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Despido sorpresivo. El pasado miércoles, 31 de octubre, Deillily Rodríguez se había reincorporado a su trabajo como Operadora de Protección, en el Metro de Caracas, después de disfrutar unos días libres pendientes por hacer sus guardias.

Llegada la hora del almuerzo, la abordó una mujer que se identificó como “abogada de la empresa” y le entregó una carta de despido, sin mayores explicaciones.

Deillily estaba en shock, consternada. No había faltado ni un solo día cuando le correspondía trabajar y tenía una conducta intachable de la que dan fe sus compañeros. Había dedicado casi 13 años al Metro de Caracas; ingresó cuando apenas cumplió la mayoría de edad. Ese mismo día se le pidió retirarse de las instalaciones.

Siete días antes, el 25 de octubre, la empleada del servicio de transporte había formado parte de una comisión de trabajadores de distintas empresas del Estado que reclamaron ante el Ministerio del Trabajo el cumplimiento de sus contrataciones colectivas, luego de que en el mes de agosto el Ejecutivo decidió unificar las tablas salariales en la administración pública.

Al salir de esa actividad, Rodríguez fue entrevistada por un periodista respecto a las condiciones laborales y salariales de Metro, así como sobre el funcionamiento del sistema. Ella describió lo que está a la vista de los usuarios: como las escaleras mecánicas dañadas.

También habló de la diáspora de profesionales que afectaba la empresa, cómo a veces no tenían agua o los recursos necesarios para atender a algún pasajero que se sintiese mal.

“Ni siquiera tengo claro que el despido haya sido por eso, pero eso fue lo único que hice y no había hecho estos 13 años: decir públicamente las condiciones en las que estamos”, señaló.

Una lucha por todos.

El 1º de noviembre, Deillily participó en una nueva protesta en compañía de compañeros de otros gremios, incluso algunos que como ella también fueron despedidos días después de haber participado en acciones por reivindicaciones laborales.

Ese día, cuando se unieron a una Asamblea de Trabajadores en el Banco Central de Venezuela, un funcionario de la Vicepresidencia de la República le ofreció a la operadora de Metro discutir su caso en particular.

“Le dije que no era yo sola y que tampoco era la empresa Metro de Caracas, que había muchas empresas que están sufriendo de lo mismo. No lo acepté porque hay cosas que no se negocian, yo vengo de una lucha por los trabajadores”, relató. .

Después de eso, la joven acudió al día siguiente a la sede del Metro en Chacao y fue atendida en Presidencia, por una Asesora Legal. Ahí reclamó que le habían violado su derecho a la defensa. Lo máximo que obtuvo fue la promesa de palabra de que evaluarían su situación.

Su preocupación principal en este momento es tener que cambiar sus condiciones de vida. Tiene una hija menor de edad que estudia en un colegio privado. Deberá reinventarse.

“Es el momento de darse fuerza. Si yo no estoy diciendo que esté fuera de la realidad, no puedo arrepentirme. ¿Por qué el sentir de todos los compañeros y usuarios que yo expresé, que le se le pueden buscar soluciones, va a hacer que yo pierda mi empleo? Es lo que todavía no entiendo”.

Este martes, 6 de noviembre, ella y otros compañeros de la empresa acudieron a las oficina de la empresa en Chacao para continuar los reclamos. Después de su despido, otro compañero que la acompañaba el día en que declaró a la prensa, fue expulsado de la empresa.

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