Más de 40 organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela exigieron la liberación de Anthony Molina, quien desde los cinco años de edad tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual grave y discapacidad psicosocial leve.
El Eje De Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Punto Fijo, en el estado Falcón, detuvo a Molina hace tres años y medio presuntamente por el delito de homicidio intencional, causa, que actualmente se encuentra en fase de juicio.
La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) y demás organizaciones que suscribieron el comunicado, con fecha del 7 de septiembre, resaltaron que su condición de salud mental, debidamente comprobada durante todo el proceso en su contra, cada de vez se deteriora más.
Expusieron que el joven Anthony Molina llegó al punto de “no estar ubicado en tiempo y espacio”, por lo que no puede defenderse por sí mismo. Exigieron su pronta liberación y afirmaron que nunca debieron imputarlo.
Denuncias de torturas y tratos crueles
El 4 de febrero de 2017, relató la ONG Provea, Anthony Molina habría regresado golpeado a su casa a las 2:00 a.m. en compañía de funcionarios del Cicpc, quienes en ese momento lo detuvieron por estar presuntamente involucrado en un presunto homicidio.
Esa noche, Anthony se encontraba en una casa vecina muy cercana a su hogar. En ese lugar se celebraba un cumpleaños de un conocido. En la fiesta mataron a un joven llamado Jhonny.
Según la información que recabó la organización, testigos principales recibieron amenazas por retratar a otro culpable. Una segunda personas señalada como autora del homicidio posteriormente salió de Venezuela.
El pasado mes de julio familiares de Molina denunciaron a Provea que el joven era víctima de torturas con descargas eléctricas y se encontraba en condiciones inhumanas. Relataron que dormía en el piso y hacía sus necesidades fisiológicas en bolsas.
Debido a la cuarentena por el COVID-19, la madre de Anthony pasó dos meses sin poder verlo. Al lograr visitarlo indicaron que estaba “muy demacrado y desnutrido”.
“Las autoridades han sido indiferentes ante su condición y no han aplicado trato especializado que prevé la Ley…”, expresó la organización.
Mencionaron que en la evaluación psiquiátrica forense (tras la detención), se recomendó trasladar a Anthony a un centro de salud y referirlo a un neurólogo y a un psiquiatra. Hasta julio 2020 esto no ha sido cumplido”, dijeron en su página web.
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los Tribunales y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) no han dado respuestas a los escritos que les enviaron solicitando una medida humanitaria y una sensibilización con el caso, pero no han obtenido respuestas.
Garantía de sus derechos
“Desde aquí hacemos un llamado al Estado Venezolano a cumplir el mandato constitucional de velar y hacer valer a toda persona sin discriminación alguna sus Derechos Humanos, exhortamos a garantizar a este joven con discapacidad sus derechos contemplados en la Constitución, como el derecho a la defensa y al debido proceso“, refiere el comunicado de este 7 de septiembre suscrito por más de 40 organizaciones.
Exigieron “igualdad de condiciones ante la ley, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 13 acceso a la justicia, artículo 14 derecho a la libertad y seguridad personal, artículo 28 nivel de vida adecuado y protección social y artículo 62 del Código Penal Venezolano que dispone la inimputabilidad en personas con enfermedad mental”.
Foto: La Voz de Falcón