El consejo de ancianos pemones de Kumarakapay, en el estado Bolívar, celebró el juicio contra los miembros de esta etnia que estuvieron implicados en el asalto de dos cuarteles militares en la Gran Sabana en diciembre de 2019.
Para el coordinador nacional de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz, este es un hecho «inédito», en el que se celebra un proceso siguiendo los usos y costumbres de los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución de Venezuela.
«Con éxito se llevó a cabo el 1er juicio indígena en el sector VI Akurimö, donde fueron escuchados y sancionados de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo #pemon los miembros de #Kumarakapay quienes se les acusa de presuntamente estar incursos en los hechos del 22/12/19″, dijo Ortiz en su cuenta Twitter.
Este caso en el que la jurisdicción civil acusó y apresó a 13 indígenas, el gobierno de Maduro lo bautizó como la operación Aurora. En principio los detuvieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar, pero después los trasladaron a la cárcel de El Rodeo II, en el estado Miranda.
Allí estuvieron presos por casi un año, en condiciones que cuestionaron grupos de derechos humanos. Incluso uno de esos indígenas, Salvador Franco, murió en prisión sin recibir atención médica y pese a la orden de un tribunal que pidió se le brindara asistencia.
Su deceso se produjo el 3 de enero de 2021. Franco tenía tuberculosis, pero al no recibir medicamentos sufrió de un edema cerebral y shock séptico.
Los indígenas que fueron juzgados por el concejo de ancianos fueron Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
Este juicio se celebró, según explicó Ortiz, después de que recibieron medidas cautelares de los tribunales civiles que llevaban la causa, con los que se acordó que serían juzgados bajo sus usos y costumbres.
Según la versión oficial el 22 de diciembre de 2019 hubo un ataque contra el Batallón 513 Mariano Montilla, en el municipio Gran Sabana, donde un grupo de pemones sustrajeron fusiles, municiones y dos vehículos, además de secuestrar a tres militares.
Además, en San Francisco de Yuruaní asaltaron el parque de armas de un comando policial, también en Kumarakapay.
Tras su detención, el Foro Penal denunció que los desaparecieron forzosamente, además de ser víctimas de torturas y tratos crueles por parte de funcionarios de la Dgcim.
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El consejo de ancianos pemones de Kumarakapay, en el estado Bolívar, celebró el juicio contra los miembros de esta etnia que estuvieron implicados en el asalto de dos cuarteles militares en la Gran Sabana en diciembre de 2019.
Para el coordinador nacional de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz, este es un hecho «inédito», en el que se celebra un proceso siguiendo los usos y costumbres de los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución de Venezuela.
«Con éxito se llevó a cabo el 1er juicio indígena en el sector VI Akurimö, donde fueron escuchados y sancionados de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo #pemon los miembros de #Kumarakapay quienes se les acusa de presuntamente estar incursos en los hechos del 22/12/19″, dijo Ortiz en su cuenta Twitter.
Este caso en el que la jurisdicción civil acusó y apresó a 13 indígenas, el gobierno de Maduro lo bautizó como la operación Aurora. En principio los detuvieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar, pero después los trasladaron a la cárcel de El Rodeo II, en el estado Miranda.
Allí estuvieron presos por casi un año, en condiciones que cuestionaron grupos de derechos humanos. Incluso uno de esos indígenas, Salvador Franco, murió en prisión sin recibir atención médica y pese a la orden de un tribunal que pidió se le brindara asistencia.
Su deceso se produjo el 3 de enero de 2021. Franco tenía tuberculosis, pero al no recibir medicamentos sufrió de un edema cerebral y shock séptico.
Los indígenas que fueron juzgados por el concejo de ancianos fueron Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
Este juicio se celebró, según explicó Ortiz, después de que recibieron medidas cautelares de los tribunales civiles que llevaban la causa, con los que se acordó que serían juzgados bajo sus usos y costumbres.
Según la versión oficial el 22 de diciembre de 2019 hubo un ataque contra el Batallón 513 Mariano Montilla, en el municipio Gran Sabana, donde un grupo de pemones sustrajeron fusiles, municiones y dos vehículos, además de secuestrar a tres militares.
Además, en San Francisco de Yuruaní asaltaron el parque de armas de un comando policial, también en Kumarakapay.
Tras su detención, el Foro Penal denunció que los desaparecieron forzosamente, además de ser víctimas de torturas y tratos crueles por parte de funcionarios de la Dgcim.