Desplazados, menos turismo y más minería: lo que viven en Kumarakapay a un año de la represión militar - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 24 FEBRERO, 2020 14:27

Desplazados, menos turismo y más minería: lo que viven en Kumarakapay a un año de la represión militar

Texto por Mariana Souquett Gil | @nanasouquett

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Kumarakapay cambió. Casi mil personas desplazadas, disminución del turismo y de la producción de artesanías y migración hacia la minería fueron algunas de las secuelas en las poblaciones indígenas del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, que registraron ataques contra sus pobladores entre el 22 de febrero y el 28 de febrero de 2019 en el marco del intento de entrada de ayuda humanitaria.

Siete personas heridas entre el 22 y el 23 de febrero de 2019 murieron. Esa misma semana, otras 57 resultaron heridas entre las localidades de Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, al sur de Bolívar, en la zona fronteriza con Brasil. Desde ese momento, al menos 966 personas de 14 comunidades indígenas huyeron de sus hogares a territorio brasileño tras  la intervención de los cuerpos de seguridad, especialmente militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recuerda el abogado y coordinador del Foro Penal para los pueblos indígenas, Olnar Ortiz.

Las dinámicas de las comunidades comenzaron a cambiar después de que muchos de sus habitantes escaparan de la represión. Según el defensor, Kumarakapay, comunidad turística, ya no ofrece las mismas oportunidades. Ni a los viajeros ni a los pemones que regresan a sus casas, y que antes vivían de esta actividad. La minería, que era trabajada por el pueblo pemón desde tiempos ancestrales de manera artesanal, se ha convertido en una fuente de ingresos económicos para que los pobladores mantengan a sus familias.

El turismo ya no es el mismo, todas estas personas que se están regresando se enfrentan con que no encuentran trabajo. El turismo y la venta de artesanía se han complicado muchísimo. La situación y la crisis en el pueblo pemón está haciendo que entren a la minería”, dice. “Hoy en día muchos están acudiendo a las minas para tener una fuente económica y mantener a sus familiares”, agrega.

El abogado explica que es difícil determinar cuántas personas regresaron, pero destaca que algunos de los indígenas que cruzaron por caminos irregulares, llamadas trochas, han vuelto debido a la escasa alimentación y a la falta de estabilidad.

“Algunos padres de familia se han regresado a las comunidades indígenas, mientras que las mujeres y sus hijos se han quedado en Brasil. Muchos de los muchachos están estudiando en Brasil, porque además casi todos los profesores de Gran Sabana se han ido a las minas, y esto ha traído como consecuencia un déficit de maestros. Muchos, en general, están estudiando en Pacaraima (Brasil), y esta misma situación ocurre en las comunidades indígenas”, expresa el integrante de Foro Penal.

De acuerdo con el reporte anual del Foro Penal sobre la represión en Venezuela en 2019, los habitantes de Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní), fueron reprimidos de manera desproporcionada, por parte de “funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad y grupos irregulares de civiles armados”, al oponerse a que pasara un convoy del Ejército que impediría el acceso a la ayuda humanitaria, que se encontraba en la zona fronteriza entre Venezuela y Brasil.

El 28 de febrero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a los integrantes de la etnia pemón por encontrarse en una situación de “gravedad y urgencia” al considerar que sus derechos a la vida y a la integridad personal estaban en riesgo de daño irreparable. Sin embargo, según Ortiz, estas medidas de protección no se han cumplido.

“Estas medidas no han sido respetadas y parte de ello también es la exigencia de las comunidades a que se respeten sus derechos, establecidos en la Constitución y en otras normas internacionales ratificadas por Venezuela”, indica.

El abogado resalta que, a un año de los hechos en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, las comunidades exigen que se respete la autodeterminación de los pueblos indígenas y la autonomía del gobierno de las comunidades indígenas. “Que se respeten sus derechos económicos, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, destaca.