pasaporte.
Así lo dio a conocer el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, durante un acto en Quito, donde adelantó que aún deben «analizar» la decisión de la jueza Judith Naranjo porque entiende que la resolución apunta a que «la prohibición estaría vigente durante 45 días».
«Lo que nos preocupa realmente es la verificación de los documentos de identidad de los venezolanos que se utilizan en nuestras fronteras«, dijo Valencia a los medios en una primera valoración de la decisión.
La magistrada anuló el 24 de agosto la posibilidad de exigir pasaportes a los venezolanos que ingresan a Ecuador, medida instaurada el 18 de agosto, y dio 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores para presentarle un «plan humanitario de contingencia» que aborde los problemas que genera la emigración.
De momento no está claro si la jueza anuló de forma definitiva la aplicación de la regulación o, como indicó el ministro, la condicionó al plazo para que el su Ministerio presente el plan de contingencia.
Valencia se quejó de que «hay múltiples situaciones de falsificación de documentos, por lo que su país debe tomar alguna medida para que se haga cumplir la ley ecuatoriana de que una persona ingrese «cabalmente identificada».
«Estamos considerando las medidas pero serán las que vayan mejor para la validación de los documentos de identidad», sentenció.
Un proceso que, aseguró, se realizará «de inmediato» por el masivo flujo de venezolanos en los últimos meses, pues a su juicio «no cumple parámetros básicos de seguridad ni para los ecuatorianos ni para los venezolanos».
En coincidencia con sus declaraciones, una hora después del fallo judicial, la Secretaría de Comunicación daba a conocer que «independientemente de la resolución», y con la finalidad de garantizar la seguridad de los ecuatorianos «y velar por los derechos de los venezolanos en tránsito», se impondrán dos sistemas de validación a elegir.
Una alternativa incluye presentar un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por un organismo regional o internacional, reconocido por el Gobierno de Ecuador.
Otra opción es la entrega un certificado de validez de la cédula emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, «debidamente apostillado», según se lee en el comunicado.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que volverá la próxima semana a los tribunales ante la decisión de Quito de exigir cédulas validadas a los venezolanos que quieran ingresar al país, dijo a Efe su titular, Gina Benavides.
«Estamos muy preocupados por este nuevo acuerdo (ministerial) que lo que busca es incumplir la sentencia» de la jueza sobre las medidas cautelares presentadas el 17 de agosto por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, comentó.
Benavides, que ve complicado de momento el proceso de apostilla para los emigrantes venezolanos, reveló que agencias de Naciones Unidas, que no identificó, le indicaron que no pueden llevar a cabo ese proceso.
Con información y foto de EFE