Se necesitan nuevas estrategias para que se reconozcan los derechos de personas Lgbti+, dicen activistas 

LA HUMANIDAD · 25 JUNIO, 2022 17:20

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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Activistas aseguran que es necesario que existan nuevas estrategias para que las personas Lgbti+ logren el reconocimiento de sus derechos en Venezuela. De acuerdo con Quiteria Franco, coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa, se requieren planes articulados para que se pueda avanzar en materia de legislación en el país.

«Necesitamos estrategias coherentes: vemos que las instituciones no responden. El Estado debe pensar y seguir lo que recomiendan los estándares internacionales y no estar improvisando cosas. Siento que lo que sucede en Venezuela es que se improvisa demasiado», expresó a Efecto Cocuyo

Desde su perspectiva, el activismo debe encontrar nuevas maneras de actuar para exigir al Estado una respuesta a tres puntos importantes: la creación de una ley clara sobre la discriminación, la aprobación del matrimonio igualitario y el respeto al derecho a la identidad de los y las transexuales. 

Yendri Velásquez, joven activista y asesor del Proyecto Diversidad Bajo de Amnistía internacional Venezuela apuntó que la emergencia humanitaria compleja del país es un obstáculo que impide alcanzar varios objetivos. Además, agregó que es fundamental la participación de más actores sociales que no necesariamente estén vinculados con el tema Lgbti+ pero que puedan ayudar a promover la agenda de Derechos Humanos. 

«Creo que hay que buscar innovar. La verdad es que las estrategias que se han utilizado no han cumplido pero no porque sean fallidas, sino por el contexto país en el que nos desenvolvemos. Hay que tratar de aterrizar la discusión, esto es llevarla a otros espacios donde no hemos podido llegar. Preguntarse cómo hacer para llevar el tema a sectores populares, a los emprendedores, empresarios y otros movimientos sociales», explicó Velásquez. 

En Venezuela no hay cifras oficiales de cuántos connacionales se identifican como Lgbti+. No obstante, Unión Afirmativa indica que a nivel mundial el promedio es de 10 %. Usando esta estimación, Franco comenta que en Venezuela existe un aproximado de 3 millones de personas Lgbti+ de una población de 28 millones. 

Comunidad Lgbti+ en Venezuela

Franco insiste en que, más que una comunidad Lgbti+, en Venezuela lo que existe es activismo. A su juicio, la primera empieza como una zona amigable donde las personas se puedan sentir seguras.

«Lo que existe en Venezuela son organizaciones y activistas que trabajan por los derechos de las personas Lgbt. Cuando a mí me hablan de comunidad Lgbt yo inmediatamente pienso en los barrios que están en San Francisco, donde hay toda una estructura que en Venezuela no tenemos. Sitios donde acuden personas que se identifican como Lgbt y que se conoce como zona rosa, La comunidad tiene que ver más como un espacio», comentó.

Sin embargo, Tamara Adrián, activista, profesora, abogada y miembro de la Asamblea Nacional de 2015, afirma que en el país sí existe una comunidad Lgbti+ con personas involucradas en el ámbito político y social, aunque quizás no con la misma organización que en países vecinos. 

«No hemos tenido acceso para financiamientos para la organización de grupos lgbt, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en la región. Por ende, sin organización había poca penetración del discurso. Eso ha estado cambiando y sí hay unos intentos de formar nuevos activistas. En Venezuela hay una comunidad y acciones de ONG, no tan profundas, pero las hay», expresó Adrián. 

Para Velásquez, existe una comunidad o red de apoyo que se mantiene en el país, que es visible en los pocos espacios en los que las personas Lgbt+ logran reunirse para encuentros, actividades o charlas. 

«No puedo decir que no hay comunidad de forma tajante, porque en grupos de apoyo que se desarrollaron el año pasado las personas Lgbti+ se asistían entre ellas. Al final si hay un sentimiento de comunidad porque nos sentimos identificados con las vivencias de otros», añadió. 

Una deuda de derechos

Venezuela se encuentra al final de la lista de los países latinoamericanos que protegen los derechos de la comunidad Lgbt. De acuerdo con expertos, la principal deuda se resume en tres puntos fundamentales: 

🏳️‍🌈 Una ley que proteja

Quiteria Franco afirma que en el país no existe una ley clara sobre los tipos de discriminación, que proteja de forma efectiva a las personas Lgbti+. 

«Lo que sugiere Naciones Unidas es una ley amplia e integral contra todo tipo de discriminación. No tenemos establecido lo que constituye la discriminación, cómo se expresa, cómo prevenirla y, lo más importante, cómo sancionarla», dijo. 

Insistió en que al no tener un documento legal que tipifique los tipos de delitos en los que ocurre una persona al discriminar a otra por su orientación sexual o expresión de género, la víctima no sabe qué es lo que puede denunciar. Agregó que eso también impide que cualquier institución del Estado pueda iniciar un proceso. 

Por orto lado, Tamara Adrián alegó que la llamada Ley contra el Odio funciona como marco legal contra la discriminación hacia personas, pero es utilizada casi en su totalidad con motivos políticos. 

«En esa ley constitucional se penalizan los mensajes de odio y los crímenes de odio, pero se aplica a los opositores que mandan mensajes por Twitter», explicó Adrián. Agregó que los artículos 20 y 21 establecen las penas para aquellos que fomenten, promuevan o inciten al odio, discriminación o violencia, en razón a su orientación sexual, identidad de género o de expresión de género, entre otros motivos. 

🏳️‍🌈 El matrimonio debe ser para todos

En febrero de este año, Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria, recordó que en 2015 la ONG solicitó la nulidad parcial del artículo 44 del Código Civil venezolano, por considerarlo discriminatorio al establecer que «el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer», lo que contradice el principio de igualdad registrado en la Constitución.

El 28 de abril de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda. No obstante, el matrimonio civil igualitario es todavía una de las principales solicitudes de las personas Lgbti+ en Venezuela. Hay siete años de retardo procesal y aún no se vislumbra cuál será el fallo en el futuro.

El único hito en la última década fue el anuncio de un Pacto Civil de Solidaridad (Pacs) por el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, en el estado Anzoátegui. A raíz de ello, tres parejas del mismo sexo formalizaron una unión en marzo de 2022 en el municipio.

Si bien el hecho fue celebrado por varias organizaciones, expertos afirman que la validez de este tipo de contrato es más bien simbólica y que se requiere que la legislación venezolana apruebe una normativa que permita que personas Lgbti+ puedan casarse y que proteja a estos matrimonios.

🏳️‍🌈 Una lucha por la identidad

Tamara Adrián asegura que Venezuela sigue siendo un país intolerante cuando se trata del derecho a la identidad de las personas trans, por lo que este se mantiene como otra de las principales exigencias. 

Recordó que Venezuela fue la primera nación de la región, entre 1977 y 1998, en reconocer la identidad de los transexuales con los estándares de la época (luego de operaciones de adecuación genital y presentación de informes psiquiátricos). En ese período de tiempo se aprobaron al menos 150 cambios. Sin embargo, luego de la Asamblea Constituyente de 1999 el país ha retrocedido en el tema.

«Empezaron a negar las pocas solicitudes de reconocimiento judicial. En el año 2008 se procuró incorporar en la Ley Orgánica de Registro Civil el reconocimiento de la identidad de las personas trans: nombre y sexo. La Comisión de Política Interior ante la cuál hicimos esa propuesta la echó a la basura. Si la hubiesen aprobado, Venezuela habría sido el primer país de América Latina en reconocer la identidad de las personas trans sin requisitos patologizantes. Luego lo hizo Argentina en 2012», expresó. 

En 2009, el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil (Lorc) fue modificado para permitir a las personas transgénero el cambio de nombre. No obstante, Adrian explica que la presión de grupos religiosos evangélicos y la indiferencia del Estado han causado que las solicitudes de integrantes Lgbti+ no se oficialicen. 

«Al momento de entrar en vigencia de la ley en 2010, tres de los cinco rectores del CNE eran evangélicas. El director custodial del registro civil, Alejandro Herrera, era del Opus Dei. Y a los registradores les dijeron que no se atrevieran a recibir una solicitud de una persona trans. La intolerancia continúa», dijo Adrian. 

“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

Artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

Avances lentos 

«Luego de las demandas más visibles, Hay un tema de acceso a servicio de salud, especialmente la población trans; hay un tema de la prevención y respuesta ante el acoso escolar que además deja unos indices suicidas importantes en jóvenes Lgbtiq que todavía no se ha atendido», comentó Velázquez. 

Expresó que es indispensable que existan programas de atención humanitaria diferenciados, con enfoque Lgbt y que el Estado responda, debido a que es su responsabilidad garantizar los derechos a toda la población por igual.

«La verdad, avances resaltantes que logren cambios en la vida de la gente no ha habido. Al final, en los últimos años se ha mencionado el tema de la orientación sexual, identidad y expresión de género en algunas leyes, pero no hay mecanismos efectivos para que esto se cumpla. No hay avance en políticas públicas o legislación. Seguimos siendo los últimos en la región», puntualizó. 

LA HUMANIDAD · 16 AGOSTO, 2022

Se necesitan nuevas estrategias para que se reconozcan los derechos de personas Lgbti+, dicen activistas 

Texto por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara

Activistas aseguran que es necesario que existan nuevas estrategias para que las personas Lgbti+ logren el reconocimiento de sus derechos en Venezuela. De acuerdo con Quiteria Franco, coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa, se requieren planes articulados para que se pueda avanzar en materia de legislación en el país.

«Necesitamos estrategias coherentes: vemos que las instituciones no responden. El Estado debe pensar y seguir lo que recomiendan los estándares internacionales y no estar improvisando cosas. Siento que lo que sucede en Venezuela es que se improvisa demasiado», expresó a Efecto Cocuyo

Desde su perspectiva, el activismo debe encontrar nuevas maneras de actuar para exigir al Estado una respuesta a tres puntos importantes: la creación de una ley clara sobre la discriminación, la aprobación del matrimonio igualitario y el respeto al derecho a la identidad de los y las transexuales. 

Yendri Velásquez, joven activista y asesor del Proyecto Diversidad Bajo de Amnistía internacional Venezuela apuntó que la emergencia humanitaria compleja del país es un obstáculo que impide alcanzar varios objetivos. Además, agregó que es fundamental la participación de más actores sociales que no necesariamente estén vinculados con el tema Lgbti+ pero que puedan ayudar a promover la agenda de Derechos Humanos. 

«Creo que hay que buscar innovar. La verdad es que las estrategias que se han utilizado no han cumplido pero no porque sean fallidas, sino por el contexto país en el que nos desenvolvemos. Hay que tratar de aterrizar la discusión, esto es llevarla a otros espacios donde no hemos podido llegar. Preguntarse cómo hacer para llevar el tema a sectores populares, a los emprendedores, empresarios y otros movimientos sociales», explicó Velásquez. 

En Venezuela no hay cifras oficiales de cuántos connacionales se identifican como Lgbti+. No obstante, Unión Afirmativa indica que a nivel mundial el promedio es de 10 %. Usando esta estimación, Franco comenta que en Venezuela existe un aproximado de 3 millones de personas Lgbti+ de una población de 28 millones. 

Comunidad Lgbti+ en Venezuela

Franco insiste en que, más que una comunidad Lgbti+, en Venezuela lo que existe es activismo. A su juicio, la primera empieza como una zona amigable donde las personas se puedan sentir seguras.

«Lo que existe en Venezuela son organizaciones y activistas que trabajan por los derechos de las personas Lgbt. Cuando a mí me hablan de comunidad Lgbt yo inmediatamente pienso en los barrios que están en San Francisco, donde hay toda una estructura que en Venezuela no tenemos. Sitios donde acuden personas que se identifican como Lgbt y que se conoce como zona rosa, La comunidad tiene que ver más como un espacio», comentó.

Sin embargo, Tamara Adrián, activista, profesora, abogada y miembro de la Asamblea Nacional de 2015, afirma que en el país sí existe una comunidad Lgbti+ con personas involucradas en el ámbito político y social, aunque quizás no con la misma organización que en países vecinos. 

«No hemos tenido acceso para financiamientos para la organización de grupos lgbt, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en la región. Por ende, sin organización había poca penetración del discurso. Eso ha estado cambiando y sí hay unos intentos de formar nuevos activistas. En Venezuela hay una comunidad y acciones de ONG, no tan profundas, pero las hay», expresó Adrián. 

Para Velásquez, existe una comunidad o red de apoyo que se mantiene en el país, que es visible en los pocos espacios en los que las personas Lgbt+ logran reunirse para encuentros, actividades o charlas. 

«No puedo decir que no hay comunidad de forma tajante, porque en grupos de apoyo que se desarrollaron el año pasado las personas Lgbti+ se asistían entre ellas. Al final si hay un sentimiento de comunidad porque nos sentimos identificados con las vivencias de otros», añadió. 

Una deuda de derechos

Venezuela se encuentra al final de la lista de los países latinoamericanos que protegen los derechos de la comunidad Lgbt. De acuerdo con expertos, la principal deuda se resume en tres puntos fundamentales: 

🏳️‍🌈 Una ley que proteja

Quiteria Franco afirma que en el país no existe una ley clara sobre los tipos de discriminación, que proteja de forma efectiva a las personas Lgbti+. 

«Lo que sugiere Naciones Unidas es una ley amplia e integral contra todo tipo de discriminación. No tenemos establecido lo que constituye la discriminación, cómo se expresa, cómo prevenirla y, lo más importante, cómo sancionarla», dijo. 

Insistió en que al no tener un documento legal que tipifique los tipos de delitos en los que ocurre una persona al discriminar a otra por su orientación sexual o expresión de género, la víctima no sabe qué es lo que puede denunciar. Agregó que eso también impide que cualquier institución del Estado pueda iniciar un proceso. 

Por orto lado, Tamara Adrián alegó que la llamada Ley contra el Odio funciona como marco legal contra la discriminación hacia personas, pero es utilizada casi en su totalidad con motivos políticos. 

«En esa ley constitucional se penalizan los mensajes de odio y los crímenes de odio, pero se aplica a los opositores que mandan mensajes por Twitter», explicó Adrián. Agregó que los artículos 20 y 21 establecen las penas para aquellos que fomenten, promuevan o inciten al odio, discriminación o violencia, en razón a su orientación sexual, identidad de género o de expresión de género, entre otros motivos. 

🏳️‍🌈 El matrimonio debe ser para todos

En febrero de este año, Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria, recordó que en 2015 la ONG solicitó la nulidad parcial del artículo 44 del Código Civil venezolano, por considerarlo discriminatorio al establecer que «el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer», lo que contradice el principio de igualdad registrado en la Constitución.

El 28 de abril de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda. No obstante, el matrimonio civil igualitario es todavía una de las principales solicitudes de las personas Lgbti+ en Venezuela. Hay siete años de retardo procesal y aún no se vislumbra cuál será el fallo en el futuro.

El único hito en la última década fue el anuncio de un Pacto Civil de Solidaridad (Pacs) por el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, en el estado Anzoátegui. A raíz de ello, tres parejas del mismo sexo formalizaron una unión en marzo de 2022 en el municipio.

Si bien el hecho fue celebrado por varias organizaciones, expertos afirman que la validez de este tipo de contrato es más bien simbólica y que se requiere que la legislación venezolana apruebe una normativa que permita que personas Lgbti+ puedan casarse y que proteja a estos matrimonios.

🏳️‍🌈 Una lucha por la identidad

Tamara Adrián asegura que Venezuela sigue siendo un país intolerante cuando se trata del derecho a la identidad de las personas trans, por lo que este se mantiene como otra de las principales exigencias. 

Recordó que Venezuela fue la primera nación de la región, entre 1977 y 1998, en reconocer la identidad de los transexuales con los estándares de la época (luego de operaciones de adecuación genital y presentación de informes psiquiátricos). En ese período de tiempo se aprobaron al menos 150 cambios. Sin embargo, luego de la Asamblea Constituyente de 1999 el país ha retrocedido en el tema.

«Empezaron a negar las pocas solicitudes de reconocimiento judicial. En el año 2008 se procuró incorporar en la Ley Orgánica de Registro Civil el reconocimiento de la identidad de las personas trans: nombre y sexo. La Comisión de Política Interior ante la cuál hicimos esa propuesta la echó a la basura. Si la hubiesen aprobado, Venezuela habría sido el primer país de América Latina en reconocer la identidad de las personas trans sin requisitos patologizantes. Luego lo hizo Argentina en 2012», expresó. 

En 2009, el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil (Lorc) fue modificado para permitir a las personas transgénero el cambio de nombre. No obstante, Adrian explica que la presión de grupos religiosos evangélicos y la indiferencia del Estado han causado que las solicitudes de integrantes Lgbti+ no se oficialicen. 

«Al momento de entrar en vigencia de la ley en 2010, tres de los cinco rectores del CNE eran evangélicas. El director custodial del registro civil, Alejandro Herrera, era del Opus Dei. Y a los registradores les dijeron que no se atrevieran a recibir una solicitud de una persona trans. La intolerancia continúa», dijo Adrian. 

“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

Artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

Avances lentos 

«Luego de las demandas más visibles, Hay un tema de acceso a servicio de salud, especialmente la población trans; hay un tema de la prevención y respuesta ante el acoso escolar que además deja unos indices suicidas importantes en jóvenes Lgbtiq que todavía no se ha atendido», comentó Velázquez. 

Expresó que es indispensable que existan programas de atención humanitaria diferenciados, con enfoque Lgbt y que el Estado responda, debido a que es su responsabilidad garantizar los derechos a toda la población por igual.

«La verdad, avances resaltantes que logren cambios en la vida de la gente no ha habido. Al final, en los últimos años se ha mencionado el tema de la orientación sexual, identidad y expresión de género en algunas leyes, pero no hay mecanismos efectivos para que esto se cumpla. No hay avance en políticas públicas o legislación. Seguimos siendo los últimos en la región», puntualizó. 

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